De cara a la próxima licitación federal para la operación del pasaporte mexicano, especialistas en seguridad nacional han advertido sobre los riesgos de ampliar la participación de un proveedor extranjero hacia áreas críticas como el manejo de datos y la emisión del documento.
Actualmente, la empresa eslovena CETIS (Cetis, grafične in dokumentacijske storitve) ha participado durante al menos siete años en el suministro de insumos clave —como policarbonato y cubiertas— a través de los Talleres de Impresión de Estampillas y Valores (TIEV), dependientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
De acuerdo con análisis técnicos, la posible expansión de sus funciones implicaría pasar de la proveeduría de materiales a la intervención en procesos sensibles vinculados con la identidad documental de la población, lo que ha encendido alertas en torno a la seguridad de la información, la trazabilidad de los datos y la soberanía tecnológica.
El pasaporte es considerado un documento estratégico del Estado mexicano, no solo por su función de identificación, sino por su relevancia en la gestión migratoria y en la relación bilateral con Estados Unidos, en un contexto internacional marcado por revisiones comerciales y tensiones geopolíticas.
Especialistas consultados señalan que México cuenta con capacidades productivas nacionales y regionales que podrían participar en estos procesos, en línea con los principios de fortalecimiento de cadenas de valor establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y el T-MEC.
Asimismo, el análisis refiere antecedentes internacionales de la empresa en otros países, incluyendo irregularidades financieras documentadas en Eslovenia (2014–2016) y fallas en la impresión de boletas electorales en Kosovo (2025). Estas referencias, aunque forman parte de reportes públicos, no han sido confirmadas ni desmentidas por autoridades mexicanas en relación con el caso del pasaporte.
En este escenario, el proceso de licitación será determinante para definir el modelo de operación del documento en los próximos años. Especialistas subrayan la necesidad de garantizar condiciones de transparencia, control institucional y evaluación de riesgos en la toma de decisiones.
El señalamiento central es que la discusión ya no se limita a la proveeduría de insumos, sino al control de procesos críticos vinculados con la identidad y seguridad nacional.
