Francisco Gómez Maza
• Tren Maya, Corredor Transístmico etc.
• Son Herencias del viejo neoliberalismo
Chiapas y Oaxaca, Yucatán y todo el sureste indio, están indignados por los megaplanes de López Obrador. Sobre todo, los pueblos indígenas. Parece una contradicción, pero es la pura verdad. Los indios, los aglutinados en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, toman la delantera. No están de acuerdo con la política de “desarrollo”, sin los indios, anunciada por el mandatario, a quien califican como heredero y seguidor del neoliberalismo que él mismo dice rechazar. El neoliberalismo, dicen, de Salinas de Gortari y el de Ernesto Zedillo. Contradictoriamente.
Los indios del sureste, los mayas de Chiapas, Campeche y Yucatán, y los indios mayenses, descendientes de aquellos, rechazan los megaproyectos empresariales en sus zonas, protegidos por gobierno federal. De acuerdo con la Comisión Metropolitana Anticapitalista y Anti patriarcal, la cual advirtió, desde el inicio del actual gobierno, que éste seguía la herencia zedillista y de gobiernos subsecuentes, llamada ahora Cuarta Transformación.
En su lenguaje izquierdista, radical, los representantes de los pueblos indios y del EZLP acusan que el nuevo gobierno se asume como dueño del país, como capataz y caporal que celebra todo lo que impone el finqueo.
A principios de año, allá por la mitad del mes de febrero, varios colectivos sociales anticapitalistas se manifestaron en contra de lo que llamaron “proyectos de muerte y destrucción”, propuestos por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como el Tren Maya, el Corredor Transísmico, las Franjas o Zonas Económicas Especiales (ideadas por Enrique Peña), así como su sostén y protección que estará a cargo de la rechazada Guardia Nacional que son en realidad las fuerzas militares con otro uniforme.
En aquella ocasión se realizó un foro en Defensa de la Madre Tierra, escenificado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde los participantes, entre ellos académicos, activistas, defensores de los pueblos originarios, y representantes del Congreso Nacional Indígena, coincidieron en que la devastación de zonas rurales y ecológicas, bajo el supuesto de impulsar el desarrollo de las comunidades con mayor atraso social, no es más que la continuidad de políticas neoliberales avaladas por los Estados Unidos y grupos empresariales de Europa.
En aquel foro, los participantes denunciaron que existía una serie de violaciones de derechos básicos de los pueblos, que están marcados por el poder presidencial, para abrir las puertas de sus comunidades a los grandes proyectos neoliberales, como lo aseguró en aquella ocasión Magdalena Gómez, antropóloga e integrante de la Academia Mexicana de Derechos Humanos.
Desde la pasada administración, la de Peña, los pueblos indígenas han estado expectantes con respecto al megaproyecto Tren Maya; lo han seguido puntualmente y, desde que se inició a hablar del mismo, están atentos a su desarrollo. Desde aquel momento lo desaprobaron y dijeron que les desagradaba por cuanto que violentaba los derechos indígenas de los que son sujetos y que están consagrados en la Constitución Política. Esperaban que, con el cambio de administración, las comunidades indígenas fueran visibles para la Federación y ésta reconsiderara las formas para intentar poner en marcha el megaproyecto Tren Maya, pero con desagrado se percataron de que en esta nueva administración la historia no cambiaría y la esperada justicia no llegará a los pueblos indígenas de México.
En aquel foro se explicó que las zonas o franjas económicas, como el corredor transísmico, lo que representa una enorme devastación del medio ambiente, tienen como propósito la consolidación de grandes acuerdos comerciales, pero, además, frenar el flujo migratorio hacia los Estados Unidos.
Asimismo, el desconocimiento y eliminación de los acuerdos de San Andrés Larrainzar, firmados en Chiapas como conclusión del conflicto bélico entre el gobierno federal y el EZLN, que daría autonomía a los pueblos indígenas de todo el país, y que nomás quedó en eso, sin ningún cumplimiento por el gobierno de Zedillo y subsecuentes, trajo como consecuencia la imposición de grandes proyectos empresariales, como los que ahora pretende poner en marcha López Obrador. Y de ribete, los participantes en aquel foro reiteraron su rechazo a la conformación de la Guardia Nacional, ya que será el organismo que cuide y proteja los grandes intereses económicos y del gobierno federal. Y hay que recordar que nadie consultó a los indios nada. Y estos rechazan los proyectos, especialmente la construcción del tren maya.
López Obrador parece no escuchar el malestar de los indios porque insiste en la construcción de los grandes megaproyectos.
Ya enfrentó la molestia supina de los indios de Morelos por la construcción de la termoeléctrica de Huesca, que por cierto se cobró el asesinato de uno de los líderes. El conflicto por la imposición de megaproyectos industriales en el poblado de Huesca inició hace ocho años, cuando, en 2011, aún bajo la administración del panista Felipe Calderón, la Comisión Federal de Electricidad comenzó el impulso de uno de sus proyectos más ambiciosos en Morelos, a medio camino entre Cuautla e Izúcar de Matamoros. La Central de Ciclo Combinado (CCC Centro) produciría 622 mega watts por medio de la combustión de gas natural y reúso de gases para calentar agua y convertirla en vapor.
Junto a un gasoducto (que atraviesa zonas de riesgo cercanas al volcán Popocatépetl) y un acueducto (que sobreexplota el caudal del río Cuautla, vital para los ejidos), la construcción de dos termoeléctricas en Huesca forma parte del Proyecto Integral Morelos (PIM), un plan de inversión mixta con miles de millones de dólares en juego. Así están las cosas, mi querido presidente. Y usted conoce mejor que nadie este malestar.
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