Las Autodefensas surgen ante la inutilidad policiaca
Antes que la Constitución está la defensa de la vida
Desde tiempos inmemoriales, cuando el Gobierno es ineficiente y sus cuerpos de seguridad no funcionan, o funcionan coludidos con las fuerzas del mal, las sociedades, las comunidades, los grupos de poder, los caciques se han hecho justicia por su propia mano. En México, ante la corrupción de los grupos institucionales, han estado presente siempre las guardias blancas, las guardias rurales, las autodefensas y, bajo el apoyo de los gobiernos, los grupos antisociales como los paramilitares. Chiapas, desde la época del Porfiriato, de las fincas, hasta la aparición del EZLN, es un ejemplo de ello.
En otros niveles, ante la inutilidad del gobierno, la sociedad ejerce su papel, suplanta a las autoridades. Esto ocurre ante las grandes vicisitudes que sufren las sociedades. Así fue durante los terremotos de septiembre de 1985, que cogieron durmiendo al gobierno de Miguel de la Madrid. Fue la ciudadanía la que encabezó el salvamento de vidas humanas enterradas en los grandes escombros que dejaron los movimientos telúricos.
Los estados de Michoacán y Guerrero están ahora en el ojo del huracán por la aparición de las llamadas Autodefensas. Las comunidades rurales, cansadas del asedio de la criminalidad asociada al narcotráfico, crean sus propios cuerpos policiacos, al margen de la institucionalidad. Y esto ocurre porque las fuerzas de seguridad – policías y soldados – son incapaces de detener la ola de asesinatos, secuestros, levantones etcétera.
El asunto acaba de ser puesto en tela de juicio y en el centro del debate por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), institución que divulgó recientemente un est6udio en el que advierte que la “inseguridad, violencia y situación socioeconómica, que se viven en Guerrero provocó el surgimiento de los grupos de autodefensa, y que “desaparecerlas, sin acabar con las causas que las originaron, sería dejar a la ciudadanía en la indefensión”. Lo mismo podría haber asegurado de la situación de Michoacán o de la de cualquier otra región del país en donde operan esas policías comunitarias.
Indudablemente que el “el uso de la fuerza por parte de los miembros de la sociedad vulnera el artículo 17 de la Constitución Política y entraña un riesgo fundado de que la espiral de violencia se recrudezca y se constituya en un factor que afecte a la gobernabilidad e impida la recuperación de la seguridad pública”, como se lee en el documento. Pero si lo que está en juego es mi seguridad personal y familiar y la policía no mueve un dedo para defenderme, me importará un bledo lo que diga la Constitución. Asumiré mi derecho a defenderme.
Lo dijimos ayer en este espacio. La paz es producto de la justicia. Y en México no se practica la justicia. Se habla mucho de ella en el discurso, pero en la práctica a los poderosos, principalmente a los políticos, les importa un bledo. Y la inseguridad sigue tan rampante a pesar de los cotidianos discursos de los encargados de combatirla. La violencia no se combate con la violencia, ni siguiera con la violencia llamada legítima, que es la que legalmente ejercen las autoridades legítimas. Pueden desgañitarse los políticos, pueden prometer que acabaran con la delincuencia y que reinstalarán la paz en la sociedad Mexicana.
Nunca lo lograrán en tanto no se revierta la injusticia de toda índole, en donde una pequeña minoría de plutócratas sí tiene derecho a violar la Constitución para su defensa y la inmensa mayoría vive al arbitrio de la inseguridad. El ombudsman tiene razón. Ni en el estado de Guerrero, ni en Michoacán, ni en cualquier lugar de México están dadas las condiciones de justicia para que la gente viva en paz. Siempre ocurre el mismo fenómeno en las naciones que optan por el modelo concentrador de la riqueza en pocas manos.
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