Francisco Gómez Maza
• Fatales experiencias en la guerra contra el narcotráfico
• Su trabajo es defender a la nación y ayudar a la población
A este escribidor no le gusta, en lo más mínimo, la militarización de la sociedad. La tumbada Ley de Seguridad Interior, aprobada por la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, lo transportó a la década de los 70, cuando los pueblos de este llamado Continente de la Esperanza sobrevivieron a lo que entonces llamamos “gorilatos”, férreas e implacables dictaduras militares que obligaron a miles de personas a transterrarse a países europeos y, principalmente, a México, un santuario que dio protección y una nueva patria a muchos brasileños, argentinos, uruguayos, chilenos, que, al mismo tiempo, enriquecieron los valores académicos de las instituciones de educación superior mexicanas.
Cómo olvidar las sanguinarias represiones perpetradas por gobiernos federales, que se empañicaban sólo con oír las palabras socialismo y comunismo, o que tenían que enfrentar a avanzadas de la subversión de izquierda en varias zonas del país y el Distrito Federal, y particularmente el estado de Guerrero, en donde los opositores eran desaparecidos como por arte de un mago diabólico.
La gran represión del 68, simbolizada por la llamada matanza de Tlatelolco, ocurrida en La Plaza de las Tres Culturas, brutal como la de Tianamén. A este escribidor le dan pánico las milicias de cualquier signo, no obstante tener militares de carrera en la familia. En aquellos años estábamos seguros de que los soldados eran entrenados para matar. Y en los tiempos actuales, sobre todo desde que Calderón le “declaró” la guerra a las huestes de la llamada “delincuencia organizada”, los soldados no se portaron como defensores del pueblo de las garras de los sicarios del narco.
Ha habido muchos muertos en los sexenios de Felipe y de Enrique. Y la autoría de las ejecuciones es de las bandas criminales, los cárteles de la droga, pero también de quienes han sido enviados a supuestamente acabar con los narcos y defender a la sociedad. Es imposible dar cifras exactas de los muertos. Pero ha habido muchos muertos por rifles militares, junto con desapariciones forzadas, inclusive de miembros de las fuerzas armadas.
En esta guerra, que ha durado ya más de dos sexenios (habría que preguntarle al presidente López Obrador si aún sigue esa guerra en su recién iniciada administración, que apenas lleva, hasta ayer jueves, 40 días, los militares – ejército y marina – se han visto involucrados en la eliminación de un número no documentado de víctimas civiles, que no han sido narcotraficantes y, particularmente, niños. Ese mandato de reprimir y matar lo vi y sentí en carne propia durante la cobertura de la sublevación indígena en Chiapas, en enero del 1994.
Y aunque analizar y hablar, a toro pasado, de la creación de la Guardia Nacional, con base en los contingentes de los cuerpos de policías militares, parecería inútil, sí es importantísimo dejar un precedente de descontento, ese descontento que han manifestado influyentes organizaciones de la sociedad civil, defensoras de derechos humanos (no me refiero al PAN porque el voto contrario de ese partido es de oficio, por “joder” a Morena, no porque esté en contra del militarismo en que ellos se apoyaron, cuando el presidentito azul se puso una casaca verde olivo, que le quedó guanga, y le declaró la guerra a las poderosísimas bandas del narco.)
Desde este espacio, apoyamos el malestar del colectivo #SeguridadSinGuerra, al lamentar que los legisladores que votaron en favor de esa corporación ignoraron la evidencia que especialistas y activistas en materia de seguridad y justicia presentaron durante los foros efectuados en San Lázaro. Este cuerpo militarizado podría agravar la inseguridad y la violencia, además de que es contrario a las recomendaciones de organismos internacionales. También apoya a la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), la cual exigió que los legisladores incorporaran las propuestas, presentadas el jueves de la semana pasada por los titulares de la ONU-DH, Jan Jarab, y de la CNDH.
Y en una carta, eurodiputados y parlamentarios alemanes consideraron preocupante la aprobación de la reforma constitucional y llamaron a desistir de la creación de un cuerpo militarizado para atender la seguridad pública.
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