Adoptar y adaptar

Fuera de todo

Denise Díaz Ricárdez

Si un hijo en una familia convencional implica en cualquier lugar y condición social un reto de toda la vida, éste puede ser todavía más intenso cuando niños y adolescentes son adoptados y sujetos a prejuicios de aceptación de todo tipo.

En México se ha avanzado mucho en materia de adopción.

Los trámites son rigurosos e incluso hay revisiones al menos por ley durante los tres años subsecuentes a la aprobación.

De ello se encargan distintas instancias: el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) que incluye estatales y municipales; la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes como principales, de acuerdo incluso con protocolos de organismos extranjeros.

Está permitido adoptar a niñas y niños hasta los 12 años y adolescentes de los 12 a los 17 años.

Hay más probabilidades a menores de 4 a 9 años, de acuerdo con la experiencia registrada.

Puede adoptar: matrimonios con o sin hijos propios; solteros mayores de 25 años; parejas en concubinato; parejas del mismo sexo.

Está prohibido que en lo particular un menor de edad pueda ser vendido y luego hacer la legalización si hay sobornos a autoridades del Registro Civil, como se han dado casos.

Es pues una decisión difícil de parejas que al no poder procrear acuden a esa opción.

Y fuera de principios religiosos o morales, mucha expectación causan parejas del mismo sexo que recurren a tener un menos en esa condición. Sin embargo es una realidad que se encuentra en estos días. Se puede estar de acuerdo o desacuerdo, pero no se pueden cerrar los ojos.

Sea como sea los niños y adolescentes están todo el tiempo con el estigma de la aprobación, no únicamente en el seno familiar que les toque; luego en las escuelas y hasta en los trabajos.

Ellos mismos llegan a una edad en la que se dan cuenta de su circunstancia y entorno y suelen enfrentar un choque sicológico de tremendas repercusiones, si son tratados bien o incluso si son o fueron maltratados.

Por lo pronto se estima que en el país hay un máximo de 35 mil menores que viven en casas de asistencia públicas en esa condición y el año anterior se lograron mil 300 casos en los que encontraron un hogar, en parte por los exigentes trámites para lograrlo.