La Segunda Comisión respaldó un dictamen para que el Congreso de la Unión condene enérgicamente los hechos de violencia acontecidos en Nicaragua, a partir de las protestas iniciadas el 18 de abril de 2018, y para reiterar su solidaridad y condolencias a los familiares de las víctimas.
El acuerdo es exhortar al Poder Ejecutivo a que se pronuncie de manera clara en contra de la violencia y represión promovida por el gobierno del presidente Daniel Ortega, tal y como lo confirma el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua”.
Otro acuerdo, es que la Comisión Permanente también se pronunciará por una pronta solución al conflicto que permita generar las condiciones necesarias para el ejercicio irrestricto de los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación, mediante los cauces institucionales y democráticos.
Se solicitará a todos los partidos políticos que emitan un enérgico pronunciamiento en contra de los actos de represión y las graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
En el documento aprobado, se señala que han pasado más de tres meses de que estalló una de las crisis políticas y humanitarias más relevantes y complejas de los últimos tiempos en Nicaragua, ocasionada por el amplio rechazo a la reforma en materia de seguridad social.
Se cuestiona “la tibieza y lentitud con la que el Gobierno mexicano en funciones y la complicidad con la que el Gobierno electo han reaccionado frente a violencia promovida o tolerada por el Estado nicaragüense”.
Senadores y diputados refirieron que, en el caso del Gobierno en funciones, no fue sino hasta el 14 de julio cuando, a través de su cuenta de Twitter, el actual canciller expresó, a nombre del Gobierno de México, su profunda preocupación por los continuos actos de violencia en el marco de las protestas sociales en Nicaragua.
Por lo que corresponde a la posición del Gobierno electo, se agrega, recordaron que la persona que ha sido propuesta para ocupar la Cancillería ha adelantado que “México no intervendrá en los asuntos internos de otros países, como las crisis en Venezuela y Nicaragua”.
Para los legisladores, se acota, la reacción del Gobierno mexicano ha sido insuficiente, no ha realizado una condena enérgica y de esa manera se convierte en aval a la situación imperante ese país centroamericano, además, los integrantes de la próxima Administración Federal “deben deslindarse públicamente del apoyo que sus partidos han promovido hacia Daniel Ortega, pues de lo contrario se sentará un pésimo precedente respecto a la promoción y respeto de los principios democráticos, así como de los derechos políticos y civiles”, advirtieron.
