CIUDAD DE MÉXICO.- El Grupo de Trabajo de Justicia Cotidiana, coordinado por la diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena), convocó a integrantes de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), para conocer su opinión sobre el proyecto de Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Alavez Ruiz expresó que ese Código es una norma de gran trascendencia para la vida de todas y todos, “ya que, de alguna manera y en algún momento de nuestra vida, invocaremos esa ley para resolver alguna controversia; así de grande y complejo es el mandato constitucional que hoy atendemos con celoso cuidado”.
Con este diálogo, dijo, se busca un elemento común: justicia para nuestra sociedad, y que esta sea pronta, expedita, accesible a pesar de las diferencias y de las condiciones de cada persona, hombre, mujer, niñas, niños o adolescentes. Además, la perspectiva de derechos humanos debe privar en este Código, para garantizar el acceso a la justicia.
Hizo un reconocimiento a la Conatrib por la elaboración de la iniciativa que es base de un análisis nacional, pues a lo largo de sus 11 libros y más de 600 artículos se sistematiza la experiencia y la sensibilidad social.
“Nosotros escucharemos a los expertos para tener una ley a la altura de las necesidades de nuestros tiempos; realizaremos foros de consulta y no vamos a dejar a nada y a nadie fuera. La ley es para todas y todos, no es un negocio, sino la esperanza de un nuevo modelo de justicia cercana a la gente”, añadió.
Precisó que desde hace meses el Grupo de Trabajo ha sesionado para dar continuidad a la revisión de la iniciativa, e incluso se emprendió un trabajo en conferencia con el presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, Rafael Espino de la Peña (Morena), para la construcción de la norma.
Que el ciudadano tenga acceso a la justicia
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI), se congratuló por el esfuerzo de las y los magistrados al procurar un texto base para la discusión, ya que ese Código “no es sencillo y no es tema que pueda salir desde la Cámara sin escuchar a todos los actores”.
Para que tenga éxito el Código, dijo, es fundamental que tenga un horizonte de tiempo, es decir que no sea objeto de modificaciones cuando se expida, por no ser adecuado a la realidad, ser omiso o por dejar algo fuera o cosas que no debieron ser.
Hizo votos para que ese Código ayude a simplificar y no a complicar las cosas; que se armonice con los Tratados Internacionales, vea hacia el futuro y que no sea homologar en el sentido de achatar, que el ciudadano tenga acceso a la justicia y cercanía, y se acompañe de presupuesto, es decir que tenga una ruta para instrumentar.
70 por ciento de las controversias son civiles y familiares
El presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, Rafael Espino de la Peña (Morena), aplaudió el trabajo en conferencia con la Cámara de Diputados, para lograr el cuerpo normativo denominado Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que obedece a la modificación constitucional de 2017 y a la iniciativa presentada por el senador Ricardo Monreal Ávila (Morena) y el entonces senador Julio Menchaca.
Precisó que el 70 por ciento del total de las controversias en el país son de naturaleza civil y familiar. “En este recorrido nos hemos encontrado con diversas expresiones de la situación actual de los procesos civiles y familiares en el país; es un reto enorme el lograr hacer los tribunales cercanos a la gente y que sea gratuita para los ciudadanos”.
Es un reclamo social y económico
El presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib) y del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), magistrado Rafael Guerra Álvarez, explicó que la propuesta de Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares elaborada por la Comisión es el resultado del estudio de más de 246 ordenamientos jurídicos nacionales, federales e internacionales, para lograr una visión más organizada y estructurada del procedimiento, las acciones y los juicios.
Subrayó que es de vital importancia la expedición de este nuevo ordenamiento jurídico, pues además de que ha sido rebasado el plazo constitucional para su expedición, el reclamo social y económico para la solución de conflictos se ha incrementado al carecer de disposiciones legales uniformes en toda la República Mexicana.
Guerra Álvarez sostuvo que las y los presidentes de los poderes judiciales están ocupados y preocupados por el régimen jurídico que rige los procedimientos a través de los cuales se atienden los servicios de impartición de justicia, mismos que deben cumplirse atendiendo a los más altos estándares de calidad y respeto a los derechos humanos, garantizando su solución en forma pronta y expedita.
Agregó que la decisión que tome el Congreso de la Unión sobre el tipo de Código Nacional debe ser inclusiva de todos los operadores del sistema de impartición de justicia, personas litigantes como juzgadoras, así como de todas las personas justiciables, sin importar edad, condición, sexo, posición social o económica, orientación sexual u otros factores.
AM.MX/fm
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