Por José Alberto Sánchez Nava
“México tiene razón en las cifras, pero la realidad las desmiente. The Economist y Hacienda discuten sobre bonos; la Constitución y los ciudadanos discuten sobre derechos. La estabilidad financiera es el espejismo; el Estado de derecho es el territorio que se erosiona.”
I. El contexto del debate
El pasado 3 de septiembre, The Economist publicó un artículo titulado “Mexico is struggling to win over bond markets”, en el que advertía que el país enfrenta dificultades para convencer a los inversionistas de deuda. El diagnóstico era severo: México paga 6.4% por sus bonos en dólares a diez años —una tasa superior a la de países con calificación de chatarra como Guatemala— y 9.3% por sus bonos en pesos, frente al 8.5% de octubre anterior. Dos agencias calificadoras habían reducido la deuda mexicana a un escalón por encima del grado de inversión, y una tercera, Fitch, ya la califica apenas como grado de inversión. El presupuesto de 2027, que el gobierno debe presentar el 8 de septiembre, se perfila como una prueba de fuego.
Tres días después, el 6 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) respondió con un comunicado en el que calificó el artículo como una “lectura selectiva y, en varios aspectos, desactualizada” de los datos. La dependencia sostuvo que, “considerando el panorama completo, la evidencia apunta a un emisor soberano que mantiene el grado de inversión en todos los casos, cuyo premio de riesgo relativo se ha reducido en lugar de ampliarse, cuya consolidación fiscal avanza a una escala no observada en décadas y cuyo sector externo está alcanzando niveles récord”.
Entre la advertencia del semanario británico y la réplica de Hacienda se ha tendido un puente de cifras. Pero la pregunta que este columnista se formula no es únicamente cuál de las dos lecturas es más precisa en términos contables, sino qué está en juego para el Estado constitucional de derecho cuando el debate público se reduce a una disputa técnica entre especialistas, mientras la realidad cotidiana de los mexicanos —la falta de medicinas, la inseguridad, la erosión de las instituciones— queda al margen de la discusión.
II. El artículo de The Economist: ¿diagnóstico o alerta?
El artículo de The Economist no es un texto menor. La publicación, reconocida por su rigor y su influencia en los mercados financieros globales, centró su crítica en tres puntos fundamentales:
Primero, el costo del endeudamiento. México paga tasas de interés elevadas en comparación con otros países emergentes, lo que refleja una desconfianza creciente de los inversionistas.
Segundo, la fragilidad fiscal. El semanario señala que el déficit público se mantiene en niveles elevados y que el presupuesto de 2027 será determinante para evitar una pérdida del grado de inversión.
Tercero, la incertidumbre estructural. Factores como el futuro del T-MEC —ante la negativa de Estados Unidos a renovarlo— y las reformas internas del gobierno federal generan un entorno de riesgo que los mercados descuentan en las tasas de interés.
El artículo concluye que México probablemente evitará perder el grado de inversión “gracias al volumen y diversificación de su economía”, pero advierte que los mercados de bonos seguirán exigiendo señales claras antes de moderar las tasas. No es un pronóstico apocalíptico, sino una llamada de atención.
III. La respuesta de Hacienda: el arte de la refutación técnica
La SHCP desplegó un arsenal de argumentos técnicos que, en su propio terreno, resultan difíciles de rebatir:
En materia de calificación crediticia, Hacienda precisó que México es calificado con grado de inversión por las ocho agencias que evalúan su deuda soberana: Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch, Morningstar DBRS, Kroll Bond Rating Agency, Japan Credit Rating, Rating and Investment Information y HR Ratings. Siete de ellas mantienen una perspectiva estable, y únicamente S&P tiene perspectiva negativa. La mayoría ubica la deuda mexicana uno o más niveles por encima del umbral de grado de inversión.
En materia de rendimientos, la dependencia señaló que citar niveles absolutos de manera aislada es un punto de referencia incompleto, pues los rendimientos han aumentado a nivel mundial. El diferencial de los bonos mexicanos frente a los del Tesoro estadounidense se redujo de 193 puntos base en septiembre de 2024 a 170 puntos base actualmente. El rendimiento del bono a 10 años en pesos es ocho puntos base menor que al inicio del gobierno de la presidenta Sheinbaum, y los CDS soberanos a cinco años (el costo de asegurar la deuda del país contra un impago), han caído de 310 puntos base en abril de 2020 a 80 puntos base en la actualidad.
En materia fiscal, Hacienda objetó que el artículo se base en información que llega únicamente hasta 2024. El déficit fiscal se redujo a 4.3% del PIB al cierre de 2025 —una disminución de 1.5 puntos porcentuales en un solo año, una de las consolidaciones fiscales más rápidas en décadas— y la meta para 2026 es reducirlo a 4.1%. En cuanto a la deuda, la cifra de 63% del PIB citada por el artículo no corresponde a la métrica estándar del mercado; la deuda pública neta disminuyó de 51.9% del PIB en 2024 a 51.5% en julio de 2026.
En materia de inversión, la SHCP refutó la afirmación de una trayectoria descendente. La referencia a una caída de la inversión durante 19 meses omite los datos posteriores a marzo de 2026. La inversión fija bruta creció 5.3% en abril, 2.4% en mayo y 5.9% en junio —el mayor crecimiento desde julio de 2024, impulsado por la construcción y la inversión pública.
En materia de nearshoring, la dependencia calificó como una “inexactitud” la afirmación de que las expectativas se han debilitado. Las exportaciones mexicanas de bienes se encuentran en máximos históricos, con ventas a Estados Unidos que representan el 83% del total durante 2026. Entre enero y julio de 2026, las exportaciones alcanzaron 471.4 mil millones de dólares, el monto más alto registrado para el periodo.
IV. La brecha entre las cifras y la realidad constitucional
Hasta aquí, el lector podría concluir que Hacienda ha ganado el debate técnico. Los datos son contundentes y refutan, punto por punto, el diagnóstico del semanario británico. Pero este columnista sostiene que el debate no debe zanjarse en el terreno de las cifras, porque las cifras, por sí mismas, no agotan la realidad de un Estado.
La pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿qué significa que México mantenga el grado de inversión, que su diferencial de riesgo se haya comprimido y que sus exportaciones estén en máximos históricos, cuando al mismo tiempo el sistema de salud pública está colapsado, la inseguridad institucionalizada asfixia a las microempresas y el Poder Judicial ha sido reformado para someterlo a la lógica electoral?
El artículo 25 de la Constitución establece que “corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático”. Integral significa que el desarrollo no puede medirse únicamente por el comportamiento de los bonos soberanos o el diferencial de los CDS (Credit Default Swaps (en español, Permutas de Incumplimiento Crediticio). Sustentable significa que no puede hipotecarse el futuro en aras de la estabilidad financiera de corto plazo.
La SHCP tiene razón en que el país no está al borde de una crisis de deuda. Pero The Economist también tiene razón en que algo no funciona. El hecho de que un país pague tasas de interés superiores a las de naciones con calificación de chatarra, como Guatemala, no es un dato menor. Refleja que los mercados perciben riesgos que van más allá de la consolidación fiscal: riesgos institucionales, jurídicos y de gobernabilidad que ninguna agencia calificadora captura en su totalidad.
V. La crisis que las cifras no reflejan
El análisis que he desarrollado en colaboraciones anteriores —y que el lector encontrará en los archivos de esta columna— ha documentado con detalle los siguientes fenómenos:
El desabasto de medicamentos y el colapso de la infraestructura hospitalaria, que constituyen una violación masiva y sistemática del derecho a la protección de la salud consagrado en el artículo 4° constitucional. La cadena de suministro de medicamentos ha sido destruida por los constantes cambios de ventanilla —desde el INSABI hasta la megafarmacia y el IMSS-Bienestar—, y los hospitales civiles y de especialidades sufren un deterioro físico que los hace insuficientes para atender las necesidades de la población.
La erosión de los contrapesos institucionales, mediante la desaparición de organismos autónomos como el INAI, la Cofece, el IFT y el Coneval, que fueron sustraídos del control discrecional del Ejecutivo precisamente para garantizar la transparencia, la competencia y la evaluación imparcial de las políticas públicas.
La reforma al Poder Judicial, que somete a los jueces y ministros a la lógica electoral y debilita la certeza jurídica que requieren las inversiones a largo plazo y, lo que es más grave, desprotege al ciudadano frente al poder público.
La inseguridad institucionalizada, que impone un costo operativo oculto —el “derecho de piso”, la extorsión, el robo de transporte— que destruye el margen de las micro, pequeñas y medianas empresas y limita el verdadero alcance del nearshoring.
Ninguna de estas crisis aparece en los comunicados de la SHCP. Y sin embargo, son ellas las que determinan, en última instancia, la calidad de vida de los mexicanos y el potencial de desarrollo del país.
VI. La paradoja de la estabilidad financiera
La estabilidad financiera que presume Hacienda es, en gran medida, un espejismo que se financia con el deterioro de la calidad de vida de la población. El gobierno ha logrado conservar altos niveles de popularidad política mediante la distribución de dinero en efectivo a través de programas sociales, pero ha dejado desprotegida a la sociedad ante eventos catastróficos de salud; ha desmantelado los organismos autónomos que garantizaban la transparencia y la competencia; ha reformado el Poder Judicial para someterlo a la lógica electoral; y ha permitido que la inseguridad institucionalizada se convierta en un impuesto paralelo que asfixia a la economía real.
La paradoja es cruel y reveladora: el dinero que las familias reciben a través de los programas sociales termina regresando al sector privado para pagar por atención médica, medicamentos y consultas que el Estado está obligado a garantizar de manera gratuita. El “gasto de bolsillo” en salud se ha incrementado de manera alarmante, neutralizando el beneficio económico de las transferencias directas y transfiriendo el costo de la salud pública a los hogares más vulnerables.
VII. Conclusión: el debate que debemos tener
El artículo de The Economist y la respuesta de Hacienda han puesto sobre la mesa un debate que, sin embargo, no es el que realmente necesitamos. No se trata de dirimir quién tiene razón en el terreno de las cifras —aunque, como hemos visto, los datos de Hacienda son sólidos y refutan buena parte del diagnóstico del semanario británico—. Se trata de reconocer que la estabilidad financiera no es un fin en sí misma, sino un medio para garantizar el bienestar de la población.
El Estado mexicano tiene obligaciones constitucionales que van mucho más allá del equilibrio de las variables macroeconómicas. Tiene la obligación de garantizar el derecho a la salud, el derecho a la seguridad pública, el derecho a la certeza jurídica, el derecho a la transparencia y el derecho a un desarrollo integral y sustentable. Cuando estas obligaciones se incumplen de manera sistemática, la estabilidad financiera se convierte en una coartada para la inacción.
Hacienda tiene razón en que México no está al borde de una crisis de deuda. Pero The Economist también tiene razón en que algo no funciona. La pregunta que debemos hacernos no es si los bonos soberanos mantienen su calificación, sino si el Estado mexicano está cumpliendo con su deber constitucional de garantizar el bienestar de los mexicanos. Y en esa pregunta, las cifras no bastan.
