* Para desgracia de César Mora, el Juez Primero de Distrito pidió a la Contraloría del Estado informar sobre su situación jurídica, la dependencia procedió a desenmascarar el ex funcionario que aseguraba en su petición al impartidor de justicia, estar limpio de toda investigación en su contra; el Contralor Álvaro Bardales, publicó en un diario de circulación nacional la contestación al citado juzgado señalando que su antecesor sí enfrenta denuncias y procedimientos en su contra por desvío de recursos
SILOGISMOS
Por Antonio Ortigoza Vázquez / @ortigoza2010
Especial de Expediente Ultra
Tratando se colocarse un sayal de honestidad franciscana, el ex Contralor de Hidalgo detenido hace unas semanas en Miami, Florida, por las órdenes de aprehensión que pesan en su contra como uno de los principales autores intelectuales y materiales de la llamada Estafa Siniestra, está buscando engañar, sin mucha suerte, al Poder Judicial para acogerse a la protección de un amparo federal que en caso de ser extraditado, lo libre de pisar la cárcel y le permita intentar burlar la justicia, como otros tantos pillos que todavía están por caer como responsables del millonario robo a las arcas pública del Estado.
Para su desgracia, el Juez Primero de Distrito pidió a la Contraloría del Estado informar sobre la situación jurídica de César Mora, por lo que la dependencia procedió a desenmascarar el ex funcionario que aseguraba en su petición al impartidor de justicia, estar limpio de toda investigación en su contra.
Siguiendo al pie de la letra con los protocolos de ley, el Contralor Álvaro Bardales, publicó en un diario de circulación nacional la contestación al citado juzgado señalando claramente que su antecesor sí enfrenta denuncias y procedimientos en su contra por desvío de recursos.
Seguramente que a estas horas, Mora ya se habrá enterado que se le cayó el teatrito que buscaba montar junto con sus abogados para tratar de obtener un amparo al que jurídicamente no tendrá derecho y acaso a una elemental suspensión provisional que ante su probable extradición no le servirá de nada.
Actualmente el ex funcionario que hizo de las suyas y con toda la manga ancha en el gobierno del ex gobernador Omar Fayad, se encuentra en un centro de detención de los Estados Unidos y acorralado porque las autoridades del vecino país ya tienen conocimiento de las múltiples acusaciones que pesan en su contra.
Como ha trascendido, el quebranto cometido por el ex funcionario a las arcas públicas, supera los 500 millones de pesos por lo que una vez extraditado a México y traído a Hidalgo, enfrentará cargos por desvío de recursos públicos, pero también y sumamente delicado por delincuencia organizada, púes Mora no actúo solo sino en complicidad como otros tantos funcionarios y alcaldes, sin descartar a uno que otro empresario sinvergüenza.
Se vislumbra como misión imposible que luego de los informes proporcionados por la Contraloría al Juzgado de Distrito, el que César Mora pueda tomar el pelo a su titular o a cualquier otro juzgador del área federal, porque tendrá que explicar, por ejemplo, cómo es que se hizo de propiedades de alta plusvalía y autos de alta gama, nada menos que en una de las ciudades con un más alto costo de la vida como lo es Miami.
Las autoridades estadounidenses pueden dar fe de su irregular situación financiera y podemos asegurar que su extradición será cuestión de tiempo.
Cabe mencionar que en nuestro país y en el Estado, el desvío de recursos públicos sí está contemplado como un delito en las leyes de responsabilidades, particularmente en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en el Código Penal Federal, pues se le considera una falta grave tanto administrativa como penal, con sanciones que pueden incluir multas, inhabilitación y prisión.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece como falta grave el uso indebido de recursos públicos, que incluye el desvío de fondos, bienes o servicios, así como la omisión de rendir cuentas sobre su destino. Esta ley prevé sanciones administrativas para los servidores públicos que incurran en estas faltas, que pueden incluir inhabilitación temporal o permanente para ocupar cargos públicos, así como multas.
Por otro lado, el Código Penal Federal tipifica el peculado como delito, que consiste en la apropiación indebida o desvío de recursos públicos por parte de un servidor público. Este delito puede acarrear penas de prisión y multas, además de la pérdida del empleo y la inhabilitación para ejercer cualquier cargo como funcionario público.
Por si esto no bastará, Mora ni siquiera rindió su declaración patrimonial en el 2023. De ése tamaño la despreocupada impunidad con que operó en el pasado sexenio.
