La reforma judicial impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha generado fuertes divisiones dentro del Poder Judicial, especialmente en torno al tema de la paridad de género.
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Loretta Ortiz Ahlf, ha defendido la iniciativa asegurando que esta trae «grandes oportunidades» para lograr una representación igualitaria en los tribunales.
Sin embargo, la jueza Martha Magaña, quien ha sido una de las principales opositoras, advierte que los cambios propuestos representan un «retroceso» en los avances conseguidos en 2019.
Ortiz Ahlf, en una serie de publicaciones en X (antes Twitter), argumentó que, a pesar de la aprobación de la reforma constitucional «Paridad en todo» en 2019, el Poder Judicial aún no refleja una paridad real. Según la ministra, solo el 29.5% de los titulares de órganos jurisdiccionales ordinarios eran mujeres en 2023. A lo largo de dos siglos, únicamente 15 mujeres han llegado al máximo tribunal del país.
«Por primera vez habrá una Suprema Corte mayoritariamente femenina», afirmó Ortiz, señalando que la reforma permitirá que se elijan cinco ministras y cuatro ministros en las próximas renovaciones del tribunal. Además, explicó que otras instancias, como el Tribunal de Disciplina Judicial y las Salas Regionales del Tribunal Electoral, también se conformarán con una mayoría de mujeres.
No obstante, la jueza Magaña, quien recientemente concedió una suspensión provisional para frenar la discusión de la reforma, criticó duramente estas afirmaciones.
Aseguró que la medida de cesar a 466 juezas y magistradas federales para sustituirlas no promueve la paridad de género, sino que constituye «violencia institucional». Según Magaña, los logros alcanzados en 2019, cuando se aprobó la paridad, «quedarán sepultados bajo losas de concreto» con los cambios propuestos.
La jueza consideró que la reforma, lejos de garantizar igualdad, será un golpe a las mujeres que han logrado ascender en el sistema judicial a lo largo de los años, permitiendo el desmantelamiento de la estructura actual en favor de nuevas designaciones.
La reforma judicial también propone la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular entre 2025 y 2027, lo que añade otra capa de controversia a la ya tensa discusión sobre los cambios constitucionales.
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