Cuatro agentes de la Guardia Nacional mueren en casos violentos bajo sospecha de feminicidio

Cuatro mujeres integrantes de la Guardia Nacional han muerto desde enero de 2025 en circunstancias violentas o bajo sospechas de feminicidio, en casos que han derivado en denuncias de irregularidades, investigaciones sin concluir y exigencias de justicia de sus familias.

El caso más reciente es el de Cristian Ziboney Cárdenas, de 34 años, localizada sin vida el lunes 2 de noviembre en una vivienda del fraccionamiento Alturas del Sur, en Culiacán, Sinaloa.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa abrió una investigación por feminicidio y busca a Erik Gustavo Acero Hernández, de 29 años, esposo de la víctima y también integrante de la Guardia Nacional, señalado como presunto involucrado.

Cárdenas fue despedida este miércoles 4 de noviembre en su comunidad natal de Teacapán, Escuinapa, durante una ceremonia en la que compañeros de la corporación realizaron una guardia de honor. Familiares, amistades y elementos de la Guardia Nacional rindieron homenaje a la agente, conocida como Chitis, quien dejó una hija de ocho años.

Su familia pidió que el crimen sea esclarecido y que los responsables enfrenten a la justicia. La colectiva feminista Orquídeas Moradas, de Escuinapa, se sumó a la exigencia y cuestionó que las autoridades militares no hayan localizado al esposo, pese a que pertenece a la institución.

La agrupación señaló que, de acuerdo con la información que ha recibido, Cristian Ziboney habría realizado una llamada para denunciar violencia familiar antes de ser encontrada sin vida.

La muerte de Cárdenas volvió a colocar atención sobre otros tres expedientes documentados por el diario EL PAÍS, relacionados con agentes que murieron en condiciones sospechosas, incluso dentro de instalaciones de la corporación. En algunos casos, las autoridades sostuvieron inicialmente que se trataba de accidentes o suicidios, versiones rechazadas por familiares.

Uno de esos casos es el de Stephany Carmona Rojas, de 19 años, quien murió el 14 de octubre de 2025 en el 51 Batallón de la Guardia Nacional, en Acapulco, Guerrero, durante una supuesta práctica de tiro.

La joven había denunciado previamente por acoso al sargento Yair Manuel Ramírez de la Cruz, señalado de dispararle en dos ocasiones. Tras los hechos, el militar abandonó las instalaciones y permaneció prófugo durante cuatro días.

Inicialmente se informó a la familia que Stephany sufrió un accidente, pero su madre, María Fernanda Rojas, ha cuestionado esa versión y continúa exigiendo justicia. Una audiencia relacionada con el caso está programada para el próximo 30 de noviembre.

Otro expediente corresponde a Dalila Acosta Medina, de 28 años, encontrada sin vida el 6 de enero de 2026 en el estacionamiento de su destacamento de la Guardia Nacional, también en Acapulco.

La agente tenía un disparo en el rostro y fue localizada junto a un arma de fuego y uno de sus teléfonos celulares. Las autoridades investigaron su muerte como un suicidio, pero sus familiares sostienen que existen contradicciones en los peritajes y consideran que pudo tratarse de un asesinato.

Según la familia, el expediente no ha tenido avances significativos y no se han registrado detenciones por los hechos.

El tercer antecedente es el de Jenyfer López Becerril, integrante de la Guardia Nacional cuyo cuerpo fue encontrado en enero de 2025 dentro de su domicilio en el Estado de México.

Su pareja, Víctor Hugo N., sargento de la corporación, aseguró inicialmente que la mujer se había quitado la vida. Semanas después fue detenido y vinculado a proceso; el caso continúa pendiente de resolución judicial.

Los casos de Stephany Carmona y Dalila Acosta llegaron a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se comprometió a revisar las investigaciones. Pese a ello, ambas familias han denunciado que siguen sin obtener respuestas satisfactorias.

La Secretaría de la Defensa Nacional aseguró que mantiene coordinación con autoridades civiles para esclarecer el crimen de Cristian Ziboney Cárdenas y que brinda apoyo a las investigaciones.

Sin embargo, de acuerdo con EL PAÍS, la dependencia militar no respondió a los cuestionamientos sobre el estado de los otros casos de presunto feminicidio y muertes sospechosas de mujeres dentro de la Guardia Nacional, cuyos familiares continúan reclamando avances.