Análisis a Fondo: Gobers y alcaldes de manos peludas

• Ya no podrán endeudarse a su arbitrio
• Ni pedir prestado con cualquier usurero

Productivos resultaron – qué notición – los 460 diputados que asistieron al pleno de este miércoles en San Lázaro, aunque para aprobar asuntos tan ordinarios no era necesario un periodo extraordinario (Rafael Cardona dicet).
Para empezar, era (es todavía) muy obvia la irresponsabilidad de los gobernadores estatales en el manejo del erario y su extraordinaria maniacodependencia del endeudamiento con bancos particulares. Ejemplos sobran: Humberto Moreira, Juan Sabines, el pequeño, tan sólo para mencionar dos casos vergonzantes.

Era muy obvio que la federación requería de una legislación penal unificada, que fuera en el sentido de la coordinación que ha implantado el presidente Peña Nieto para la prevención y persecución del crimen. Que los delitos estén tipificados uniformemente tanto en el código federal como en los códigos estatales.

Pero si estos dos asuntos ordinarios, muy ordinarios, fueron aprobados muy fácilmente, por la vía rápida extraordinaria del planchado, es casi seguro que no la tengan fácil cuando discutan, por lo menos en tiempo perdido, la cobertura de la silla, que dejó vacua Sergio García Ramírez en el Consejo General del instituto que organiza los procesos electorales y las elecciones federales. En este asunto ordinario hay intereses extraordinarios si no imposibles sí dificilísimos de dilucidar entre los partidos políticos. Los tres grandes están renuentes a ceder, aunque ya se sabe que al final se impondrá Manlio Fabio, que siempre tiene amarrado tanto a Luis Alberto Villarreal, del partido de las derechas, como a Silvano Aureoles Conejo, de las izquierdas. Los pataleos de las oposiciones al final se calman, por el compromiso del Pacto por México, en donde les tiene amarradas las manos el presidente Peña Nieto.

Pero bueno. El hecho es que 457 diputados aprobaron (dos votaron en contra y uno se abstuvo) atarle las manos a gobernadores y presidentes municipales en el manipuleo de la droga (así se le dice en mi rancho a la deuda). Quedó pues lista la reforma constitucional que ordena que la deuda, si es estrictamente necesaria, lo gobernadores y los presidentes municipales tendrán que contratarla mediante licitación pública. O sea, con el usurero que dé más barato el dinero y más fáciles los pagos de intereses y las amortizaciones del capital. Algo así como los abonos chiquitos con los que se ha hecho multimillonario Ricardo Salinas Pliego, compadre de suculentos negocios populacheros del Dr. Simi.

El dictamen aprobado en San Lázaro modifica diversas disposiciones de la Constitución, para establecer principios, controles y lineamientos que promuevan “un uso ordenado y sostenible” del financiamiento para las entidades federativas y evitar el uso incorrecto de los recursos obtenidos vía deuda pública (¿A poco?).

Ahora, los virreyes y los encomenderos deberán de cuidarse muy escrupulosamente, cuando manejen dineros del prestamista, porque si meten demasiado las manos en el arca abierta podrían ir ipso facto con sus huesos a un cereso.
El Pleno aprobó también la reforma a la fracción XXI del artículo 73 constitucional, para facultar al Congreso de la Unión a expedir un Código Único de Procedimientos Penales para todo el país. La reforma, que se votó en lo general y en lo particular en un solo acto, pasa a los 31 congresos estatales porque requiere del aval de la mayoría para su promulgación. Aclaran el dictamen que contar con una legislación adjetiva única, no va en contra del pacto federal ni vulnera la soberanía de los estados.

Y en el asunto peliagudo del IFE, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) no se puso de acuerdo en torno al ciudadano que deberá ocupar la silla vacía en el salón de sesiones del IFE, allá por los terrenos del pueblo de Tlalpan. En el momento de concluir esta historia aun no concluía la asamblea del pleno, pero era un hecho de que con ésta concluiría el periodo extraordinario. Dicen las malas lenguas que e sustituto de García Ramírez será nombrado hasta octubre, cuando se renueven los cuadros del Consejo del IFE.

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