Lenia Batres llama “carroñeros” a periodistas que cuestionaron su doctorado

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, llamó “carroñeros” a periodistas que cuestionaron su doctorado y afirmó que el grado otorgado por la Universidad Tepantlato no es honorífico.

El pasado 5 de noviembre, Batres informó que recibió el título de Doctora en Derecho Constitucional. En un video difundido en sus redes sociales, aseguró que cursó “más de dos años de estudios” para obtenerlo.

La ministra rechazó las versiones que, según dijo, confundieron su grado con un doctorado honoris causa. “Yo no ostento nada que no tengo”, declaró al referirse a comunicadores que señalaron que presumía un reconocimiento honorífico de la institución.

Batres consideró que las críticas también buscaban desacreditar a la Universidad Tepantlato, a la que describió como una institución privada mexicana con más de 30 años de existencia y presencia entre integrantes del Poder Judicial. Aseguró que ahí se han formado jueces y magistrados federales de la Ciudad de México.

Como ejemplos, mencionó al magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, de quien dijo que cursó la maestría y el doctorado en Tepantlato. También nombró al ministro en retiro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien, de acuerdo con Batres, realizó ambos posgrados en esa casa de estudios.

Añadió que dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también egresaron de la institución, aunque no proporcionó sus nombres.

La ministra dijo que le habría gustado presentar un título de la UNAM, institución por la que expresó respeto y orgullo, pero señaló que las responsabilidades laborales y el tiempo disponible influyen en la elección de dónde estudiar. Agregó que cursó una maestría y tiene pendiente un doctorado en Estudios de la Ciudad.

Batres detalló que obtuvo mención honorífica en una maestría de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), con una tesis sobre las formas de gobierno local de la capital a lo largo de su historia. También estudió una maestría en Gestión Pública en la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, donde investigó políticas urbanas de vivienda y propuso un programa habitacional para la entidad.

Asimismo, indicó que concluyó una maestría en Derecho Penal en la Universidad Humanitas en 2011. Posteriormente volvió a esa institución para actualizarse en el sistema penal acusatorio y los juicios orales, proceso que, dijo, le tomó casi un año antes de titularse.

La ministra confirmó que recibió un doctorado honoris causa hace aproximadamente 10 años, aunque aclaró que no lo presume porque “no tiene valor curricular”. En contraste, defendió que el doctorado en Derecho Constitucional corresponde a estudios realizados y ofreció mostrar el título a quien quisiera conocerlo. También afirmó que Tepantlato “es 100 por ciento mexicana, no es Oxford, no es Harvard, no es Yale”.

En otro tema, la SCJN validó el pasado 21 de octubre la entrega directa de al menos 10 por ciento de los recursos del FAIS a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, medida contemplada en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2026.

El Pleno concluyó que la medida permite ejercer derechos establecidos en el artículo 2 constitucional, como la personalidad jurídica, el patrimonio propio y la capacidad de recibir y administrar recursos públicos. Durante esa sesión, Batres sostuvo que el autogobierno indígena y afromexicano debe acompañarse de transferencias presupuestales directas.

La ministra recordó que la anterior integración de la Suprema Corte invalidó una ley de Michoacán que contemplaba distribuir recursos municipales entre comunidades indígenas. Citó la controversia constitucional 17/2022, relacionada con la comunidad de Crescencio Morales, cuyo debate se realizó en abril de 2024 durante siete sesiones.

La ministra Yasmín Esquivel respondió que ese criterio fue superado mediante el amparo directo en revisión 782/2024, resuelto el 2 de julio de 2025. Según Esquivel, esa decisión siguió la misma línea argumentativa del proyecto discutido por el Pleno el 21 de octubre y señaló a Batres que su voto en ese sentido fue en contra.