Nueva ley permitirá exigir pagos digitales en sectores que defina Hacienda

El Gobierno de México publicó este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, que permitirá restringir el uso de efectivo en sectores económicos determinados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El decreto, expedido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, entrará en vigor el jueves 5 de noviembre. La legislación establece que, en las actividades que defina Hacienda, las transferencias bancarias, tarjetas y otros medios electrónicos podrán ser las únicas formas de pago autorizadas.

La medida no elimina de forma general el uso de billetes y monedas, pues las restricciones se aplicarán únicamente en sectores estratégicos y actividades relevantes que determine la SHCP.

Hacienda contará con 15 días hábiles, a partir de la entrada en vigor de la ley, para definir las actividades en las que los pagos digitales podrán ser obligatorios y exclusivos. Después de esa publicación, las autoridades de cada sector tendrán otros 15 días hábiles para emitir reglas administrativas y mecanismos de aplicación.

La dependencia también podrá ampliar posteriormente la lista de actividades sujetas a estas restricciones.

Entre los medios de pago reconocidos están las tarjetas de crédito y débito, transferencias bancarias, domiciliaciones, códigos QR y tecnologías de comunicación de campo cercano (NFC) para operaciones electrónicas.

Los proveedores de bienes y servicios, así como autoridades de los tres órdenes de gobierno, deberán contar con infraestructura para recibir estos pagos, informar a los usuarios sobre las alternativas disponibles y habilitar mecanismos de atención ante posibles fallas.

La ley prevé excepciones para usar efectivo o cheque cuando existan problemas técnicos u otras contingencias que impidan las operaciones electrónicas. El artículo 15 establece: “Cuando se presente una contingencia que imposibilite la recepción de medios de pago digitales y electrónicos, se permitirá el pago en efectivo o cheque”.

Sin embargo, el artículo 16 señala que estas contingencias no podrán utilizarse de forma recurrente para incumplir las obligaciones. “Las contingencias en sectores estratégicos o actividades relevantes no podrán justificar de manera permanente o recurrente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley”, precisa el ordenamiento.

La legislación reconoce además la CURP Digital como mecanismo de identificación para contratar servicios financieros a distancia, sin impedir el uso de otras identificaciones oficiales autorizadas.

“Las personas usuarias, a su elección, podrán utilizar ante las entidades la CURP Digital o cualquier otro mecanismo de identificación oficial, para la contratación digital de servicios financieros”.

También contempla el Expediente Digital Ciudadano, mediante el cual los usuarios podrán solicitar a instituciones financieras consultar y utilizar documentos personales integrados previamente en formato electrónico. Estos tendrán efectos jurídicos equivalentes a los documentos físicos y podrán emplearse en trámites de contratación y acceso a servicios financieros.

El Banco de México tendrá facultades para desarrollar herramientas que faciliten transferencias electrónicas, homologar aplicaciones financieras y ampliar el acceso a los servicios de pago digital.

La implementación considera sistemas como el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y Cobro Digital (CoDi), con el propósito de extender las operaciones electrónicas a más comercios y servicios públicos.

Además, Banxico podrá emitir disposiciones junto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para que las Terminales Punto de Venta (TPV) reciban pagos mediante códigos QR, conforme a las especificaciones técnicas correspondientes.

La transición enfrenta desafíos vinculados con la conectividad a internet, la disponibilidad de dispositivos electrónicos y el acceso a servicios financieros, factores que especialistas han identificado como obstáculos para extender los pagos digitales entre toda la población.