Las redes de facturación simulada provocan una evasión cercana a 1.45 billones de pesos en México, equivalente a casi 27 por ciento de los ingresos tributarios previstos en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2025, según conclusiones elaboradas en la Cámara de Diputados.
El documento fue elaborado por el grupo de trabajo Mejoras al Código Fiscal de la Federación, creado por la Comisión de Hacienda, y señala que las redes involucradas movilizan más de 3.1 billones de pesos.
“Actualmente se calcula que las redes de facturación simulada movilizan más de 3.1 billones de pesos, causando una evasión cercana a 1.45 billones (casi 27% de los ingresos tributarios previstos en la LIF 2025)”.
Ante esta situación, los diputados plantearon impedir que los Gobiernos estatales y municipales contraten empresas factureras, además de dificultar la creación de empresas fantasma y aplicar sanciones más severas a quienes deduzcan operaciones simuladas.
La cifra representa un incremento frente a lo registrado entre 2014 y mediados de 2019, cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó miles de empresas relacionadas con la emisión de comprobantes fiscales falsos.
“Entre 2014 y mediados de 2019 el SAT detectó 8 mil 204 empresas factureras que emitieron 8.8 millones de CFDI falsos por alrededor de 1.6 billones de pesos, con una evasión estimada en 354.5 mil millones (1.4% del PIB)”, detalla el documento.
Las conclusiones también refieren operaciones vinculadas con administraciones estatales y municipales. De acuerdo con el texto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó redes de proveedores fantasmas en al menos 13 entidades federativas, con movimientos por miles de millones de pesos.
“La Auditoría Superior de la Federación ha documentado redes de proveedores fantasmas en al menos 13 estados, con montos facturados exorbitantes (más de 14 mil millones de pesos en servicios públicos y 10 mil millones en obra pública). Este hallazgo indica que la ley federal debe reforzar su articulación con auditorías estatales y municipios, para evitar que recursos federales o estatales se desvíen a empresas fachada”, alerta.
Por ello, el grupo de trabajo consideró prioritario evitar la contratación de factureras por parte de Gobiernos estatales y municipales, así como reforzar la coordinación entre autoridades federales y auditorías locales.
Entre las medidas planteadas está explorar la responsabilidad solidaria de fedatarios públicos que faciliten la constitución de “empresas fantasma” y endurecer las sanciones para los contribuyentes que deduzcan operaciones simuladas.
El documento también identificó pendientes relacionados con los nuevos modelos de negocios digitales. Advirtió que el Código Fiscal de la Federación mantiene conceptos tradicionales, como la presencia física y la fuente de riqueza local, que considera insuficientes ante actividades realizadas mediante plataformas digitales, servicios transfronterizos y criptomonedas.
“La economía global sin fronteras (plataformas en línea, servicios transfronterizos, criptomonedas) ha cuestionado la asignación de potestades tributarias: negocios basados en economía digital pueden evadir impuestos trasladando utilidades a jurisdicciones de baja carga fiscal”, indica.
Según el documento, estas condiciones generan vacíos regulatorios. Como ejemplo, menciona la definición de plataforma extranjera “no establecida”, que puede dificultar el cobro de impuestos a grandes proveedores globales y generar diferencias frente a empresas locales.
