El endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos, ordenada por el presidente Donald Trump, ha empujado a los migrantes a depender más de traficantes, los llamados “polleros”, que han quintuplicando las tarifas hasta llegar a 15 mil dólares (300 mil pesos) por un viaje de Tapachula hasta cruzar la frontera norte.
Las nuevas disposiciones adoptadas por el presidente Trump han incluido la eliminación de programas como el permiso humanitario para ciudadanos de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití, así como el cierre de la plataforma CBP One, que permitía solicitar citas para ingresar legalmente a Estados Unidos por vía terrestre.
Estas acciones, de acuerdo a una nota de la agencia EFE – destacada por varios periódicos de la Ciudad de México – ha generado repercusiones directas en la frontera sur, particularmente en Tapachula, Chiapas, donde se ha intensificado la actividad de las redes de tráfico de personas, según reportes de organizaciones civiles.
Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana (CDH) en esa ciudad fronteriza, informó que los traficantes de personas están cobrando entre 10 mil y 15 mil dólares ( de 200 mil a 300 mil pesos) por viaje.
Antes los llamados “polleros” pedían alrededor entre 2 mil y 4 mil dólares (40 mil y 80 mil pesos) por persona y, de acuerdo a los reportes de prensa, en febrero de este año llegaron a cobrar entre 7 mil y 8 mil dólares, es decir 14 mil y 16 mil pesos.
“Por eso, la lucha intestina también de los cárteles, por eso, la guerra de la policía chiapaneca con los diferentes cárteles, porque la mitad de eso que se gana de ese botín que tienen los traficantes de personas, los cárteles tienen que ver con esta guerra intestina porque se está peleando la ruta del tráfico y trata de personas”, señaló García Villagrán en entrevista con EFE.
De hecho, indicó que, en ocasiones, los migrantes son acercados al cruce del río Suchiate, que divide a México con Guatemala, y desde allí son llevados hasta la frontera con Estados Unidos, situación que muestra que la migración irregular no se ha detenido pese a las políticas de Washington.
En la mayor ciudad fronteriza del sur de México, se encuentra la migrante cubana Ghislayne Jiménez Moret, quien narró a EFE que pagó pasajes de 5 mil dólares de su país hasta Nicaragua y de esta nación fue trasladada a la frontera de México con Guatemala por otros traficantes.
“Claro, nosotros nos venimos de manera ilegal, pagamos hasta Nicaragua, porque Cuba es una isla que está en medio del mar y no tiene frontera y luego pagamos pasajes de 5 mil dólares cuando llegamos a Nicaragua; ahí hay gentes o “coyotes”, que nos traen hasta acá (Tapachula), y estos cobran en dólares”, agregó Moret.
La migrante, aunque es una psicóloga profesional, en Tapachula trabaja en una empacadora donde labora alrededor de 17 horas diarias y no puede dejar de hacerlo porque tiene que cubrir sus gastos diarios.
A principios de este año, el sacerdote Heyman Vázquez, párroco de Suchiate, entrevistado por un diario local, expresó que la migración hacia los Estados unidos desde la frontera sur de México no se va a detener, ni la política migratoria más restrictiva del presidente Trump va a impedir que el “sueño americano” se siga buscando.
A pesar de la crisis que existe, indicó el sacerdote, los traficantes de indocumentados no cesan su actividad y han encarecido el traslado, ya que a decir de los mismos migrantes: “por parte de estas organizaciones el traslado no corre riesgo porque existen arreglos que implican el pago con distintas autoridades de seguridad, incluyendo a las migratorias por el territorio mexicano”.
En efecto, el cierre de la frontera con Estados Unidos y el endurecimiento de las políticas migratorias planteadas por Trump tuvo como efecto inmediato desactivar las caravanas de migrantes, pero en cambio favoreció a las redes de traficantes de personas, muchas de las cuales operan desde hace 61 años, a partir de que se finalizó el Programa Bracero en 1964.
Estas redes están directamente relacionadas con los denominados polleros, coyotes, pateros o enganchadores. Aunque estos conceptos suelen tomarse como sinónimos, hoy en día se hacen distinciones entre ellos como parte de una estrategia para evitar ser acusados de violación al artículo 138 de la Ley General de Población vigente en México que aplica penas de cárcel a los “traficantes de personas”.
Los modos de operación y abusos cometidos por las redes de tráfico de migrantes son diversos y han ido adquiriendo cada vez mayor presencia dentro de la dinámica de migración ilegal en el continente americano, señala una investigación, titulada “Los polleros y las redes de tráfico de migrantes en América Latina” realizado en 2005 por Elisa Gaxiola, Nancy García, Arnoldo Guajardo, Violeta Montes de Oca y Marissa López.
Tan sólo para 2003, según esta investigación, se calculaba la existencia de 120 organizaciones de polleros, ello sin contar las que pasan inadvertidas gracias a su hábil organización o por su combinación con las autoridades mismas. Sin embargo, según un informe de las autoridades estadounidenses, en la frontera con México se revela la presencia de al menos 400 organizaciones de traficantes. En el mismo informe se menciona que estas redes han logrado establecer rutas y caminos propios para movilizar a los migrantes.
Aunque no existen cifras oficiales especificas referentes a las bandas de “polleros” que operan en Chiapas y específicamente en Tapachula, se calcula que en esta región fronteriza operan decenas de estas bandas, muchas de ellas con conexiones directas con grupos del crimen organizado.
En el municipio de Suchiate se reportaron más de diez homicidios relacionados con el tráfico de personas sólo en 2024, y en Tapachula se han registrado por lo menos 12 muertes y varios enfrentamientos entre bandas rivales por el control de las rutas del tráfico de personas. RDM
