Lilia Arellano.
“Proponemos la reforma del poder para que exista una nueva relación entre el ciudadano y el Estado”: Luis Donaldo Colosio
• Avanzan pactos políticos
• En México, ni democracia ni Estado de Derecho
• Retienen el Edomex por Coahuila, Nayarit y Ver.
• INE hace su parte con fiscalización; va el TEPJF
• Escándalo: espionaje, represión, torturas, muertes
• Transformación de la República, propone MAM
• De demandas no atendidas, EPN culpa a estados
Ciudad de México, 10 de Julio de 2017.- Ni la democracia ni el Estado de Derecho funcionan en México. Lo que aplica es la negociación política, los acuerdos en los subterráneos de las instituciones, desde la Presidencia de la República, pasando por el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Los gobernantes mexicanos no se definen por la voluntad popular –como ocurriría en una democracia-, sino por las negociaciones de los cabilderos políticos, cuyos resultados anulan la aplicación estricta de las leyes electorales.
Los resultados finales de los pasados procesos electorales para gobernador en Coahuila, Estado de México, Nayarit y los municipales en Veracruz, serán decididos por los tribunales electorales, tras las negociaciones entre los partidos políticos, no por el voto de los ciudadanos. La fiscalización de los gastos de campaña en esas entidades abrió de par en par la sala de negociación entre el PRI de Enrique Peña Nieto con el PAN de Ricardo Anaya para garantizarle la matriz de los negocios del grupo en el poder en el Estado de México, a cambio del resto de las posiciones políticas en disputa.
Tal y como se lo adelantamos en estas mismas líneas, a cambio de respetar el “triunfo” de Alfredo del Mazo en el Estado de México y no unirse a las protestas y reclamos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de Delfina Gómez, al panismo le darían la gubernatura de Coahuila, a pesar de que los resultados electorales oficiales dan como ganador al priísta Miguel Ángel Riquelme, en contra de la voluntad del gobernador Rubén Moreira, a quien seguramente le tienen preparada una encerrona; le respetarían el triunfo de Antonio Echevarría en Nayarit, así como las victorias de los abanderados panistas en Veracruz.
En el caso de la elección del Estado de México, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE determinó que en los comicios para gobernador no se reportó rebase en el tope de gastos de campaña. Aún cuando el límite permitido para los candidatos era de 285 millones de pesos, todos los candidatos quedaron lejos de esa suma, concluyó la autoridad electoral.
Todo parece indicar la elección en Coahuila será anulada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), tras el doble rebase de topes de campaña realizado tanto por el candidato del PRI como del PAN. En efecto, la fiscalización de los gastos de campaña en el terruño de los Moreira por parte del INE pone la mesa a los cabilderos políticos. Miguel Ángel Riquelme, de la coalición Coahuila Seguro (PRI-PVEM-Panal), no sólo rompió el tope de gastos en 5.9 millones de pesos -31% por arriba del tope permitido de 19.2 millones-, sino también omitió reportar 7.8 millones y contrató propaganda en radio y televisión (25 promocionales) prohibida por la ley, a un costo de 1.7 millones de pesos.
Pero también el candidato de Alianza Ciudadana por Coahuila (PAN-PES-Unidad Democrática de Coahuila y Primero Coahuila), Guillermo Anaya Llamas, rebasó el tope de gastos de campaña: gastó 24.3 millones de pesos, es decir, 5.1 millones más del máximo fijado para la elección (26 por ciento). Y dejó de reportar recursos por un monto de 5.2 millones de pesos (espectaculares, bardas, mantas, propaganda por internet y gasto operativo).
De acuerdo a las leyes electorales vigentes, las nulidad de las elecciones proceden cuando se rebasa el tope de gastos de campaña por arriba del 5 por ciento de la cantidad fijada. Este supuestos se cumple en Coahuila, pero esto lo decidirá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyos integrantes habrán de determinar la procedencia o no de estas violaciones graves y causal de nulidad de los comicios. Material para esto hay de sobra:
El triunfo de Riquelme fue ampliamente cuestionado por la manipulación del Programa de Resultados Electorales Preliminares, la operación del conteo rápido y la presunta manipulación de paquetes. El priísta rebasó el tope de campaña con 31.2 por ciento de lo permitido. Cuando excede el 5% es ya considerado como grave. Además, omitió reportar 25 spots, por un importe de un millón 450 mil pesos y cinco anuncios más en TV por 290 mil pesos. La Constitución establece como violación grave cuando “se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos”. Tanto el rebase de topes como la adquisición ilegal de promocionales son causales de nulidad de la elección.
De ahí que las declaraciones de Jorge Carlos Ramírez Marín, vicecoordinador de los diputados priístas, en el sentido de que retendrán el triunfo en la elección de Coahuila, no sean más que parte del tinglado de negociación con los panistas. “Tenemos pruebas para demostrar que no rebasamos el tope. El triunfo de Riquelme para nosotros es inobjetable”, dijo Ramírez, quien más parecía estar leyendo un guión que dando bases legales para rebatir las precisiones del INE.
Hacer de la política un estercolero es otro de los objetivos presentados a través de la supuesta determinación de declarar nulas las elecciones en Coahuila al aplicar el texto del artículo 41 Constitucional, en donde se marca el 5 por ciento de margen para exceder los gastos de campaña y la diferencia entre el primero y segundo lugar en la captación de votos. Tanto la alianza encabezada por el PRI como la panista, rebasaron estos gastos. Los blanquiazules se defienden señalando que las entregas económicas hechas a los vigilantes en las mesas de recepción de sufragios ya no entran en los gastos de campaña; los tricolores niegan haber superado el tope de gastos.
De esta forma, unidos el desencanto sobre el manejo de los votos, los resultados, las mapacherías y las acciones tanto del INE como las esperadas en Tribunales, al temor, al miedo, a la inseguridad, a la paralización humana, la vista más allá de la económica, se pretende generar el punto de partida de una reelección de priístas o inclusive de panistas, no vista en encuestas en las cuales sigue mostrándose a los de Morena en un primerísimo lugar, con todo y la probable incursión del ex foxista Lino Korrodi a esas filas. Pretender resurgir cuando apenas si se logra contar con un 13 por ciento de simpatías, hace cuesta arriba las expectativas priístas, por lo cual sembrar el terror, la inseguridad, es visto como las cartas a jugar.
NAYARIT, RESPETARÁN TRIUNFO DEL PAN
En Nayarit todo parece apuntar a ratificar y respetar el triunfo del abanderado de la coalición Juntos por Ti (PAN-PRD-PT-PRS), Antonio Echevarría, quien de acuerdo con el INE, gastó 20.78 millones de pesos, es decir, 310 mil más al tope fijado en 20.46 millones de pesos. A diferencia de Coahuila, el rebase podría quedar en una multa económica, pues es apenas de 1.5 por ciento. Echevarría ganó por 11.5 puntos porcentuales.
La campaña de Echevarría reportó haber gastado 13.5 millones de pesos, pero el órgano fiscalizador del INE acreditó que omitió declarar 7.2 millones de pesos. Mientras, su competidor más cercano, el priísta Manuel Cota, tuvo una erogación de 14.7 millones de pesos.
De acuerdo con la legislación vigente, si hay un rebase de más el 5 por ciento del candidato ganador, la elección deberá ser anulada. Cuando el porcentaje es menor al 5%, el TEPJF, con base en una interpretación jurídica, tendrá que tomar en cuenta el principio de determinación, es decir, si el rebase impactó en la victoria.
Pero la mesa de negociación entre panistas y priístas se amplió hasta Veracruz. El rebase en los topes de campaña puso en riesgo las victorias del PAN-PRD en 25 municipios veracruzanos, incluida la de Fernando Yunes Márquez –hijo del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares- en la alcaldía de Veracruz.
De acuerdo a los dictámenes de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, 25 de los 107 abanderados de la alianza que ganaron el 4 de junio, en municipios como Boca del Río, Tuxpan y Fortín, sobrepasaron el límite de erogaciones permitidas. Yunes Márquez rebasó en 25 por ciento el tope de gastos. En su campaña erogó 6.06 millones de pesos, cuando el límite era 4.8 millones.
En Boca del Río, el candidato de la coalición PAN-PRD, Humberto Alonso Morelli, rebasó el tope de gastos en 3.49 por ciento. Erogó un total de 1 millón 373 mil pesos, mientras que el tope en la localidad fue de 1 millón 327 mil pesos. En Tuxpan, Juan Antonio Aguilar Mancha, gastó 1.58 millones de pesos y superó en 31 por ciento el tope de gastos establecido en el municipio, de 1.2 millones de pesos. En Fortín, Antonio Mansur gastó 560 mil 675 pesos y superó en 8.2 por ciento el tope de gastos, el cual fue de 518 mil 90 pesos.
Situaciones similares se registraron en los municipios de Sochiapa, Chontla, Tuxtilla, Tilalapan, Ixmatlahuacán, Lerdo de Tejada, Ixhuacán de Los Reyes, Tecolutla, Zontecomatlán, Ixtaczoquitlán, Oluta, Misantla, Landero y Coss, Cosamaloapan, Naolinco, Castillo de Teayo, Villa Aldama, Cuichapa, Tenochtitlán, Tepetzintla y Tenampa.
Como se ve, es amplía la mesa de negociación.
ESPIONAJE Y REPRESIÓN
Se rebasaron los límites. Ya desconocieron cualquier regla, cualquier compromiso con la imagen internacional del país. Sin estar satisfechos por la ridícula declaración de no considerar como acto corrupto el espionaje denunciado en un diario estadounidense en cuyas páginas, por segunda ocasión, denuncian la misma práctica ahora en contra de los integrantes del GIEI. Investigadores espiados, se dice, para entorpecer la indagación del caso Ayotzinapa. Como es sabido, este grupo realizó un seguimiento independiente sobre la desaparición de 43 estudiantes normalistas y señalan fueron espiados con el programa Pegasus, adquirido según el New York Times solamente por gobiernos. Especialistas en la materia advierten la serie de probabilidades de verse la nación envuelto en un escándalo jurídico de dimensiones internacionales.
Estas fallas dentro de la administración de Peña Nieto, el rechazo de señalamientos sin contar con los argumentos suficientes, llevándolos a ir de un extremo a otro en las declaraciones, van sumándose y haciendo públicas otras acciones emprendidas por mandatarios estatales, pero en las cuales queda al descubierto la omisión federal. Pocos saben fue en Puebla, durante el mandato de Rafael Moreno Valle, que llegaron a la cárcel 366 personas en calidad de presos políticos. Hubo represión, se manipularon las acusaciones en contra de luchadores sociales, defensores de tierras o disidentes de quien hoy pretende erigirse como candidato presidencial.
Una a una van comprobándose en el extranjero las denuncias interpuestas por diversas organizaciones sociales relacionadas con los abusos, con el espionaje, con la represión e inclusive con torturas y ejecuciones. En este escenario resulta un tanto difícil visualizar con claridad cuáles son los objetivos reales de permitir la salida de miles de delincuentes amparados en una reforma requerida, paradójicamente, de ser reformada. No son pocos quienes afirman este escenario es producto de una maquinación perversa provocadora de la paralización ciudadana, emprendida desde ahora con visos al próximo año, a obtener con base al terror y al miedo una negativa para cambiar al sistema y así lograr votar por los mismos de siempre, ya sea tricolores o blanquiazules, aliados por la naturaleza ambiciosa, la de los negocios, las grandes fortunas, el ejercicio de poderes totalitarios.
NO FUNCIONA EL SISTEMA DE PARTIDOS
Durante el 15 Aniversario de la Conago (Confederación Nacional de Gobernadores), Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, destacó ante el presidente Enrique Peña Nieto la innegable falta de credibilidad de los partidos políticos, la política y los políticos, por lo cual planteó una transformación de la República. Esto tendría que realizarse a través de una reforma política integral a la ya manoseada y desgarrada Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Mancera mencionó una serie de temas a revisión, los cuales calificó como asignaturas pendientes: el alto costo de las campañas políticas, lo inequitativo de prerrogativas a partidos políticos, la reducción de legisladores, la discrecionalidad en los ejercicios presupuestales, la regulación de candidatas ciudadanas, la necesidad de pesos y contrapesos con gobiernos de coalición y la instauración de paridad efectiva.
En la Plaza de la República, Mancera indicó: “Es innegable que la gente cree cada vez menos en partidos políticos, en políticos y en política, y cada vez más apuestan en las personas, están desgastadas las ideologías, es indispensable colocar a los partidos al servicio de la gente”.
Y mientras el presidente de la Conago llamaba a la transformación de la República, el presidente Enrique Peña Nieto responsabilizaba a los estados y municipios de la falta de atención a las demandas ciudadanas. El mexiquense llamó a los estados a fortalecer sus instituciones locales y dijo el gobierno federal los ayudará en la tarea. Pero, subrayó, es desde la instancia local desde donde deben superarse los desafíos.
Peña Nieto apuntó: “La construcción de un México más fuerte, incluyente y próspero debe iniciar desde lo local. Eso es lo que quieren los ciudadanos, que fortalezcamos a las entidades federativas para que cuenten con las capacidades, responsabilidades instituciones que les permitan responder a las demandas de la población”.
Frente a la principal demanda de la ciudadanía en el país, la inseguridad, el titular del Ejecutivo Federal señaló: es fundamental, en cada una de las entidades se fijen y cumplan una ruta crítica para consolidar instituciones de seguridad y procuración de justicia, a la altura de la exigencia ciudadana y de los restos que enfrentan en ese rubro.
Muchas felicitaciones les lanzó a los gobernadores Enrique Peña Nieto. No podría ser de otra manera cuando, desde ningún punto del territorio nacional se ha permitido surgir algún movimiento en contra de su administración. Durante la reunión de la Conago, a sus 15 años de aparición, todavía no pueden responder cuáles son los beneficios aportados a la población; cuáles los registros de iniciativas en donde se busque darle la vuelta a la situación prevaleciente en la inmensa mayoría; cuáles han sido sus aportes para lograr disminuir, por lo menos en sus entidades, los índices de miseria y pobreza. ¿Qué hacen y que se logra con sus citas, reuniones, acuerdos? …
DE LOS PASILLOS
Más de un año ya pasó y la Ley antideuda no ha dado resultados. La Auditoria Superior de la Federación (ASF) explicó que la Secretaría de Hacienda no ha elaborado el reglamento para su aplicación, además de los holgados tiempos que fijaron los propios legisladores… La ASF no ha podido analizar los resultados de la ley que busca frenar los excesos de los gobernadores y alcaldes, debido a que los legisladores establecieron que el Sistema de Registro Público Único de las deudas debe entrar en operación a más tardar el 31 de octubre… Al cierre del año pasado, la deuda pública de estados y municipios equivalía al 3.1 por ciento del PIB. Este monto representa el 82 por ciento de las participaciones y afecta el 60.2 por ciento de esos recursos, ya que fueron establecidos como fuente o garantía de pago.
A la población no se le engaña pretendiendo maquillar la nota roja. Informadores nacionales salpicarán los sucesos y en las localidades serán otros los perdedores de lectores. Están los corresponsables, sus informantes y los envíos al exterior en los cuales habrá de verse lo que en esta tierra se oculta. Los delitos no se tapan debajo de la alfombra, no por mucho tiempo y de ello se da cuenta, justamente, en los centros turísticos a los cuales no se les protege negando realidades sino todo lo contrario, se les entierra y de la peor manera…
Una vez decretado en el nuevo sistema penal no es delito portar armas aún y cuando éstas sean de las utilizadas exclusivamente por el Ejército, esas dos mil armas ilegales que entran cada día a México vía Estados Unidos según reporta la ONU, se multiplicarán y sin duda alcanzarán a vendérselas a, por lo menos, un tercio de adultos mexicanos. Algunos las adquieren para protegerse, otros para delinquir. Para los EU serán los mejores tiempos de sus fábricas de armas, la época de generosas utilidades…
Un solitario sujeto, Ramón Alberto Guerra Valencia, chileno, mantuvo en alerta durante una década a los habitantes de San Miguel de Allende. Ahí lo consideran, inclusive terrorista y una vez que ha sido detenido exigen a las autoridades no le permitan salir de México sin antes pagar por tantos secuestros y otros delitos cometidos…
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