Francisco Gómez Maza
• Avalan en comisiones Ley Federal de Austeridad Republicana
• Hoy sería subido al pleno de los diputados el dictamen de la ley
Este martes tendría que haber sido aprobada, en el pleno de la Cámara de Diputados, la llamada ley federal de austeridad republicana de estado, así como otras disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El dictamen fue aprobado, en lo general y en lo particular, por 18 votos a favor, 7 abstenciones y cero en contra, de los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y por 24 votos en pro, 11 abstenciones y cero en contra por los diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
De acuerdo con el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputado Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), estas propuestas permitirán un mejor comportamiento del gobierno, respetando los derechos de los trabajadores. El legislador dijo que se busca terminar con la falta de transparencia, ser más enérgicos y más claros en cuanto a la contratación de servidores públicos. Además, se busca armonizar y actualizar diversas disposiciones legales para que sean aplicadas en las prácticas del gobierno para terminar con prebendas y abusos en materia de sistemas de ahorro de separaciones a cargo del erario público.
El dictamen refiere que, con la política de austeridad republicana que esta ley fomenta, el gobierno de México tendrá mayores posibilidades de atender a la población en general, independientemente de su estatus socioeconómico, su lugar de residencia, condición migratoria, género, preferencias sexuales, ideología o religión, garantizando el derecho a una buena administración pública y los derechos humanos de todas las personas.
Dicen que, con la austeridad republicana se eliminarán privilegios como la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida o de separación individualizada o colectiva; evitar el engrosamiento del aparato burocrático, desarrollando las funciones del Estado sin crear nuevas plazas ni aumentar sus dotaciones y limitar el uso de bienes muebles e inmuebles y los recursos humanos propiedad del Estado y a su servicio, así como al cumplimiento de fines de utilidad pública y servicio directo a la población.
Con la aplicación de las normas propuestas, los diputados y, por supuesto, el presidente de la república están seguros de que se obtendrán ahorros y no se generarán impactos presupuestarios, pues se haría una reasignación para mejorar la distribución y calidad del gasto.
Los ahorros derivarán de prohibir seguros privados de gastos médicos, de vida, de ahorro, de separación individualizada o colectiva y la creación de cajas de ahorro especiales; así como de evitar el engrosamiento del aparato burocrático y la duplicidad de funciones, pues no se generarán percepciones extraordinarias. Reducirá el gasto público al eliminar las pensiones de retiro a quienes hayan sido titulares del Ejecutivo federal, distintas de las que otorga el ISSSTE, así como la asignación de servidores públicos, civil o de las fuerzas armadas cuyos costos sean cubiertos con recursos del Estado.
Así mismo, los defensores de la ley, dicen que también disminuirán las afectaciones al erario federal a través de adquisición de bienes y servicios (compras gubernamentales), de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, al limitar el uso de bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado y de los recursos humanos al servicio de éste, al cumplimiento de fines de utilidad pública y al servicio de la población. Se propiciará la salud de las finanzas públicas al normar la constitución, extinción y funcionamiento de fideicomisos, fondos, mandatos o figuras jurídicas análogas y propiciar un manejo más transparente.
El documento subraya que “la profunda situación de pobreza en que se encuentra la población del país ha sido ocasionada, en gran medida, por el dispendio del gasto público que no ha sido orientado a la satisfacción de las necesidades de la sociedad; por ello, la austeridad republicana es un factor indispensable para transitar hacia un verdadero Estado constitucional de derecho que promueva el interés general y garantice los derechos humanos de los mexicanos”.
Con la llamada política de austeridad republicana que esta ley fomenta, dicen que el gobierno de México tendrá mayores posibilidades de atender a la población en general, independiente de su estatus socioeconómico, su lugar de residencia, condición migratoria, género, preferencias sexuales, ideología o religión, garantizando el derecho a una buena administración pública y los derechos humanos de todas las personas.
El objeto del nuevo ordenamiento es regular y normar las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto público federal y coadyuvar a que los recursos económicos de que se dispongan se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez.
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