Día de visita
Claudia Bolaños
El sistema penitenciario mexicano enfrenta un incremento sostenido en los niveles de hacinamiento, agravado en los últimos meses por el alza en el número de detenciones. Datos recientes señalan que en tan solo cinco meses la sobrepoblación en varios centros de reclusión del país prácticamente se ha duplicado, generando alerta entre organizaciones civiles y especialistas en seguridad.
A este panorama se suma la política de seguridad implementada durante el actual gobierno federal. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se han realizado más de 23 000 detenciones por delitos de alto impacto. Tan solo en los primeros cuatro meses se reportaron más de 11 000 detenciones y, al corte más reciente, la cifra supera los 23 000 arrestos, junto con el aseguramiento de armas, drogas y laboratorios clandestinos.
Sin embargo, el crecimiento de la población penitenciaria ha reavivado el debate sobre la situación crítica dentro de los penales. Durante décadas, los centros de reclusión han sido espacios olvidados por los gobiernos, sin importar su filiación política. Ejemplo de ello es que en las conferencias mañaneras no existe un espacio para abordar lo que sucede en los reclusorios federales o estatales. Estos espacios, históricamente, han sido utilizados como cajas chicas para distintos intereses, lo que ha impedido combatir de fondo prácticas como las cuotas obligatorias que deben pagar los internos, mejor conocidas como el “pase de lista”.
También persisten fenómenos como la corrupción interna, el control de los reclusos sobre diversas áreas del penal —lo que se denomina autogobierno—, así como concesiones privadas en comedores, gimnasios, áreas de visita familiar o íntima, y hasta la venta de medicamentos por parte de los mismos internos. Aunque en muchos casos estos problemas recaen en el ámbito de los gobiernos estatales, su impacto se extiende a los tres niveles de gobierno, debido a que en estos espacios también se encuentran personas acusadas de delitos del fuero federal e incluso amparadas por el sistema judicial.
Además, los penales federales no están exentos de irregularidades y casos emblemáticos. Uno de los ejemplos más notorios es el del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien logró escapar en dos ocasiones de centros de alta seguridad, revelando fallas profundas en los mecanismos de control.
El hacinamiento y las condiciones precarias en que viven miles de personas privadas de la libertad se han convertido en una posible bomba de tiempo. La falta de servicios básicos como agua potable, atención médica, alimentación adecuada y espacios seguros incrementa el riesgo de motines, riñas, muertes y fugas masivas, lo que plantea un desafío urgente para las autoridades penitenciarias y de seguridad pública.
