Lilia Arellano
“Servirse de un cargo público para enriquecimiento personal resulta no ya inmoral, sino criminal y abominable”: Cicerón
● Corrupción e impunidad en la 4T
● Inservibles dependencias revisoras y contra corrupción
● Multimillonarios daños al erario en los primeros 3 años
● Reforma electoral pone en riesgo la estabilidad política
● AMLO se presenta, otra vez, en la tierra de los narcos
Ciudad de México, 30 de octubre de 2022.- En los últimos cuatro años, los niveles de corrupción e impunidad en el país no sólo se han mantenido, en muchos casos se han agudizado. El presidente Andrés Manuel López Obrador se llena la boca vociferando “no somos iguales” a los regímenes anteriores y, no lo son, de hecho son peores, como lo confirman los propios datos oficiales. Es altísimo el costo de las revisiones sobre la administración de recursos. Estamos llenos de “elefantes blancos” inútiles: se pagan auditorias internas en cada dependencia, en cada entidad; contratan despachos privados para las revisiones y asesorías; está la Secretaría de la Función Pública instalada en cada entidad; los municipios también tienen revisores locales, algunos dependientes del Síndico; se cuenta con la Subprocuraduría Anticorrupción; está la UIF, y cada uno paga nóminas, tienen sus responsables gastos pagados, se liquidan rentas de inmuebles de vehículos, etcétera y seguimos con el mismo rey: corrupción y su reina: impunidad.
Como resultado de la revisión en 2019, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 67 mil millones de pesos en la Cuenta Pública; un año después, la cifra llegó a 60,834 mdp; y en 2021, encontraron irregularidades por 11 mil millones de pesos, hasta el momento, o sea no han concluido. El total del desvío de funcionarios de la llamada Cuarta Transformación se eleva hasta a más de 138,834 mdp, sin prácticamente denuncias penales levantadas, sin castigo a los responsables, muchos de los cuales siguen en su posiciones, gozando de total impunidad. A pesar del enorme daño al erario público, la gran mayoría de las irregularidades detectadas siguen sin atenderse, y el dinero no ha sido devuelto. La ASF prácticamente no ha presentado denuncias penales ante la Fiscalía General de la República, prevaleciendo la impunidad ante el mal manejo de los recursos públicos de la federación. En el sexenio pasado, transcurrido este mismo lapso, la ASF ya acumulaba casi 40 denuncias por malos manejos en la gestión de Enrique Peña Nieto.
Ahora, pese a las miles de irregularidades detectadas, tanto en las dependencias federales como en los estados, la ASF a cargo de David Colmenares prácticamente no ha llevado ante el Ministerio Público ninguno de los casos. Las 138 denuncias presentadas desde el arranque del gobierno de AMLO corresponden sólo a hechos relacionados con la cuenta pública de 2018 y a cuentas anteriores. Durante esta gestión se redujo hasta en 80% la frecuencia con la que se presentaban denuncias ante la Fiscalía por irregularidades cometidas en sexenios pasados. Los cambios en el reglamento interno, ordenados por el auditor, frenaron de tajo la presentación de 60 denuncias por posibles quebrantos al erario.
Los escándalos de corrupción se han quedado en el nivel mediático, como el daño patrimonial a Segalmex, Liconsa y Diconsa; el presunto enriquecimiento ilícito de Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera; la fortuna inmobiliaria de Manuel Bartett; lo relacionado con la Conade, con el IMSS y la familia de Zoe Robledo; le quitaron cargos a Pío López pero todavía falta David León; nada se dice la prima Felipa, el nepotismo de la familia de Octavio Romero, de los Alcalde, de los Esquer, las denuncias sobre el “Instituto Chucho el Roto”, donde le roban al pueblo lo robado; en la nada ha caido el caso Lozoya, el de Alonso Ancira, también el de la Estafa Maestra, lo denunciado sobre facturas falsas en la compra de medicamentos, el fraude de Carlos Lomelí, la negativa de Gertz Manero a presentar su declaración patrimonial, o todo lo relacionado con las adjudicaciones directas, seguido de un largo etcétera.
Gran parte de lo señalado se encuadra en las 731 denuncias presentadas por dependencias federales ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), en los primeros tres años de la actual administración. Pero, la inmensa mayoría de ellas permanece en forma de carpeta de investigación. Sólo 25 se han judicializado y únicamente un caso, hasta ahora, ha culminado con una sentencia condenatoria. El veredicto, sin embargo, se desconoce, pues la información no es pública. Aplican total opacidad. El Ministerio Público aún no reúne pruebas para determinar si los hechos denunciados ocurrieron y quiénes los cometieron. No se han efectuado acusaciones ante el Poder Judicial, no hay personas contra quienes se siga un juicio y menos señaladas como culpables de los hechos investigados.
Sin embargo, el daño patrimonial a la Federación es inmenso. David Colmenares Páramo, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), reportó en el tercer paquete de los informes individuales y el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2019, irregularidades en el gasto por 67 mil 498.4 millones de pesos. De éstos, 28 mil 730.4 millones de pesos fueron ejercidos por las entidades federativas y los municipios. Entre los sectores con más irregularidades está el de Comunicaciones y Transportes con 22 mil 331.5 millones de pesos presuntamente mal ejercidos sin la comprobación suficiente. Asimismo, se detectaron anomalías en las secretarías donde operan la mayor parte de los programas sociales del gobierno de AMLO: la de Agricultura y Desarrollo Rural, por 4 mil 576 millones de pesos, y la de Bienestar con 3 mil 392 millones de pesos.
En el primer año del gobierno de López Obrador, el gasto federalizado tuvo un monto aproximado de 1.9 billones de pesos, es decir, una tercer parte del gasto neto de la Federación. El tercer paquete entregado por la ASF incluye 871 nuevos informes de las auditorías realizadas. Colmenares destacó no existen criterios, metodologías o normativa específica para determinar los fondos, programas y recursos con los cuales integran el gasto federalizado. También puntualizó sobre la realización de auditorías a los megaproyectos emprendidos por la administración de López Obrador, entre ellos, el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas, el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec y el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
También se revisaron programas sociales como el de becas para el bienestar Benito Juárez, el programa Sembrando Vida, el programa Crédito Ganadero a la Palabra, el Censo del Bienestar y el padrón de beneficiarios de los programas de desarrollo social, entre otros. “Todos estos acumularon varias revisiones en diferentes conceptos del uso del recurso”. El auditor Colmenares resaltó: derivado del seguimiento a los procesos legales de la Cuenta Pública se iniciaron mil 804 procedimientos de fincamiento de responsabilidades resarcitorias y se integraron mil 439 expedientes de presunta responsabilidad administrativa ante la Dirección General de Investigación. Respecto a la labor jurídica de la ASF, su titular informó que se presentaron 13 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR), pero correspondientes a Cuentas Públicas anteriores.
Los estados tenían pendiente por comprobar 39,565 millones de pesos que recibieron del gobierno federal en 2020. De ese monto, los estados sólo rindieron cuentas de 1,830 millones de pesos, equivalentes al 4.4% del total cuestionado. La Ciudad de México gobernada por la “corcholata” presidencial Claudia Sheinbaum, es la entidad con más recursos por aclarar pues tiene pendientes 6,235 millones de pesos, seguida de Oaxaca, con 4,814 millones, y Michoacán, con 3,195 millones de pesos. Los tres estados están gobernados por Morena.
Dentro de las irregularidades cometidas por la actual administración destaca la ejecutada por más de 8 mil 600 millones de pesos en Segalmex, Diconsa y Liconsa, instancias responsables de toda la política de abasto alimentario de la actual administración federal. Hay fallas de todo tipo, desde contratos con sobrecostos hasta faltantes en inventarios o recursos que se reportan como ejercidos, pero sin que haya pruebas reales de en qué se usaron. También destacan los incrementos de casi 40 mil millones de pesos en las obras del Tren Maya, y la duplicidad de costos en la refinería de Dos Bocas, así como múltiples irregularidades en programas prioritarios como Sembrando Vida, las pensiones para adultos mayores y las becas de Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otros.
DE LOS PASILLOS
El Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República destacó que la propuesta dentro de la Reforma Electoral del presidente López Obrador, la cual plantea elegir a través del voto popular a consejeros y magistrados electorales, costaría más de ocho mil millones de pesos, lo cual contrasta con el principio de austeridad gubernamental. El análisis del instituto de la Cámara alta advierte, además, en el escenario partidista configurado en el país, con la hegemonía de una fuerza política, la posibilidad de pertenecer tanto consejeros como magistrados al partido en el gobierno es muy alta, convirtiendo nuevamente a las autoridades electorales en entidades dependientes del Poder Ejecutivo federal. Y advierte: transformar tan radicalmente uno de los principales componentes del sistema electoral mexicano podría poner en riesgo al estabilidad política y social del país…
Dice el refrán: “no hagas cosas buenas que parezcan malas”y se aplica a las frecuentes visitas del presidente a Badiguarato, a la tierra en donde nacieron los capos del narco mexicanos de mayor fama mundial. No se presentó a la zona de tragedia de la L-12; tampoco asiste a los funerales de víctimas de la inseguridad; no se apersona cuando ocurren fenómenos cuyos daños son calculados en cientos de millones y la pérdida de vidas humanas se cuenta por decenas. Cada año, como si fuera manda religiosa, se encamina el tabasqueño a esas tierras. Lo hizo en febrero del 2019, en marzo del 2020, en agosto del 2021 y ahora, antes de concluir octubre. ¿Será porque ahí todos se portan bien?…
Serán calurosísimas las felicitaciones enviadas este día a Lula, por su elección de nuevo, como presidente de Brasil… Así, menos sabremos del resultado de investigaciones sobre Odebrecht. O cómo en el caso Biden ¿retrasará el reconocimiento? Por supuesto que no… esta vigente el Pacto de Sao Paulo.
