El Gobierno canadiense ha decidido frenar la inmigración en respuesta a un aumento en la insatisfacción pública.
Casi el 60% de los canadienses considera que hay «demasiada inmigración» en el país, según una encuesta reciente de Environics citada por el Washington Post. Esta cifra representa el nivel más alto de descontento en 25 años, reflejando un cambio notable en la percepción pública sobre la inmigración.
Aunque más de dos tercios de la población creen que la inmigración tiene un impacto positivo en la economía, muchos atribuyen el aumento en los costos de vivienda a la migración. En febrero de este año, la Canada Mortgage and Housing Corp (CMHC) reportó que el valor de las hipotecas alcanzó los 2.160 millones de dólares canadienses, un incremento del 3.4% en comparación con el mismo período de 2023.
Ante este contexto, el vicegobernador del Banco de Canadá, Toni Gravalle, reconoció que los inmigrantes han ayudado a aliviar la escasez de mano de obra. Sin embargo, también advirtió que la oferta de vivienda no ha podido seguir el ritmo del crecimiento poblacional debido a «desafíos estructurales», como restricciones de zonificación y falta de trabajadores de la construcción.
En respuesta a la creciente oposición social, el Gobierno de Justin Trudeau ha comenzado a implementar cambios significativos en su política migratoria. El primer ministro anunció un congelamiento en el número de residentes permanentes y un límite temporal a las visas de estudiantes internacionales. Además, se comprometió a reducir la proporción de residentes temporales al 5% en un plazo de tres años.
Para 2025, Canadá admitirá 395.000 nuevos residentes permanentes, lo que representa una reducción del 21% respecto al objetivo de 500.000 establecido el año pasado. Esta cifra se disminuirá aún más en los siguientes años, alcanzando 380.000 en 2026 y 365.000 en 2027.
La reacción a estas nuevas medidas ha sido mixta. Robert Kavcic, director de economía del Banco de Montreal, considera que este plan de inmigración aliviará la presión sobre la economía y la infraestructura, especialmente en el sector de la vivienda. Sin embargo, más de 100 grupos de la sociedad civil y sindicatos han criticado la decisión, recordando que Trudeau fue elegido sobre una plataforma proinmigración y prometió estatus de residente permanente para los trabajadores inmigrantes y estudiantes.
«La gente de toda Canadá espera que se cumplan estas promesas. No cumplirlo será recordado en las urnas», concluyeron en una carta abierta.
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