Por Alejandra Del Río Ávila
Hay momentos en la vida democrática de un país en los que guardar silencio comienza a parecerse demasiado a la resignación y nos acerca a la derrota.
Por eso considero relevante la decisión anunciada por el senador Alejandro Moreno de llevar a instancias internacionales su inconformidad con actuaciones de integrantes del Instituto Nacional Electoral y solicitar que sean revisadas incluso bajo mecanismos como la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act de Estados Unidos, llamado así en honor de Sergei Magnitsky, quien murio en una prision rusa despues de haber denunciado corrupción, este “acto” permite al gobierno norteamericano, castigar a personas extranjeras por abusos graves de derechos humanos o corrupción, bloquear propiedades y cuentas bancarias en los Estados Unidos, cancelación de visados y restricciones para que puedan hacer negocios con ciudadanos norteamericanos.
Que quede claro desde el principio: presentar una denuncia no significa que las personas señaladas sean culpables, ni que automáticamente se configuren los supuestos necesarios para una sanción. Eso deberá determinarlo, en su caso, la autoridad competente.
Pero el derecho a denunciar, impugnar y solicitar escrutinio internacional también forma parte de una democracia.
Y en un México donde la discusión sobre los límites de la libertad de expresión, el papel de los órganos autónomos y la fortaleza de los contrapesos institucionales se ha vuelto cada vez más intensa, utilizar todas las vías legales disponibles no debería escandalizarnos, debería preocuparnos más que esas vías llegaran a ser necesarias.
La democracia también se defiende afuera, durante décadas México recurrió a organismos internacionales para denunciar violaciones a derechos humanos, desapariciones, tortura, violencia contra periodistas, abusos de autoridad y deficiencias del sistema de justicia.
Celebramos muchas veces que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, Naciones Unidas y otras instituciones pusieran los ojos sobre nuestro país.
¿Por qué entonces habría de parecernos inadmisible que un actor político acuda al exterior cuando considera vulnerados sus derechos?
Los derechos humanos no pierden su carácter universal dependiendo de quién los invoque, Alejandro Moreno ha anunciado que, además de recurrir a las instancias jurisdiccionales mexicanas, buscará otras vías internacionales la Corte Internacional de la Haya entre ellas. Y existe un punto de su posicionamiento que merece ser tomado con absoluta seriedad: “la libertad de expresión merece una defensa firme”.
En eso coincido puntualmente, porque una democracia no se mide por la libertad que tiene quien gobierna para hablar, se mide por la libertad que conserva quien lo critica.
El debate adquiere otra dimensión porque Estados Unidos ha demostrado que está dispuesto a utilizar instrumentos extraordinarios cuando considera que determinadas autoridades extranjeras han incurrido en conductas suficientemente graves y eso parece que si les importa a los políticos morenistas, después de una avalancha de visas revocadas entre sus cuadros.
El caso brasileño de Alexandre de Moraes abrió precisamente una discusión internacional sobre hasta dónde puede llegar Washington en la utilización de sanciones y restricciones migratorias frente a actuaciones de funcionarios de otros países.
Podemos debatir la pertinencia jurídica de comparar un caso con otro, pero resulta difícil sostener que los funcionarios públicos mexicanos deban encontrarse completamente al margen del escrutinio internacional simplemente porque sus decisiones se producen dentro de nuestras fronteras.
En un mundo globalizado, el poder también tiene consecuencias globales y quien ejerce una función pública debe entender que sus decisiones pueden ser revisadas, cuestionadas e impugnadas.
El INE no puede convertirse en árbitro del lenguaje político, México necesita un Instituto Nacional Electoral fuerte, independiente y respetado, precisamente por eso debemos exigirle más. Un árbitro electoral pierde autoridad cuando comienza a ser percibido por una parte relevante de la sociedad como participante del juego político.
El INE debe garantizar elecciones, legalidad, equidad y derechos políticos. Pero debe tener un enorme cuidado cuando sus resoluciones entran en el territorio de determinar qué expresiones pueden utilizar los adversarios para describirse unos a otros, el lenguaje político es, por naturaleza, incómodo, exagerado, provocador y muchas veces brutal.
La libertad de expresión no existe para proteger únicamente las palabras educadas, existe, sobre todo, para proteger aquellas que incomodan al poder.
Naturalmente existen límites constitucionales y legales, corresponde a los tribunales determinar cuándo se rebasan, pero transformar las instituciones electorales en policías permanentes del discurso político sería un precedente profundamente peligroso.
Hoy puede afectar al PRI, mañana terminará afectando a cualquier partido, periodista, candidato, activista o ciudadano.
Internacionalizar no es traicionar, ya estoy escuchando el argumento de traición a la patria de la Presidenta, la perorata de que recurrir a Washington para cuestionar decisiones de autoridades mexicanas constituye una intromisión extranjera, perdón pero yo no comparto esa visión.
México ha suscrito tratados internacionales, reconoce jurisdicciones supranacionales en materia de derechos humanos y durante décadas ha aceptado que determinadas conductas del Estado mexicano sean observadas desde el exterior. No podemos defender la internacionalización de los derechos humanos solamente cuando nos resulta políticamente conveniente.
Si una persona considera que las instituciones nacionales no protegieron adecuadamente sus derechos y existen mecanismos internacionales legalmente establecidos a los que puede acudir, tiene derecho a utilizarlos.
Después serán esas instituciones las que determinen si existe fundamento, eso también se llama Estado de derecho.
Lo verdaderamente importante es preguntarnos qué clase de democracia queremos conservar, una en la que los ciudadanos puedan cuestionar al gobierno, una en la que los periodistas puedan investigar, una en la que la oposición pueda denunciar, una en la que los organismos electorales sean árbitros y no protagonistas y una en la que ningún funcionario público pueda asumir que sus decisiones están exentas de revisión.
Por eso estoy a favor de agotar las vías nacionales e internacionales disponibles cuando alguien considere que una autoridad ha vulnerado derechos fundamentales, no porque una denuncia convierta automáticamente al denunciante en dueño de la verdad, sino porque el poder sin vigilancia siempre termina creyéndose intocable.
Lo verdaderamente preocupante sería construir un México donde cuestionar al poder tenga consecuencias, pero ejercerlo arbitrariamente no.
Porque cuando un gobierno, un partido o una institución comienza a decidir qué críticas son tolerables y cuáles deben desaparecer, la discusión deja de ser sobre una frase, un tuit o una resolución electoral.
Empieza a ser sobre algo mucho más grande: quién tiene derecho a hablar y quién tiene el poder de hacerlo callar. Y esa batalla, venga de donde venga el intento de censura, vale la pena darla.
