Por unanimidad, senadores de la República aprobaron en comisiones la reforma al artículo 28 de la Constitución Política, que considera al sistema ferroviario, para transporte de carga y de pasajeros, como un área prioritaria para el desarrollo nacional.
Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y de Comunicaciones y Transportes, que presiden los senadores Óscar Cantón Zetina, Enrique Inzunza Cázarez y Alejandro Esquer Verdugo, respectivamente, avalaron, con 37 votos y sin cambios, la minuta que envió la Cámara de Diputados al Senado.
En el dictamen, las y los legisladores destacaron que la reforma es clave, porque busca retomar el control estatal sobre las vías ferroviarias, específicamente para la prestación del servicio de pasajeros, algo que había sido descuidado desde la privatización del sector en los años noventa.
Para tal efecto, se precisa que el Ejecutivo Federal podrá otorgar asignaciones a empresas públicas o concesiones a particulares.
En los artículos transitorios, el dictamen establece que el Congreso de la Unión tendrá un plazo de 180 días naturales, a partir de la entrada en vigor del Decreto, para realizar las adecuaciones que resulten necesarias a las leyes secundarias correspondientes.
Y que los particulares que cuenten con concesiones para prestar el servicio de transporte ferroviario de carga podrán obtener concesiones para prestar el servicio de transporte ferroviario de pasajeros.
En cualquier caso, se dará preferencia al servicio de transporte ferroviario de pasajeros, en términos de lo que determine la legislación.
Laura Estrada Mauro, de Morena, expresó que con la propuesta no sólo se activarán las vías férreas para el regreso de los trenes de pasajeros, sino para restaurar la autonomía nacional y revertir la privatización impulsada durante el gobierno de Ernesto Zedillo, es decir, se le regresa al pueblo el transporte ferroviario, como pilar fundamental para el desarrollo económico y social del país.
Por Acción Nacional, Mayuli Latifa Martínez Simón consideró que la reforma impulsa la movilidad y contribuye al desarrollo de las diversas regiones; pero, agregó, el nuevo gobierno debe conducirse con legalidad y transparencia en la construcción de los proyectos ferroviarios de gran calado.
Carolina Viggiano Austria dijo que el Grupo Parlamentario del PRI respalda la reforma constitucional; sin embargo, subrayó que vigilarán los impactos, viabilidad técnica y financiera de los futuros proyectos ferroviarios, para que “no suceda lo que sucedió con el Tren Maya”, el cual no tuvo transparencia, incrementó sus costos y no ha logrado sus metas de rentabilidad.
Del PVEM, Luis Alfonso Silva Romo consideró que las vías férreas son parte esencial de las “venas” que unen al país, pero lamentó que el servicio de transporte por ese medio se haya privatizado por personas que, enfatizó, dejaron de ver al pueblo como “tenedor de derechos” para verlo únicamente como “parte del mercado”, con lo que se perdieron los beneficios del uso del ferrocarril.
Alejandro González Yáñez, del PT, subrayó que después de la regresión histórica que enfrentó el sistema ferroviario en el sexenio de Ernesto Zedillo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador impulsó el desarrollo del sursureste del país con el Tren Maya, pero con la administración de Claudia Sheinbaum “estamos ante el umbral de hacer de México una potencia económica”.
Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, destacó que la infraestructura ferroviaria de nuestro país, con más de 27 mil kilómetros de vías, representa un gran potencial para descongestionar las carreteras, ofrecer un medio de transporte seguro y sostenible, pero, sobre todo, para conectar regiones del país que han sido históricamente marginadas.
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