Por Alejandra del Río
Crítica y Razón
Rubén Rocha Moya necesitó únicamente 33 horas para demostrar que en la política mexicana todavía hay quienes confunden el mandato popular con una propiedad privada y el poder con un refugio frente a la justicia.
Después de permanecer 112 días con licencia, bajo investigación de la Fiscalía General de la República y acusado por autoridades estadounidenses de presuntamente colaborar con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, Rocha Moya decidió regresar a la gubernatura como si nada hubiera pasado.
Volvió el pasado viernes por la mañana proclamando que no existían elementos suficientes para responsabilizarlo de delito alguno, pero el sábado por la tarde ya estaba solicitando nuevamente licencia indefinida, el gustito le duró apenas 33 horas.
No fue un regreso institucional, fue un desafío político; Rocha no avisó a la presidenta Claudia Sheinbaum, no obtuvo el respaldo del Gobierno federal ni consultó a la dirigencia de Morena, según la propia mandataria, ella se enteró por la publicación que hizo el gobernador en redes sociales. Su respuesta posterior fue contundente: el retorno no le parecía “pertinente, por decir lo menos”. También dejó claro que quien sea designado por el Congreso de Sinaloa debería permanecer hasta la conclusión del periodo constitucional en 2027, traducción: -De regresar nada si me haces favor-.
La Secretaría de Gobernación se apresuró a deslindar al Gobierno federal, publicaron que la reincorporación de Rocha respondía exclusivamente a una decisión personal. Morena hizo lo mismo, diputados, senadores y gobernadores oficialistas cerraron filas en torno a Sheinbaum y dejaron completamente solo al sinaloense, cabe mencionar que a nadie se le olvida como hace 111 días los mismos diputados coreaban en el pleno de la Cámara un “No estas solo” apoyando al mismo gobernador… Las lealtades en Morena por lo visto no son nada longevas.
La presidenta no necesitó mencionar su nombre para enviarle un mensaje inequívoco: “El poder sin principios se vuelve arrogancia” y ningún interés personal puede colocarse por encima del pueblo o de la nación.
Y colorín colorado, el prometido regreso había terminado, Rocha entendió finalmente que la puerta se había cerrado. Horas después volvió a solicitar licencia y repitió, casi palabra por palabra, la línea presidencial: “Sinaloa, la nación y el movimiento de transformación están por encima de todo”.
La pregunta obligada es: si verdaderamente creía que tenía las condiciones jurídicas, políticas y morales para gobernar, ¿por qué se retiró apenas 33 horas después? Y si sabía que las investigaciones continuaban abiertas, ¿por qué intentó regresar?, por allí hay quien asegura que fué orden directa de López Obrador, quien podría haber querido generar una nueva cortina de humo en torno a su hijito incomodo y el asunto de la visa americana, pero eso está solo en el terreno de la especulación.
Su breve retorno no fortaleció su presunción de inocencia, por el contrario, dejó la impresión de que buscaba recuperar el control político, institucional y posiblemente jurídico que proporciona la gubernatura, en pocas palabras… le entro un terrible miedo a que lo entregaran a los americanos y le urgía el fuero constitucional, para no terminar con pijamita anaranjada.
En medio de esta crisis aparece la postura de Terrance Cole, director de la DEA, quien desde mayo advirtió ante el Senado estadounidense que el caso Rocha Moya era “sólo el comienzo de lo que está por venir en México”.
Cole fue todavía más allá. Afirmó que durante años narcotraficantes y altos funcionarios mexicanos han compartido intereses y que quienes ayudan, protegen o facilitan las operaciones de los cárteles son igualmente responsables de las muertes ocasionadas por las drogas en Estados Unidos. En julio habló incluso de una “conexión mortífera” entre redes criminales y sectores del Gobierno mexicano y como Christopher Landau, nos mandó a comprar palomitas, por que dejó el asunto en puntos suspensivos.
Las suyas son afirmaciones gravísimas que no pueden aceptarse sin pruebas, pero tampoco pueden despacharse simplemente con un discurso sobre soberanía.
Claudia Sheinbaum ha calificado las declaraciones del director de la DEA como desafortunadas, políticas y carentes de sustento. Ha exigido evidencias claras antes de proceder contra Rocha y ha defendido que cualquier colaboración bilateral se realice con respeto al territorio y a las instituciones mexicanas.
Si bien hay que decir que Rocha Moya conserva su derecho a la presunción de inocencia, habría que volver a aclarles a los Morenistas que la soberanía no significa encubrimiento.
Defender a México no consiste en proteger a un gobernador acusado, sino en garantizar que sea investigado con independencia, profundidad y transparencia. La mejor respuesta a la DEA no son los discursos nacionalistas; son las investigaciones creíbles, los expedientes sólidos y las resoluciones judiciales que no respondan a intereses partidistas.
Mientras tanto la opinión pública empieza a externar la gran desconfianza que siente ya ante las disparatadas acciones de los Morenistas, la cartita de Andy a Trump, el arranque de Rocha y tantas otras cosas que parecen no tener ni pies ni cabeza, han generado una gran desconfianza, también construída por años de impunidad, investigaciones selectivas, carpetas congeladas, complicidades políticas y fiscalías que parecen avanzar o detenerse dependiendo del nombre y del partido de la persona investigada.
La reversa forzada de Rocha, no resuelve el problema, sólo evita que la crisis continúe instalada dentro del despacho del gobernador. Ahora corresponde a la FGR explicar con claridad qué investiga, qué información ha recibido de Estados Unidos y por qué, después de varios meses, no existe una conclusión pública. También corresponde a Washington entregar las pruebas que sustenten sus acusaciones y someterlas a los procedimientos legales correspondientes.
Ni culpabilidad anticipada ni impunidad pactada, el fugaz retorno de Rocha Moya, exhibió la fractura dentro del oficialismo, el “Sisma” que declaró Monreal que sucede en las filas de Morena.
Pero también mostró a una Claudia Sheinbaum sin control sobre los estados, sin información, ni inteligencia hacia dentro de las redes del poder, incluso dentro de su propio partido y por primera vez en su Gobierno, al quedar exhibida su falta de autoridad, no le quedó otra alternativa que marcar distancia frente a un personaje que puede convertirse en un lastre político para su gobierno.
El poder sin principios se vuelve arrogancia, dijo la presidenta, es verdad, ojalá y eso lo hubiera pensado antes de someter al Poder Judicial, porque el poder sin justicia se convierte en complicidad y el poder que sólo actúa cuando la presión política resulta insoportable, no es autoridad, se llama control de daños.
Las 33 horas de Rocha Moya no aclararon su situación jurídica. Lo que sí dejaron claro es que el caso está muy lejos de terminar. Y si Terry Cole cumple su advertencia, esto… apenas comienza.
