¿Brugada nos salvará del ‘predialazo’ federal?

Mensaje Político

Alejandro Lelo de Larrea

De entrada, no hay razón para dudar que la jefa de Gobierno, Clara Brugada cumpla el compromiso que asumió ante el Congreso capitalino, al rendir su Segundo Informe de Gobierno: “No habrá predialazo”, expresó de manera contundente.

Sin embargo, para hacerlo efectivo, Brugada y la mayoría de Morena en el Congreso de la Ciudad de México tendrán que encontrar la manera de esquivar la nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, ya en manos de la presidenta Claudia Sheinbaum para su publicación e inmediata entrada en vigor. Dos preceptos en ese nuevo ordenamiento elevarán el monto del impuesto predial a todos los mexicanos, sin excepción, de manera progresiva, según el valor de sus propiedades.

El primero: si una vivienda tenía 100 metros de construcción y con el paso de los años aumentó el espacio edificado, a la hora de actualizar en el catastro su valor habrá aumentado y por lo tanto el monto del predial a pagar, porque éste se calcula con un porcentaje del valor más una fórmula de progresividad.

El segundo punto es que el cálculo del predial ya no se hará con el valor catastral, sino con el comercial, que suele ser mucho más elevado. A partir de información oficial en la CDMX, puede proyectarse que en colonias de baja plusvalía, el valor catastral equivale al 60%-70% del precio comercial; en mediana plusvalía, ronda entre el 40% y el 50%, y en alta plusvalía, es de entre el 30% y el 40%. O sea, el predialazo le va a pegar más a las clases medias y altas, donde no a todos les sobra con qué pagar, pues hay miles de personas a las que se les llama house rich-cash poor, rico en propiedades, pobre en efectivo.

Por tratarse de una Ley General, el Congreso capitalino está obligado a armonizar la legislación local. El artículo Sexto Transitorio de ese nuevo ordenamiento establece: “Los Poderes Legislativos de las Entidades Federativas deberán hacer adecuaciones a su marco legal o emitir la legislación correspondiente con la finalidad de instrumentar el decreto, a más tardar 180 días posteriores a la entrada en vigor del mismo, y prever en sus respectivos Presupuestos y leyes de Egresos, los recursos necesarios para la implementación de la presente Ley”.

El artículo Séptimo Transitorio, establece también un plazo máximo de 180 días “para que las personas titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas y los municipios deberán llevar a cabo las acciones necesarias para la armonización de la normatividad que resulte procedente para el cumplimiento de la presente Ley, sin perjuicio de los plazos y procedimientos previstos en la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y las disposiciones que de ella derivan”.

El artículo Cuarto Transitorio establece un plazo máximo de 30 días hábiles para que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, habilite las plataformas para crear la concentradora de información catastral de las 32 entidades del país, y a partir de ellas la Cédula Única Catastral y Registral para cada inmueble.

Esto es una invasión de la federación en asuntos municipales, porque a este tercer nivel de gobierno le corresponde –al menos todavía, aunque con excepción de la CDMX– determinar el valor catastral para calcular el impuesto predial, cobrarlo y administrarlo. ¿Para qué quiere el Gobierno Federal esa información? ¿Por qué quieren saber quiénes son los dueños de los inmuebles de todas y todos los mexicanos? ¿No es violentar el pacto federal?

Los transitorios de esta nueva Ley General llevan a que, a más tardar a finales de abril del próximo año, un mes de las elecciones, los 32 Congresos hayan consumado el predialazo para sus habitantes, a no ser que le encuentren un recoveco para no afectar a los ciudadanos, lo que sin duda deberá hacer Clara Brugada para consumar su promesa de que no habrá predialazo. Lo veremos.