Francisco Gómez Maza
• ¿Los Derechos Humanos? Valen Madre
• Los indios no tienen derecho ni a la vida
Hay una injusticia muy grave que, inclusive, clama venganza del Estado: el despojo y el desalojo de comunidades indígenas, con el objetivo de privilegiar a grandes empresas privadas y particulares.
El neoliberalismo persiste y depreda. Y ya fueron asesinados siete defensores de los derechos indígenas, durante 2017; al año siguiente, asesinaron a 13 y, en los cuatro meses del presente año, suman siete los muertos.
Se privilegia a empresas y particulares, señalan en un conversatorio representantes de etnias.
El modelo neoliberal persiste y depreda, denuncia Jean Jarab, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH.)
Desafortunadamente, y pese a lo sostenido, el modelo depredador neoliberal persiste y se traduce en despojo y desalojo de las comunidades indígenas del país, donde se han dado concesiones mineras y se desarrollan megaproyectos, denunciaron ante integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado, representantes de diversas etnias, cuyos datos fueron corroborados por el Alto Comisionado.
De acuerdo con Jean Jarab, en México hay unas 300 concesiones para la explotación de recursos mineros, que debían traducirse obviamente en beneficios para las comunidades indígenas que son las propietarias de las tierras donde se abren los socavones. Empero, la realidad muestra que hay daños al ambiente y a la economía de los pueblos originarios. Estos se convierten en extranjeros en sus propias propiedades que no pueden explotar porque los gobiernos del neoliberalismo se las arrebataron para entregárselas a extranjeros que vienen a explotar los valiosos recursos del subsuelo, entre los más valiosos el oro y la plata, pero también extraen carbón y productos radioactivos.
Las faramallas de consultas a las comunidades donde se ubican las minas es letra muerta, o bien han causado perjuicios que han llevado a conflictos internos. Y es que, como lo expresa Jarab, la ausencia de una legislación en materia de derechos humanos para los indígenas del país no exime al Estado de brindarles un marco de libertades e igualdad, máxime si hay empresas involucradas. Pero los indios no cuentan por prietos y porque no hablan español y, sobre todo, porque son pobres y sucios.
La oficina de prensa del Senado, que dirige en gran periodista y amigo, Abelardo Martín, informó que hace poquito se desarrolló una de esas reuniones llamadas “conversatorios” bajo el tema “Hacia una agenda legislativa garante de los derechos a la libre determinación, al territorio y a los modelos propios de desarrollo de los pueblos indígenas y afrodescendientes”, en el cual se escucharon diversas denuncias.
A dicho foro, celebrado en la Semana de las Culturas Indígenas, organizado por la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República acudieron también académicos y defensores de los pueblos indígenas. Ahí, el representante del ACNUDH explicó que la violencia se ha ensañado contra los indígenas y sus defensores. A manera de ejemplo, confirmó el dato que dimos más arriba: durante 2017 fueron asesinados siete defensores de derechos indígenas; al año siguiente, 13, y en lo que va del presente suman siete.
De acuerdo con Jarab, el actual régimen agrario dificulta la libre autodeterminación. El modelo de desarrollo dominante – neoliberal, neoporfirista – no toma en cuenta las necesidades y aspiraciones de esta población, y privilegia solamente “la extracción intensiva de sus recursos, sean mineros, forestales o petrolíferos”.
En México las más de 300 concesiones para la explotación de los recursos mineros, aparte de que sólo benefician a los extranjeros que tienen las concesiones de explotación, hay daños al medioambiente y a la economía de los pueblos originarios. El Alto Comisionado consideró necesario, para brindar autodeterminación y desarrollo de los pueblos indígenas, cambiar la actual legislación agraria, que no protege la tenencia de la tierra y su uso para las diversas etnias.
Bettina Cruz, en nombre de algunas comunidades indígenas del Istmo de Tehuantepec, expuso que el actual modelo económico neoliberal trastoca los bienes naturales de diversos pueblos. Aseguró que, si bien hay diversos proyectos industriales y megaproyectos de desarrollo, estos se han traducido en engaños, desalojo y despojo, ante los cuales es muy dificultosa la defensa de los derechos indígenas.
Así, los megaproyectos se convertirán, a la larga en una frontera entre dos méxicos. “Hemos solicitado información en distintas instancias y a la fecha nadie nos ha explicado”. Observamos que diversos proyectos grandes, como los mineros, sólo han dejado serias secuelas, como deforestación o la desaparición de quienes protestan.
A la fecha los pueblos originarios no han sido beneficiados por ningún megaproyecto en desarrollo en el Istmo. Al contrario, son víctimas de la violencia, de la criminalización y el asesinato de dirigentes que llegan a alzar la voz. El crimen organizado también sentó sus raíces.
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