Eduardo Sadot
El humor, cuando se dirige al poder, se convierte en expresión capaz de señalar errores y cuestionar decisiones públicas. Por eso, la llamada “Ley Antimemes” no debería reducirse a discutir si un meme puede utilizar un logotipo oficial. Plantea una pregunta mayor: ¿hasta dónde puede llegar el Estado al regular la sátira política? Por miedo a la crítica e infundir miedo a sus críticos, lo que ni Santa Ana hizo, basta ver las caricaturas en el museo del fuerte de Loreto en Puebla.
El artículo 403 Bis generó preocupación por sanciones para determinados usos comerciales de identidad gráfica, dominios o documentos oficiales cuando pudieran inducir a error o engaño. Las comisiones del Senado modificaron la redacción y establecieron de uno a cinco años de prisión y multas de mil a diez mil UMA para quien, a escala comercial, utilice esos elementos con intención de cometer un ilícito. El dictamen fue aprobado en comisiones; no es aún una ley vigente.
La iniciativa no establece una prohibición general de los memes. Sus defensores sostienen que busca combatir la suplantación de instituciones públicas, los fraudes mediante comunicaciones que aparentan ser oficiales y la protección de la propiedad intelectual.
El problema aparece en otro lugar. Una cosa es utilizar fraudulentamente un logotipo oficial para engañar – además de que ya está regulado – y otra utilizarlo, mediante humor, ironía o sátira, para criticar al gobierno. Confundir ambas conductas sería peligroso. El meme es similar a la caricatura política, pero constituye una forma novedosa de comunicación social y política. Su regulación, cuando alcanza expresiones satíricas o críticas, puede terminar funcionando como un instrumento que limite también a los caricaturistas y a quienes utilizan el humor para cuestionar al poder.
La experiencia internacional demuestra que propiedad intelectual y libertad de expresión pueden conciliarse, mediante figuras como “el fair use”, la parodia y la sátira.
El verdadero peligro está en el efecto inhibidor. Ante una sanción penal percibida como aplicable a una expresión crítica, muchas personas pueden callar antes que enfrentar un proceso. Y en las condiciones actuales de México, con un Ejecutivo acompañado por amplia mayoría legislativa, existe preocupación por el equilibrio efectivo entre poderes. Si además el ciudadano percibe que acudir a los tribunales puede encontrar una justicia oficiosamente dócil frente al poder, la amenaza deja de ser solamente jurídica: se convierte en autocensura.
Una democracia no se prueba por los elogios que tolera el poder, sino por la crítica. El humor político cumple una función social: ridiculiza al poderoso, exhibe contradicciones y permite decir, mediante una imagen, aquello que un discurso solemne quizá no conseguiría expresar.
Un gobernante que no acepta el señalamiento de sus errores termina multiplicando el resentimiento que produce la incapacidad de escuchar.
La protección de los derechos de autor es legítima, como lo es combatir falsificación, fraude y suplantación. Pero ninguna de esas finalidades debe convertirse en pretexto para reducir el espacio de la crítica política.
Porque cuando el ciudadano deja de reírse del poder por miedo a una sanción, el problema ya no es el meme.
El problema es el miedo. Y una sociedad que teme criticar a sus gobernantes comienza a perder algo mucho más importante que la libertad de hacer memes.
sadot16@hotmail.com
Twitter: @eduardosadot
TikTok: eduardosadotoficial
Face: Eduardo.Sadot
