Francisco Gómez Maza
• La desaparición de los 43, en el limbo
• Pegasus continuó atacando periodistas
Entre los muchos pendientes que deja Peña a su paso por la presidencia, una presidencia plagada de ligerezas e irresponsabilidades, corrupción, simulación, cinismo e impunidad, sobresale una serie de acciones violatorias de los derechos humanos, de las cuales hay dos particularmente relevantes y preocupantes, en las cuales la irresponsabilidad del ya inminente expresidente de México es indignantemente notoria:
El caso de las traposas investigaciones de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la escuela normal rural de Ayotzinapa, en el estado sureño de Guerrero y los ataques perpetrados contra la privacidad de periodistas con el programa de espionaje Pegasus, operado, dícese que exclusivamente por la Procuraduría General de la República, inmediatamente después del asesinato del periodista Javier Valdez en Sinaloa, allá por mediados de mayo de 2017. Esta nota la publicó este martes 27 de noviembre el New York Times en español, bajo el título: Un día después del asesinato del periodista Javier Valdez, sus colegas fueron ‘hackeados’.
En el caso de las investigaciones de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, unos 7º de los detenidos por los ministeriales de la PGR, desde que se cansó el primer procurador Jesús Murillo karam, fueron torturados, como lo atestiguan diversos defensores de los derechos humanos y todo para construir “una verdad histórica”, que se le deshizo entre las manos al presidente Peña y que ahora se lleva a su casa sin que nadie le reclame porque ya el nuevo mandatario dijo que no se vengará de los emisarios del pasado, barones de la más escandalosa corrupción habida y por haber en este reino de la corrupción llamado México.
Los padres y familiares de los estudiantes desaparecidos están seguros de que sus hijos están vivos, recluidos en alguna mazmorra de esas que mantienen las fuerzas armadas para desaparecer amigos de la llamada subversión en contra del sistema establecido. Quién sabe. También pueden estar muertos y sus huesos ya calcinados en cualquier fosa común de cualquier cementerio clandestino muy bien camuflageado para que no sea encontrado por las madres buscadoras de desaparecidos.
Respecto del espionaje a periodistas, el Centro Pro, defensora de los derechos humanos, dice que una nueva investigación, publicada por el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, en conjunto con las organizaciones ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales y Social TIC, revela una serie de ataques, con el malware Pegasus, en contra de Ismael Bojórquez y Andrés Villarreal, periodistas del semanario Río Doce, que iniciaron dos días después del asesinato de su colega Javier Valdez.
De acuerdo con el informe, también retomado por el diario The New York Times, los periodistas recibieron, entre los días 17 y 26 de mayo de 2017, al menos seis mensajes de texto con enlaces vinculados a la infraestructura de Pegasus: algunos, suplantando la identidad de sitios web de noticias como Animal Político. De haber hecho clic en los enlaces, este malware habría infectado sus teléfonos, garantizando al atacante acceso a sus archivos, documentos, así como a la cámara, micrófono y GPS del dispositivo, entre otros.
En las fechas en que Bojórquez y Villarreal recibieron los mensajes, la Procuraduría General de la República (PGR), único operador probado y reconocido de Pegasus en México, ya se encontraba en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, realizando indagatorias sobre el crimen.
Estos ataques ocurrieron meses después de la publicación y denuncia de ataques con Pegasus en contra de otros actores de la sociedad civil mexicana, lo que “confirma la absoluta indolencia del gobierno saliente frente a las denuncias de abuso de los sistemas de vigilancia gubernamental”, sostuvieron las organizaciones.
Con el intento de espionaje en contra de los periodistas de Río Doce, suman ya 28 casos documentados de ataques con el malware Pegasus en México. “Esta revelación reafirma la existencia de un patrón sistemático de uso de los sistemas de vigilancia gubernamentales en contra de periodistas, defensores de derechos humanos, activistas y opositores políticos.
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