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Nacional

Proceso señala posible tráfico de influencias en serie de 84 millones ligada a Jesús Ramírez Cuevas

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Una investigación de Proceso señaló posibles conflictos de interés y tráfico de influencias en el financiamiento público de Los años heridos, serie documental en la que Jesús Ramírez Cuevas aparece acreditado como asesor general. La producción recibió 84 millones 118 mil pesos de tres instituciones públicas.

Ramírez Cuevas, exvocero del expresidente Andrés Manuel López Obrador y actual coordinador de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum, figura como asesor general en los ocho capítulos y encabeza los agradecimientos especiales, de acuerdo con la documentación revisada por el medio.

El reportaje, publicado el 3 de noviembre, indicó que la serie fue financiada mediante adjudicaciones directas bajo el argumento de que la empresa contratada contaba con los derechos exclusivos de la obra en que se basa el proyecto.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aportó 60 millones de pesos; Capital 21 destinó 12 millones 760 mil pesos, y Canal Once asignó otros 11 millones 358 mil pesos. Los recursos cubrieron la producción de ocho episodios.

Según la investigación, aunque Ramírez Cuevas no aparece como firmante de los contratos, habría promovido inicialmente el proyecto ante López Obrador y participado posteriormente en gestiones para obtener recursos públicos.

La producción estuvo a cargo de Gravedad Cero Films, empresa fundada por Erwin Neumaier, quien fue director del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie) durante el gobierno de López Obrador. Neumaier trabajó con Ramírez Cuevas en la producción de las conferencias matutinas del entonces presidente.

La serie se basa en el libro Los años heridos, de Fritz Glockner, quien durante la administración anterior fue director de las librerías del Estado. Ramírez Cuevas, Glockner y Neumaier coincidieron como funcionarios durante el sexenio de López Obrador, una circunstancia destacada por el reportaje.

En 2019, cuando era vocero presidencial, Ramírez Cuevas participó en la presentación del libro de Glockner. Posteriormente, el escritor cedió a Gravedad Cero Films la exclusividad de los derechos de la obra, lo que permitió a la compañía obtener los contratos sin procedimientos de licitación abierta.

Las tres instituciones justificaron las adjudicaciones directas al señalar que la productora era la única autorizada para realizar la adaptación audiovisual. En abril de 2024, Capital 21, perteneciente al Sistema de Medios Públicos de la Ciudad de México, contrató a la empresa por 12 millones 760 mil pesos para realizar un programa unitario.

La contratación de Capital 21 ocurrió durante la administración de Martí Batres en la capital del país, a quien el reportaje identifica como cercano a Ramírez Cuevas. Canal Once adjudicó de forma directa 11 millones 358 mil pesos para otro episodio, mientras que la CNDH, encabezada por Rosario Piedra Ibarra, financió los seis capítulos restantes con un contrato de 60 millones de pesos.

Proceso también reportó que el costo de producción de la serie fue entre ocho y 11 veces mayor que el de otros trabajos realizados por Gravedad Cero Films para Canal Once. Los ocho episodios suman 534 minutos y tuvieron un costo promedio aproximado de 157 mil pesos por minuto.

Entre 2019 y 2023, la productora había cobrado a Canal Once entre 14 mil y 20 mil pesos por minuto por otras producciones. La investigación precisó que los proyectos comparados no necesariamente tenían características de producción idénticas.

El reportaje identificó además posibles incumplimientos en los plazos para entregar los capítulos financiados por la CNDH. El convenio establecía que la serie debía estar concluida a más tardar el 31 de diciembre de 2025, pero los primeros registros públicos de los episodios pagados por la Comisión aparecieron hasta agosto de 2026.

El contrato contemplaba una penalización de 3% del monto total por cada día de retraso, equivalente a un millón 800 mil pesos diarios, o la posibilidad de formalizar un convenio modificatorio. Proceso señaló que no encontró información pública para confirmar si se aplicaron sanciones o si las partes modificaron los plazos de entrega.

En el canal de YouTube de la CNDH están disponibles seis videos de la producción, mientras que el séptimo episodio aparece dividido en dos partes. Los primeros dos capítulos, financiados por Capital 21 y Canal Once, no están publicados en ese espacio.

El 26 de octubre, Proceso envió un cuestionario a Ramírez Cuevas para preguntar desde cuándo participaba en el proyecto, si intervino en las gestiones para conseguir recursos públicos y si recibió algún beneficio económico. También solicitó que explicara su relación con Glockner, Neumaier y el administrador de Gravedad Cero Films.

Ramírez Cuevas no respondió al cuestionario, según la publicación. El medio también buscó las posturas de Rosario Piedra Ibarra y de Sergio Muñoz Güemes, administrador de la productora, sin obtener respuesta.

Hasta la información presentada en el reportaje, los señalamientos corresponden a posibles conflictos de interés e irregularidades en las contrataciones, sin que se informe de una resolución judicial que acredite responsabilidades penales o administrativas de los involucrados.

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