José Luis Parra
El huachicol fiscal se puede ir por la coladera burocrática
El que podría ser el mayor caso de huachicol fiscal por buques perseguido por la Fiscalía General de la República está a punto de naufragar.
Y no precisamente por falta de diesel.
Por un trámite burocrático.
Entre octubre y diciembre de 2019, una red introdujo por el puerto de Tuxpan al menos 89 millones de litros de diesel, con un daño calculado en 593 millones de pesos por impuestos no pagados.
La cifra no es menor.
Tampoco los cargamentos.
Ni mucho menos el tamaño del negocio.
Pero siete años después de cometido el delito resulta que el problema podría no estar en demostrar cuánto combustible entró, cuánto se declaró o cuánto dinero dejó de recibir el fisco.
El problema es saber quién tenía que presentar la denuncia.
SAT o ANAM.
Así de sencillo.
Y de absurdo.
Resulta que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se creó por decreto la Agencia Nacional de Aduanas de México, la ANAM, pero el Congreso nunca terminó de acomodar las piezas legales y reformar como correspondía la Ley del SAT.
Entonces una dependencia recibió funciones por decreto, mientras otra las conservó en la ley.
Bonito enredo.
Ahora la Suprema Corte tendrá que decidir cuál de las dos tenía facultades para denunciar penalmente el contrabando.
Y si determina que el SAT no podía hacerlo, los acusados podrían quedar absueltos.
No porque se compruebe que los 89 millones de litros nunca entraron.
No porque aparezcan mágicamente los 593 millones de pesos.
No porque los cargamentos hayan sido declarados correctamente.
Simplemente porque la denuncia pudo haber salido de la ventanilla equivocada.
Qué tanto es tantito.
La FGR detectó desde 2020 una red en la que, de acuerdo con las resoluciones judiciales, participaron Navecopa, Dersa Oil & Gas, Impulsora de Productos Sustentables y una agente aduanal.
En el Akeraios llegaron 28.7 millones de litros de diesel y solamente se declararon 2.8 millones.
Daño fiscal: 205.3 millones de pesos.
En el Atlantic Bay también arribaron 28.7 millones de litros y se reconocieron apenas 7.1 millones.
Otros 173 millones de pesos.
Un tercer buque transportó 31.8 millones de litros, pero solamente fueron declarados 4.7 millones.
Otros 215 millones.
Sume.
593 millones de pesos.
Para introducir decenas de millones de litros por un puerto se necesita logística, empresas, representantes, agentes, documentos y una larga cadena de participantes.
Pero al final todo podría reducirse a una pregunta de escritorio:
¿Quién tenía el sello correcto?
El asunto también deja mal parada a la Fiscalía.
Abrió las investigaciones desde 2020, pero las llevó ante los jueces hasta 2023 y 2024.
Tres o cuatro años para judicializar.
Y cuando finalmente lo hizo, acusó únicamente por una modalidad de contrabando que ni siquiera amerita prisión preventiva oficiosa.
Nada de delincuencia organizada.
Nada de otros delitos graves.
Por lo menos en este expediente.
Extraño tratamiento para un caso que supera ampliamente los montos atribuidos a otras redes de huachicol fiscal que han ocupado espacios nacionales.
La presunta red relacionada con el ex gobernador Ernesto Ruffo ronda los 166 millones de pesos.
La de los hermanos Farías, unos 340 millones.
La de Tuxpan: 593 millones.
Pero ésta podría terminar sepultada entre decretos, leyes que no fueron modificadas y pleitos sobre competencias administrativas.
La creación de la ANAM pretendía poner orden en las aduanas.
Por lo visto dejaron un pequeño detalle pendiente:
La ley.
Y siete años después ese pequeño detalle podría convertirse en gigantesca tabla de salvación para los acusados.
La Suprema Corte tendrá la última palabra.
Si falla contra el SAT, tendremos una de esas historias tan mexicanas donde nadie discute demasiado el tamaño del agujero, porque todos están ocupados averiguando quién tenía facultades para denunciarlo.
Y los 593 millones de pesos…
Esos ya veremos en qué ventanilla se reclaman.
