Otra elección tramposa para el INE

Eduardo Sadot

La decisión de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de limitar exclusivamente a mujeres la convocatoria para ocupar la presidencia del Instituto Nacional Electoral merece un cuestionamiento constitucional. La paridad de género, reconocida en los artículos 1, 4 y 41 de la Constitución, busca corregir la desigualdad histórica y garantizar el acceso efectivo de las mujeres a los espacios de decisión; no puede convertirse, sin una justificación adicional, en una regla automática de exclusión para los hombres. En 2023, la designación de Guadalupe Taddei permitió que, por primera vez, una mujer encabezara el INE.

La sentencia SUP-JDC-74/2023 justificó entonces una medida afirmativa por la ausencia histórica de mujeres en esa presidencia. Pero hoy existe una circunstancia distinta que debe valorarse: Taddei decidió renunciar voluntariamente, no fue removida ni separada del cargo por una autoridad. La paridad ya produjo el resultado que aquella medida buscaba: una mujer accedió y ejerció la presidencia. Su renuncia, por decisión propia, no equivale a una nueva exclusión de las mujeres ni demuestra, por sí sola, que deba reservarse otra vez el cargo al mismo género.

No sostengo que la renuncia extinga automáticamente el principio de paridad. Sostengo que tampoco puede presumirse que obliga a mantener indefinidamente una convocatoria exclusiva para mujeres. La autoridad debe explicar por qué una medida afirmativa concebida ante una exclusión histórica debe prolongarse para cubrir una vacante provocada por la renuncia voluntaria de quien ya ocupó la presidencia, y demostrar que esa restricción es necesaria, proporcional y jurídicamente fundada.

De otro modo, un principio de igualdad sustantiva corre el riesgo de convertirse en una exclusión sin justificación suficiente. Un acuerdo de la JUCOPO no puede colocarse por encima de la Constitución ni modificar discrecionalmente los requisitos y procedimientos previstos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Los partidos de oposición deben exigir una convocatoria fundada, motivada y abierta conforme a la Constitución, e impugnar oportunamente cualquier restricción que vulnere derechos, incluido el derecho a ser nombrado para un cargo público en condiciones de igualdad, previsto en el artículo 35, fracción VI.

La insaculación debe aplicarse cuando se actualicen los supuestos constitucionales, no como una tómbola discrecional. La independencia del INE exige algo más que cambiar a quien lo preside: exige un procedimiento legal, transparente y ajeno a cuotas partidistas. La mayoría parlamentaria no convierte por sí sola una decisión en constitucional. La paridad debe garantizar igualdad, no servir de coartada para excluir sin justificar. La legalidad no puede depender de la conveniencia del partido en el poder ni arriesgarse a sacrificar la excelencia.

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