Guillermo Portugal Vela
Una de las principales causas de la violencia en México ha sido el despojo hacia la población campesina e indígena de sus tierras desde el siglo XVI; la posesión comercial de tierras por los mestizos no adquirió importancia sino hasta el siglo XIX, en donde el Estado agro-exportador conllevó al pillaje de las tierras comunales adquiridas durante la colonia; el control sobre las tierras, así como el despojo de dicha población, ha sido una constante, que se ha exacerbado a partir de los ochentas con el modelo neoliberal. Desde entonces la oposición de los pueblos y comunidades contra los megaproyectos de “modernización rural” conllevó al Estado a la creación de instancias relacionadas con la problemática agraria y agropecuaria, las cuales no han logrado en el país la solución de las desigualdades estructurales.
El saqueo histórico de las oligarquías caciquiles, ahora se ubica con el aval gubernamental en las empresas transnacionales. Los fines de los megaproyectos extractivos, justifican los medios cada vez más violentos de despojo y la transgresión a los “derechos humanos y constitucionales”; además son violados los derechos colectivos que otorgan un carácter vinculante a las consultas populares, y cuyos resultados en su mayoría no han garantizado el avance de los proyectos.
En este contexto el campesinado frente a amenazas en su territorio adquiere un nuevo matiz en las relaciones de producción y acumulación recientes que necesitan de la actual desregulación, y que advierte una nueva compleja ubicación terrateniente oligárquica como eje dominante: los intereses del capital trasnacional favorecen la apertura de políticas y prácticas extractivas. Mismas que han incorporado elementos discursivos y prácticos de reivindicación social y productiva del movimiento campesino e indígena en el proceso de lucha, tanto por la tierra y por el territorio.
Lo anterior explica la disputa por la inminente operación del megaproyecto denominado “Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec” por la administración de la Cuarta Transformación (4T) y del presidente Andrés Manuel López Obrador y su contrapeso que es una oposición significativa de un grupo de pueblos y comunidades de la región Istmeña de Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco, organizaciones no gubernamentales, activistas y prominentes ambientalistas.
Abundando, la 4T a través de las Asambleas Regionales Consultivas (figura ajena a los usos y costumbres de los pueblos) realizo dos consultas “amañadas y simuladas” sobre el mencionado Corredor, la primera el 30 y 31 de marzo del 2019 coordinada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas; y una segunda, entre el 19 al 30 de agosto del mismo año a cargo de la Procuraduría Agraria y el órgano desconcentrado del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
El 14 de junio de 2019 se emitió el decreto del Corredor para establecer “una plataforma logística” para dar servicios portuarios en las regiones geoestratégicas de las ciudades de Coatzacoalcos y Salina Cruz y la vía férrea que vinculará el Pacifico y el Golfo de Mexico, teniendo como objetivos principales:
Promover “el desarrollo económico sustentable de la región”, fortaleciendo su productividad multisectorial, auto empleando sus recursos y ofertando transporte de productos de “forma competitiva, ágil y de bajo precio”. Rescatar la capacidad económica de inversión pública, orientando “bienestar a la población” al tener una captación de dicha inversión pública y crear condiciones para que la población regional vulnerable “participe y se beneficie del desarrollo”.
Sin embargo, estos objetivos son una falacia, pues son “una imposición de la administración de Andrés Manuel López Obrador” del decreto de marras, dado que su origen es “un reciclamiento actualizado y potencializado” del megaproyecto del Istmo de Ernesto Zedillo. Su estructura corresponde a “un gran canal seco multimodal alternativo al Canal de Panamá” para el aprovechamiento global que conecta la distribución extensiva de distintos artículos y productos, entre el océano atlántico (golfo de Mèxico) y el océano pacífico; siendo su núcleo “un tren bala de carga” para ampliar los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos y además el establecimiento paralelo de una autopista a la nueva vía del ferrocarril.
Lo anterior se complementa de un corredor industrial y agroindustrial “formado entre 6 a 10 parques industriales”, ubicados en el Istmo: Coatzacoalcos; Minatitlán; Acayucan; San Andrés Tuxtla; Matías Romero; Juchitán; Salina Cruz; Ixtepec y Arriaga. En suma, el Corredor Interoceánico es un “modelo desarrollista” de más concesiones mineras, mayor extracción petrolera y de gas natural, de forma convencional y vía fracking; nuevos gasoductos y oleoductos; modernización y privatización de refinerías de Coatzacoalcos-Minatitlán, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca; operación de la nueva refinería de Dos Bocas Tabasco; más parques eólicos; represas hidroeléctricas; plantaciones comerciales (forestales y agroindustriales) y turismo de élite.
Por lo que se estima de no corregir los esquemas de explotación-precarización laboral que los grandes beneficios serian para los capitalistas inversores, en tanto “las migajas” serian para población istmeña que producen bienes o servicios varios: “peones, albañiles, cargadores, recamareras, cocineras, meseras, acompañantes y edecanes, veladores, barrenderos, etc.”.
Corolario, buscar una adecuación pertinente del proyecto ejecutivo del Corredor Interoceánico, afín de alcanzar acuerdos de equidad, compromisos y derechos para todos sus participantes (gobierno, inversores y representación Istmeña) y así instrumentar el Corredor estableciendo entre otros beneficios el Pago por Servicios Ambientales a los pueblos y comunidades afectadas; en esto será crucial crear una dirección colegiada para disponer de un equilibrio paritario entre las partes.
