Joel Hernández Santiago
Decía el gran maestro de periodismo, Medalla Belisario Domínguez; Premio Nacional de Periodismo en dos ocasiones y más, Miguel Ángel Granados Chapa, que el periodista debe ejercer la profesión como el árbitro de futbol: debe silbar cuando los jugadores hacen una mala jugada, y no aplaudir a los jugadores cuando hagan lo que tienen que hacer: jugar bien.
Así en asuntos de gobierno –agregaba este dicho durante sus clases de periodismo en la UNAM-: Uno no debe ser palero de gobierno, de ningún partido ni color; hacerlo compromete la libertad del periodista, es una forma de sometimiento profesional, falto de ética y control a la libre expresión.
Y bueno, es cierto. Al periodista –al que de verdad lo es—la sociedad le exige información oportuna, sostenible, criterio y verdad. Y es un compromiso del profesional del periodismo hacerlo así porque es su tarea y su libertad de expresión a salvo. Y aunque se vive con la “medianía que da el trabajo digno”, es también un asunto de vocación y decisión de vida.
Pero esto de informar y analizar y expresarse de forma profesional no le gusta nada al poder político. No le gusta y por lo mismo ven con desprecio al periodismo, porque este devela errores, porque critica lo que daña al cuerpo social mexicano, a la economía, a las libertades y a los derechos humanos: la libertad de expresión no es sólo un tema de derechos humanos, también es Constitucional en los artículos 6 y 7, entre otros.
Pero el gobierno de todo partido, en todo momento, afirma que ‘garantiza y protegida la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de imprenta y la libertad de transmisión por medios informativos electrónicos o digitales’, aunque no sea así.
Esto es histórico. A lo largo de la historia del periodismo ha habido censura y atentados a la libertad de imprenta. José Joaquín Fernández de Lizardi, “El pensador mexicano”, fue a parar con sus huesitos a la cárcel al hacer críticas al gobierno virreinal.
Esto a pesar de que ya se había aceptado en el territorio de la Nueva España el contenido de la Constitución de Cádiz de 1812 que garantizaba la libertad de imprenta –que implícitamente implicaba la libertad de expresión y de pensamiento-.
Y así en ese largo camino por constituirnos como país, soberano regido por Constituciones liberales y estado de Derecho. Ni así.
Durante la Revolución Mexicana el presidente Venustiano Carranza castigaba a los periodistas que consideraba que apoyaban las causas zapatistas o villistas con “viajes de rectificación” que no eran otra cosa que castigos en contra de periodistas críticos a su gobierno o a su persona.
A lo largo del siglo XX los avatares ocurrían con frecuencia. Los periodistas o eran cooptados o eran acusados de ser “enemigos de la Revolución”. Pero aun así, a paso muy lento se fue asentando entre gobierno-periodistas-ciudadanos, la idea de que se podía aspirar con seriedad a contar con la libertad de expresión para llevar a cabo la tarea periodística y editorial con libertad responsable.
Hoy ya no podríamos decir lo mismo. Durante el sexenio de López Obrador se castigó a distintos periodistas por informar y analizar el tema político con seriedad. Se les lanzaba epítetos desde “Las Mañaneras” de Palacio Nacional y se buscaba su descalificación a lo que decían, burlándose e ironizando lo que habían comentado y publicado.
Pero es en este sexenio cuando la censura está más a la vista y avanza como potro desbocado, a todo galope, sin control ni destino. Permitida y atizada por gente de gobierno de todos los niveles.
Los casos de censura aumentan cada día más.
Y son dos los principales opositores a la libertad de expresión: el gobierno en el poder, ya en el poder Ejecutivo o en el Legislativo y pronto aparecerá el resultado de la reforma judicial y el nuevo Poder Judicial. Los presagios no pueden ser más funestos. Ocurre en el gobierno federal como también en los estatales y municipales.
Ahí están los casos más recientes y más vergonzantes, como muestra de ese camino tortuoso, en el que el poder político, ese que se dice democrático, constitucional y garante de los derechos y libertades de los mexicanos, parece conocer su fortaleza al acotar en un solo poder todos los poderes nacionales y por lo mismo utiliza el aparato institucional para censurar. Cada vez más.
Todos los políticos y funcionarios públicos, legisladores y más, hacen de su participación en el gobierno un imperio en el que su propia ley parece predominar.
A la lectura: ‘Cada día se incrementan los casos de censura oficial; Artículo 19 la organización internacional de defensa de la Libertad de Expresión y el periodismo, documenta agresiones cada 12 horas en México. ‘Son víctimas de ataques y acoso judicial por sus críticas a funcionarios, gobernadores y legisladores ligados a Morena’, advierte.
Por ejemplo, el caso de Héctor de Mauleón y “El Universal”, “sentenciados” a ofrecer disculpas públicas y a retirar un artículo en el supuestamente, el columnista y el diario incurrieron en “violencia política en razón de género” por ‘la publicación del texto que señala a la entonces candidata judicial como cuñada de un líder huachicolero de Tamaulipas, denunciado por el exsecretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval’.
Otro ejemplo, el caso del periodista campechano, hostigado por el gobierno de la entidad, Jorge Luis González a quien una jueza le impuso nuevas medidas cautelares: el programa “Expedientes”, que transmite los martes a través de una plataforma, “deberá contar con un censor y sus notas tendrán que ser revisadas antes de su publicación”. Más que censura, también es una humillación al periodismo y a la libertad de expresión.
En 2024 se registraron 21 casos de censura contra periodistas, mientras que durante 2025 están contabilizados seis casos: Mauricio Olguín, en Sonora; Celia del Palacio Montiel, en Veracruz; Jorge Luis González, en Campeche; Héctor de Mauléon y “El Universal”; “Al Calor Político” y Ángel Camarillo en Veracruz, así como el de Hernán Gómez, que son los conocidos por su relevancia.
Otra fuente de atentado a la Libertad de Expresión es el crimen organizado, el que no utiliza el sistema judicial, pero sí la fuerza y la violencia. “La libertad de expresión siempre la vamos a defender”, dijo hace unos días la Jefa del Ejecutivo federal.
