INE, otra institución que AMLO mandó al diablo

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FRANCISCO RODRÍGUEZ

Tras su tercera derrota electoral en 2006 –ya llevaba dos en su natal Tabasco, una en 1988 y otra en 1994–, López Obrador pronunció la frase “¡Que se vayan al diablo con sus instituciones!” (a menudo recordada como “Al diablo con las instituciones”). Fue el 1 de septiembre de 2006 en un mitin en el Zócalo de Ciudad de México.

Tal pronunciamiento ocurrió después de las elecciones presidenciales en las que los resultados “haiga sido como haiga sido” favorecieron a Felipe Calderón.

Y AMLO cumplió. A partir de 2019 las instituciones mexicanas se han ido al diablo… o, como en el caso de la Presidencia de la República, él se las llevó a “La Chingada”.

Para AMLO las instituciones, que son un límite legítimo para todos los gobernantes eran un obstáculo que debe desaparecer cuando impide realizar el proyecto del líder.

Hoy el debate de fondo se centra en el INE, institución que de facto se fue al diablo bajo la presidencia de Guadalupe Taddei como títere de Morena.

Y con ella, aquella protesta de AMLO contra el árbitro se convirtió en la facultad de rediseñar el arbitraje.

La institución conservó su nombre, su presupuesto, sus oficinas, hasta cambió sus colores al contentillo, pero perdió la razón que justificaba su existencia.

Veamos los casos de otras instituciones que antecedieron al INE en su camino a la destrucción de los cuatroteros.

La reforma judicial, por ejemplo. La Corta ¿de Justicia, por ejemplo, no es independiente porque tenga ministros aparentemente electos por “el pueblo”; lo es cuando estos pueden resolver contra el gobierno sin que su carrera dependa de complacerlo.

O de la actual integración espuria del Congreso de la Unión: No representa a la sociedad por el número de sus escaños y curules que a las malas haya obtenido Morena, sino por la posibilidad real de debatir, fiscalizar y limitar al Ejecutivo.

En apariencia todo sigue funcionando, pero el margen para decir “no” se estrecha. La legalidad formal y la calidad democrática no son sinónimos, aunque tampoco deban tratarse como enemigos.

Sería un error defender cualquier organismo únicamente porque ya existía. Las instituciones pueden ser opacas, ineficientes o capturadas por intereses particulares. Reformarlas es una facultad democrática y, en ocasiones, una necesidad. La diferencia está en el resultado: una reforma digna de ese nombre debe corregir fallas y ampliar derechos, no sustituir la dependencia de unos grupos por la subordinación a un solo proyecto político.

Tras Lorenzo Córdova, todo se rompió

La llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del organismo abrió un capítulo de controversia. Su cercanía política percibida con el entorno de Morena, las decisiones de su administración y los cuestionamientos sobre su conducción han alimentado las sospechas de quienes consideran que el árbitro electoral está listo para irse al diablo.

Porque, para empezar, una institución electoral no puede darse el lujo de parecer subordinada al gobierno, lo que también vale, por supuesto, para el Tribunal Electoral.

Mucho menos cuando el partido gobernante concentra una enorme fuerza política y tiene la capacidad de influir en las decisiones que determinan el futuro institucional del país.

Hasta que concluyó el mandato de Lorenzo Córdova como consejero presidente del INE éste funcionaba con imparcialidad, pero luego todo se rompió. Se fue al diablo.

Lo que debía ser una institución intocable en materia de imparcialidad terminó convertido en escenario de disputas internas, sospechas de corrupción, cuestionamientos sobre su independencia y una crisis que amenaza con dejar profundas cicatrices en la ahora fallida democracia mexicana.

La presidencia de Taddei Zavala representa uno de los capítulos más controvertidos en la historia reciente del organismo. Su llegada, en abril de 2023, estuvo acompañada de cuestionamientos por sus vínculos familiares y políticos con personajes relacionados con Morena. Aquellas dudas no demostraban por sí mismas una subordinación al oficialismo, pero encendieron las alarmas sobre la independencia que debía caracterizar a la nueva conducción del Instituto.

Con el paso del tiempo, las preocupaciones crecieron.

Morena y los superpoderes de Taddei

Uno de los episodios más reveladores ocurrió en octubre de 2024, cuando legisladores de Morena y sus aliados impulsaron modificaciones legales que ampliaron las facultades de la presidencia del INE para designar titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas sin requerir la aprobación del Consejo General.

No se trató de un asunto menor. El diseño institucional del INE descansa en la colegialidad, los equilibrios y la distribución de responsabilidades. Concentrar facultades administrativas en una sola persona significó alterar esos contrapesos.

La reforma fue cuestionada por consejeros electorales, quienes incluso promovieron una controversia constitucional. Sin embargo, en enero de 2026, la Sumisa Corte del Acordeón declaró improcedente el último recurso contra esos cambios.

La pregunta política permanece: ¿por qué Morena tenía tanto interés en fortalecer las atribuciones de una presidenta cuya independencia ya era motivo de controversia?

El escándalo de las contrataciones

El golpe más severo llegó en octubre de 2026.

Las investigaciones sobre presuntas irregularidades en contratos y relaciones con proveedores tienen colocada a la administración de Taddei en el centro de un escándalo de enormes proporciones.

La Auditoría Superior de la Federación informó que encontró indicios de posibles irregularidades en contrataciones, conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos, por lo que inició una investigación de oficio.

Posteriormente, el Órgano Interno de Control del INE informó sobre expedientes que involucran a funcionarios y exfuncionarios, particulares y empresas proveedoras.

El asunto escaló hasta la Cámara de Diputados. El 31 de octubre se informó que los contratos bajo sospecha alcanzaban casi 2 mil 500 millones de pesos. La dimensión del caso exige explicaciones, responsabilidades y consecuencias.

La institución encargada de vigilar la limpieza de las elecciones no puede permitirse que su propia administración quede envuelta en semejante nube de sospechas.

Y tampoco puede conformarse con ofrecer explicaciones burocráticas mientras se acumulan preguntas sobre quién autorizó los contratos, quién se benefició y quién permitió que los controles internos fallaran.

La renuncia de Taddei no resuelve el problema

El 25 de octubre de 2026, Guadalupe Taddei anunció su renuncia a la presidencia del INE, presionada por las revelaciones relacionadas con presuntos conflictos de interés y contrataciones con proveedores.

Su salida fue un acontecimiento de enorme significado político e institucional.

Sin embargo, sería un error considerar que con su renuncia termina el problema. La responsabilidad administrativa, y en su caso penal, debe investigarse independientemente de que una persona abandone el cargo.

Las investigaciones tienen que llegar hasta sus últimas consecuencias. Si existen funcionarios que participaron en irregularidades, deben responder ante las autoridades competentes. Si hubo empresas favorecidas indebidamente, también deben rendir cuentas.

No puede haber impunidad por razones políticas, amistades, recomendaciones o lealtades partidistas.

La crisis también ha puesto bajo escrutinio el funcionamiento interno del organismo. Las denuncias sobre presiones laborales, desplazamiento de personal de carrera, posibles cobros indebidos y contrataciones cuestionadas obligan a revisar a fondo la gestión de los últimos años.

¿Dónde quedó la autonomía electoral?

El problema de fondo va más allá de Guadalupe Taddei.

México no puede permitirse un INE sometido a los intereses de Morena ni de ningún otro partido. Tampoco puede aceptar que el árbitro electoral se convierta en una extensión administrativa del gobierno en turno.

La autonomía no es un privilegio de los consejeros. Es una garantía de los ciudadanos.

Un instituto electoral independiente debe poder investigar, sancionar y tomar decisiones sin temor a incomodar al presidente, a la presidenta, a los gobernadores o a los dirigentes partidistas.

Cuando la autoridad electoral pierde credibilidad, el daño alcanza a todos los mexicanos, porque se debilita la confianza en el instrumento fundamental para resolver pacíficamente las disputas por el poder: el voto.

El INE necesita una reconstrucción institucional, no un simple cambio de nombres.

Se requiere transparencia absoluta en las contrataciones, auditorías independientes, protección al Servicio Profesional Electoral, recuperación de los contrapesos internos y una presidencia que demuestre, con hechos, que no responde a intereses partidistas.

También es indispensable que las investigaciones sobre la gestión de Taddei se conduzcan sin encubrimientos y que sus resultados sean públicos.

El INE se fue al diablo cuando permitió que la confianza pública fuera sustituida por sospechas de subordinación política y presuntas redes de corrupción. Ahora tiene la obligación histórica de demostrar que puede levantarse.

Porque si el árbitro electoral pierde su independencia, la democracia pierde uno de sus principales defensores. Y cuando eso sucede, quienes terminan pagando la factura somos los ciudadanos.

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