Francisco Gómez Maza
• ONU-DH y CNDH exigen al Senado no aprobar aún la Ley de Seguridad Interior
• Le piden que la iniciativa sea depurada ampliamente en una consulta nacional
Hay políticos, y de la clase gobernante, que detestan a los defensores de los derechos humanos y, sobre todo, gente ideologizada a la que le choca que a un supuesto criminal las autoridades estén obligadas a respetarle su derecho a la defensa, por ejemplo; su derecho a comunicarse con su familia; su derecho a tener un juicio justo. Su derecho a la vida. Y ésta, el respeto a los derechos humanos, que es irrenunciable, es la preocupación más importante, ante la inminente aprobación de la ley de seguridad interior, que daría poderes omnímodos a las fuerzas militares en la persecución de presuntos criminales.
Ni la oficina defensora de los derechos humanos de la ONU (ONU-DH), ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) están de acuerdo con que el Senado avale tan peligroso mecanismo legal, que pondría en peligro la convivencia de los mexicanos y significaría un virtual estado de sitio, en esta guerra estúpida contra el narcotráfico, declarada por el expresidente “aiga sido como aiga sido”, Felipe Calderón tan sólo para legitimarse porque su triunfo electoral quedó en el limbo, son sólo un medio voto de ventaja…
Este miércoles, horas antes de que los senadores discutieran el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados, que crea la mencionada ley, ambos organismos entregaron al Senado y a la prensa un acuerdo conjunto mediante el cual exigen – el comunicado dice “exigen” – al Senado no aprobar tan desdichada ley, que sería desastrosa para la convivencia nacional porque daría pie a muchas interpretaciones que desembocarían en la restricción de las libertades individuales y sociales y daría pie a que la soldadesca continuara con detenciones arbitrarias, ajusticiamientos extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura física y espiritual, hechos que son negados por los jefes de los cuerpos miliares, como la Defensa Nacional y Marina, entre otros.
Hay evidencias de lo contrario. Soldados, motu proprio u obedeciendo órdenes, torturan, por ejemplo, a detenidos sin un juicio, simplemente por torturar, obligando a los torturados a declararse miembros de alguna banda de la delincuencia organizada.
Si esto es así sin autorización legal, imaginen lo que pasaría legalizada y legitimada la presencia y acción de tipo policial de los cuerpos militares, cuyo principal objetivo constitucional es precisamente la defensa del territorio nacional ante una agresión extranjera, así como el servicio social y la ayuda humanitaria en casos de desastres naturales como por ejemplo inundaciones, terremotos, tormentas, huracanes, entre otros.
Pues sí, la ONU-DH y la CNDH exigen al Senado no aprobar Ley de Seguridad Interior Los organismos que defienden los derechos humanos pidieron a los senadores a abrir un diálogo nacional sobre el modelo de seguridad en el país que preserve y garantice los derechos fundamentales de las personas. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hicieron el llamado “urgente” al gobierno mexicano, o sea al más interesado en que los soldados anden en las calles persiguiendo criminales, que criminales podemos ser calificados todo el mundo, para que el Senado se abstenga de aprobar el mencionado mecanismo legal y, en su lugar se abra un diálogo nacional sobre el modelo de seguridad en el país bajo un esquema que, sin inhibir la actuación legítima del Estado, preserve y garantice los derechos fundamentales de las personas.
No es broma, amigos que se enojan con la defensa de los derechos humanos, que se burlan de ellos porque nunca han sido violados por un policía o por un soldado, o por un esbirro de algún político criminal, o a manos de un criminal al servicio de alguna banda de narcos, o no ha caído en manos de algún violador que después de violar asesina, o en manos de una partida militar que actúa al margen de la ley en la montaña, que se da.
Ambos organismos de derechos humanos señalan que, aun cuando se han hecho públicos algunos cambios que se aplicarían al proyecto de Ley (de Seguridad Interior), éste sigue presentando aspectos “altamente preocupantes” para la vigencia y respeto de los derechos humanos en México.
“La vasta mayoría de las observaciones hechas al proyecto original se mantendrían vigentes, en tanto las eventuales modificaciones no implicarían cambios sustantivos. Además, las observaciones son de tal envergadura y las voces en contra, que se han manifestado, de tal diversidad, que resulta indispensable la materialización de una deliberación amplia, honesta e inclusiva que atienda de manera efectiva los múltiples señalamientos formulados, en el marco del respeto a la dignidad humana”, de acuerdo con la CNDH y la ONU-DH.
De plano, y contrarias al convencimiento de los diputados que, sin profundizar en el estudio de sus consecuencias, aprobaron el dictamen y lo mandaron para que el Senado lo ratificara, la ONU-DH y la CNDH manifiestan que no existen las condiciones propicias para aprobar el Proyecto de Ley, durante el proceso legislativo que termina este viernes, e hicieron un exhorto para que se amplíe su debate y discusión “a efecto de prevenir situaciones que actualicen o propicien que se vulneren los derechos humanos al amparo de la ley antes mencionada”.
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