El general en retiro Audomaro Martínez Zapata, exdirector general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), reservó por cinco años su declaración patrimonial y la de los funcionarios de esa institución. Sus bienes no podrán consultarse públicamente sino hasta septiembre de 2029, informó El Universal.
La medida quedó establecida en la resolución CNI/CT/080/24/01, firmada personalmente por Martínez Zapata el 27 de septiembre de 2024, tres días antes de concluir el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y aproximadamente 72 horas antes de dejar el cargo.
El documento señala que la información no estará disponible en Declaranet, plataforma operada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, ni en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT).
Martínez Zapata argumentó que hacer públicas las declaraciones podría “potenciar” riesgos o amenazas contra la seguridad nacional. Según la resolución, integrantes de la delincuencia organizada podrían identificar a los servidores públicos, amenazarlos o extorsionarlos para obtener información privilegiada sobre las operaciones del centro.
La resolución sostiene que existe un “riesgo real” para la vida de los funcionarios y sus familiares, así como un “riesgo demostrable” de que identificar a los servidores públicos permita afectar el sistema de investigación e información del CNI.
De acuerdo con el documento, los funcionarios podrían ser coaccionados para entregar información sensible o inhabilitar acciones desarrolladas por el Centro Nacional de Inteligencia. También advierte que grupos delictivos podrían emprender acciones ilícitas en su contra al conocer sus datos patrimoniales.
Excomisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales cuestionaron la reserva. Adrián Alcalá Méndez, último comisionado presidente del Inai, señaló que la causal puede estar prevista en la ley, pero consideró insuficiente la justificación para clasificar la información.
Julieta del Río Venegas, excomisionada del Inai, afirmó que las declaraciones patrimoniales no deberían reservarse únicamente por pertenecer a una institución de seguridad, pues existe la posibilidad de elaborar una versión pública conforme a la Ley de Transparencia.
Martínez Zapata también sostuvo que el derecho de acceso a la información “no es absoluto” y que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública contempla excepciones, entre ellas la reserva aplicada en este caso.
