Rodolfo Villarreal Ríos
La semana anterior nos quedamos en que, durante el verano de 1926, la curia mostró su doble cara. Por un lado, llamaban a la concordia y por el otro lanzaban el mandarriazo. La confrontación abierta se haría presente durante el segundo semestre de 1926.
El 25 de julio, previa autorización papal, ocho arzobispos y veintinueve obispos mexicanos emitieron una Carta Pastoral en la que decretaban el cierre de los templos y la suspensión de los servicios religiosos. Obviamente culparon de ello al gobierno mexicano. Esta conseja, aún en nuestros días, los crédulos la compran.
Tras de invocar la preocupación de Ambrogio Damiano Achille Ratti, el papa Pío XI (1922-1939), por la situación prevaleciente en México, procedieron a recordar que desde 1917, Giacomo Paolo Giovanni Battista della Chiesa, el papa Benedicto XV (1914-1922), se había opuesto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos algo que fue ratificado por Pío XI, en su Carta Apostólica del 2 de febrero de 1926, misma que aquí comentamos la semana anterior. A continuación, procedieron a señalar que ahora se “…vulnera[n] los derechos divinos [¿?] de la Iglesia, encomendados a nuestra custodia…”. Nada tenemos que objetar que quieran imponer eso entre sus seguidores, pero ¿Con que autoridad real se abrogaban la exclusividad en la relación con El Gran Arquitecto?
Y seguían apuntando que la disposición legal emitida en México “… es tan contraria al derecho natural, que no sólo asienta como base primordial de la civilización y la libertad religiosa, sino que positivamente prescribe la obligación individual y social de dar culto a Dios…” Lo de la libertad religiosa es un asunto de como cada uno, en el ámbito de su muy personal, privada y respetable perspectiva, decide la forma en que ha de relacionarse con El Gran Arquitecto. Además, ¿En dónde estaba escrito que por la fuerza había, o hay, que rendir culto a nadie?
Pero trataron de darle a su postura sustento legal y apuntaron “…es tan opuesta según la opinión de eminentes jurisconsultos católicos y no católicos, al derecho constitucional mexicano, que, ante semejante violación de valores morales tan sagrados, no cabe ya de nuestra parte condescendencia ninguna. Sería para nosotros un crimen tolerar tal situación: y no quisiéramos que en el tribunal de Dios nos viniese a la memoria aquel tardío lamento del Profeta: ‘Vae mihi, quia tacui.’ (Ay de mí, porqué callé).’” Pero ya en plena carrera no paraban e insistían en que eran los emisarios directos de El Gran Arquitecto, al tiempo que abrogaban ser poseedores de derechos divinos mientras hacían preguntas diversas.
“¿Quién no ve que convertir actos prescritos o aconsejados por Dios y, por tanto, santísimos, actos amparados por todas las legislaciones de los pueblos cultos, actos que durante siglos han sido el alma y la vida de la Nación mexicana…?” Y preguntamos nosotros, ¿En realidad eran preceptos emitidos por El Gran Arquitecto someter vía la superchería y la ignorancia, practicar el clasismo y, además, atacar físicamente a quien no compartiera su perspectiva?
Esto último ni siquiera lo consideraban y acto seguido espetaban: “¿Quién no ve, decimos, que convertir tales actos en delitos, dignos de pena, por cierto, más rigurosos que las impuestas a los crímenes contra la moral en general, contra la vida, contra la propiedad y demás derechos de los ciudadanos; es un agravio verdaderamente inaudito que el último Decreto del Ejecutivo infiere a los derechos divinos, [¿?] al derecho natural y a los intereses más caros y sagrados de la nacionalidad mexicana?” En contra de los ciudadanos no se emitía ninguna ordenanza, ni se les conminaba a practicar o dejar de profesar creencia alguna, las disposiciones buscaban poner orden, en algún caso de manera excesiva lo reconocemos, en las acciones de los ministros de culto en cualquiera de sus acepciones. Pero, como sabían que del gobierno mexicano no iba a salir quien, para complacerlos, procedieron en consecuencia.
“En la imposibilidad de continuar ejerciendo el Ministerio Sagrado según las condiciones impuestas por el Decreto citado, después de haber consultado a Nuestro Santísimo Padre, Su Santidad Pío XI, y obtenida su aprobación, ordenamos que, desde el día 31 de julio del presente año, hasta que dispongamos otra cosa, se suspenda en todos los templos de la República, el culto público que exija la intervención del sacerdote.” [Las negritas son nuestras] Eso sí, después se encargaron de propagar, y hacer creer a los crédulos poco cuidadosos, que el cierre de templos fue obra de un Estadista “diabólico” de apellidos Elías Calles Campuzano. Lo que sí efectuaron las autoridades mexicanas fue tomar el control de los edificios destinados al culto religioso, ya que estos eran propiedad de la nación, pero nunca los cerraron o prohibieron que los mismos católicos acudieran a ellos cuando quisieran. Posteriormente, sin que el gobierno mexicano renunciara a su propiedad, serían juntas de vecinos las que se encargarían de cuidar de esos sitios dedicados a la oración, Sin embargo, tras asestar el golpe, los prelados mexicanos trataron de suavizarlo.
El 30 de julio, el obispo de Tabasco, Pascual Díaz y Barreto, escribió una carta al presidente de la Junta de Asistencia Privada, Eduardo Mestre Ghigliazza, solicitándole que intercediera ante el presidente mexicano y le solicitara una audiencia para los religiosos quienes le reiterarían que no eran enemigos del gobierno, aun, cuando decimos nosotros, no perdieran oportunidad para lanzarle mandarriazos y calificarlo de una partida de herejes.
Ellos, aclaraban, simplemente estaban en desacuerdo con las disposiciones, pero en el marco de la ley. Obviamente hacían de lado las amenazas de excomunión con las que aderezaron la Carta Pastoral y que a le letra decían: “Es evidente que ni vuestra posición social, ni mandatos recibidos ni intereses algunos, excusarían de grave crimen ante Dios y ante los hombres, el que los católicos cooperaran a los males gravísimos que trae consigo la aplicación de las leyes anticatólicas. Y con mucha mayor razón se debe huir el vergonzoso calificativo de traidor a su religión y esquivar las graves penas canónicas en las que incurriría quien amparado con la llamada acción popular, se atrevería a denunciar a las personas o a los bienes sagrados.” Y esto último es lo que más les preocupaba tener a buen resguardo.
Dado que el presidente mexicano aceptó recibirlos el 21 de agosto, previamente el 16, el arzobispo José María Mora y Del Río y el obispo Díaz y Barreto, le enviaron una carta justificando sus acciones, las cuales decían eran producto de la imposibilidad de ejercer su ministerio bajo las leyes prevalecientes. Apelaban a lo que en lenguaje vulgar se llama “hacerse de la vista gorda,” y no llevar a la práctica las disposiciones legales. Vaya con los guardianes de la legalidad y la decencia, solicitando violaciones siempre y cuando fueran a su favor, por supuesto. Asimismo, argüían que para ejercer su misión era necesario contar con libertades tales como la de conciencia, pensamiento, oración, instrucción, asociación y de prensa. En igual forma demandaban, se les reconociera su personalidad jurídica. Ello era una muestra del doble estándar bajo el cual operaban los miembros de la Iglesia Católica. Se les olvidaba, y hasta donde sabemos aún en nuestros días no lo han repudiado, el contenido de un par de encíclicas papales. Una, Mirari Vos sobre el Liberalismo y el Indiferentismo Religioso emitida, el 15 de agosto de 1832, por Bartolomeo Alberto Cappellari, el papa Gregorio XVI (1831-1846), en la cual prohibía la libertad de libre pensamiento. Otra, Pascendi Dominici Gregis sobre la Doctrina de los Modernistas, escrita, en 1907, por Giuseppe Melchiorre Sarto, Pío X (1903-1914). Esta aprobaba la censura de escritos que disintieran con los puntos de vista de la Iglesia. Bajo esas premisas fueron los prelados Mora y Díaz a entrevistarse con el estadista Elías Calles.
En la reunión efectuada el 21 de agosto de 1926, los obispos Leopoldo Ruiz y Flores (Michoacán) y Pascual Díaz y Barreto (Tabasco) ratificaron la postura descrita trataron, en vano, de viva voz persuadir al Estadista Elías Calles que se olvidara de las medidas implantadas y los dejara operar a su libre albedrío. La respuesta fue un no aderezado con florituras legales y algunas precisiones históricas sobre el comportamiento de la Iglesia Católica en el pasado. El escenario quedaba listo para eventos mayores.
Dado que la respuesta no fue la esperada salieron de ahí tramando la revuelta que costó la pérdida inútil de las vidas de casi cien mil mexicanos. Eso sí, clamaban que el gobierno de nuestro país había ordenado el cierre de templos, una conseja que aún hasta nuestros días creen quienes no gustan de revisar los documentos originales. Por ello, debemos de ser cautos, aun cuando hoy la piel de la oveja cubra su accionar. La historia siempre provee con lecciones como las que se derivan de la Carta Pastoral del 25 de julio de 1926.
Mientras tanto a principios de septiembre en los Estados Unidos de América, el Consejo Supremo de los Caballeros de Colón solicitaba al presidente Calvin Coolidge la intervención de ese país para someter al gobierno mexicano. También ahí, la respuesta fue un no rotundo. Para mediados de octubre ya se encontraban en Roma los obispos mexicanos José María González y Valencia (Durango), Emeterio Valverde y Téllez, (León), y Gerardo Méndez Del Río (Tehuantepec) quienes eran representantes del ala más radical de la jerarquía católica mexicana
Como era de esperarse, esa tercia se encargó de pintarle al papa Pío XI una versión maniquea sobre lo que sucedía en México. Fueron tan persuasivos en su descripción que, después de ello, el máximo jerarca católico quedó convencido de que la única alternativa disponible era la confrontación directa con el gobierno mexicano.
El 11 de noviembre de 1926, se publicó la encíclica papal Iniquis Afflictisque, en la cual aparte de desaprobar lo establecido en la Constitución Mexicana, se alababa las acciones de los Caballeros de Colón, pero sobre todo las realizadas por los integrantes de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa (LNDLR). En otra parte de ese documento, el papa alabaría a todos los católicos quienes se oponían al gobierno mexicano, porque en lugar de evadirlo buscaban el peligro y aun se regocijaban por sufrir la persecución de los, que él llamaba, enemigos de la Iglesia. Vaya forma de interpretar la doctrina de El Gran Arquitecto, en lugar de hacer un llamado a la paz y la concordia entre los seres humanos se incitaba a la violencia. Poco le faltó para citar las palabras de uno de sus antecesores, Otto de Lagery, el papa Urbano II (1088-1099) quien en la época de las Cruzadas hizo un llamado a los católicos para que fueran y exterminaran a los infieles.
Ante ese escenario, el 26 de noviembre del año mencionado, se reunieron los líderes de la LNDLR Rafael Ceniceros y Villarreal, Luis G. Bustos, Miguel Palomar y Vizcarra, y su asesor el sacerdote jesuita Alfredo Méndez Medina con los obispos Ruiz y Flores, Díaz y Barreto, José Othón Núñez y Zárate (Oaxaca); Ignacio Valdespino y Díaz (Aguascalientes); Jesús María Echevarria y Aguirre (Saltillo); Miguel María De La Mora (San Luis Potosí); Vicente Castellanos y Núñez (Tulancingo); Gerardo Anaya y Díez De Bonilla (Chiapas); Antonio Guizar y Valencia (Chihuahua); Leopoldo Lara y Torres (Tacámbaro); Nicolás Corona (Papantla); y Luis María Altamirano y Bulnes (Huajuapan de León).
La petición fue muy concreta, solicitaron aprobación de este grupo para que la LNDLR se lanzara al movimiento armado y pudiera contar con capellanes que les dieran apoyo espiritual. Los prelados solicitaron un poco de tiempo para analizar la propuesta. El 30 de noviembre se volvieron a reunir, si bien nunca se mencionó explícitamente la autorización de una revuelta armada, se les indicó que aquellos sacerdotes que quisieran servir como capellanes en los grupos defensores de la fe podrían obtener permiso para desempeñar actividades de auxilio espiritual en el frente de batalla. Los miembros de la LNDLR salieron más que satisfechos, podían ir con la conciencia tranquila a exterminar a los infieles. Y todavía hay por ahí quienes se atreven a negar que la reyerta inútil contara con la bendición de la alta jerarquía católica.
Formalmente, a partir de principios de diciembre de 1926 y hasta el 21 de junio de 1929, el país habría de verse envuelto en una lucha fratricida cuyo único objetivo era retroceder el reloj de la historia y ubicarnos en los tiempos de la religión oficial en donde el libre pensar estaba vedado y las lecturas deberían de someterse a la revisión de la autoridad eclesiástica. Bajo el disfraz de consejas en donde se pintan como víctimas han encubierto cuál era su objetivo real, nada tenía que ver con asuntos espirituales.
La curia fracasó y no pudo impedir la conclusión del edificio que albergó al Estado Mexicano Moderno al amparo del cual, durante los siguientes setenta años, en medio de aciertos y errores, México creció y se desarrolló, a pesar de lo que digan los cortos de memoria y sus acompañantes, los renegados, quienes actúan como mozos de estoques.
Por último, dos preguntas: ¿En dónde han quedado quienes se dicen Liberales, pero son incapaces de emitir un punto de vista distinto al que exponen, como verdad eterna, los panegiristas de la victimización cuando narran lo sucedido alrededor de la reyerta inútil (a) la cristiada? ¿Por qué no se atreven a señalar que la reyerta inútil, en realidad, fue una revuelta para tratar de impedir el nacimiento del Estado Mexicano Moderno, acaso temen al incremento de la penitencia dominical? vimarisch53@hotmail.com
Añadido (26.34.113) Mientras leíamos el alud de elogios que le vertían en medio de vientos porteños, en nuestra mente se repetía una y otra vez lo que Enrique Santos Discépolo escribió, en 1943, el tango Cambalache.
