UIF bloquea cuentas de 40 vinculados con proveedores electorales; FGR investigará

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de cuentas de 40 personas y empresas relacionadas con proveedores electorales, luego de detectar movimientos financieros considerados de riesgo. La medida se da en medio de investigaciones por presuntas irregularidades en contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE).

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó este miércoles 4 de noviembre que incorporó a su Lista de Personas Bloqueadas a 25 personas físicas y 15 personas morales, tras realizar análisis financieros que identificaron operaciones susceptibles de investigación.

Además del congelamiento, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), a fin de que investigue los movimientos detectados y determine si existen responsabilidades penales.

Reportes periodísticos señalan que entre las personas presuntamente incluidas en la medida figuran Guadalupe Taddei Zavala, expresidenta del INE, así como los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, vinculados con investigaciones sobre contratos millonarios de materiales electorales.

Sin embargo, Hacienda no difundió las identidades de las 40 personas físicas y morales sujetas al bloqueo, por lo que la inclusión de esos nombres no ha sido confirmada oficialmente.

La intervención de la UIF ocurre después de que distintas investigaciones señalaron posibles irregularidades en la adjudicación de contratos a proveedores electorales durante los últimos años.

Entre las operaciones bajo revisión están contrataciones plurianuales de arrendamiento vehicular, servicios tecnológicos y suministro de materiales electorales, además de posibles esquemas de subcontratación, concentración de proveedores y triangulación de recursos.

De acuerdo con los reportes, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) también ha mantenido bajo revisión diversas contrataciones de ejercicios recientes, en busca de posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos.

Las indagatorias se desarrollan en medio de cuestionamientos a la administración de Guadalupe Taddei al frente del organismo electoral, particularmente por la relación de proveedores privados con contratos adjudicados durante su gestión.

La dependencia federal explicó que la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas es una medida administrativa preventiva y precautoria, por lo que no constituye una sentencia ni acredita por sí misma la comisión de un delito.

Las personas y empresas afectadas conservan el derecho de presentar recursos legales, ejercer su garantía de audiencia y recurrir a los mecanismos de defensa previstos en la legislación mexicana.

Hacienda precisó que corresponderá a la FGR desarrollar las investigaciones y establecer, conforme a derecho, las posibles responsabilidades derivadas de las operaciones financieras identificadas.

La UIF señaló que estas acciones forman parte de sus mecanismos para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, mediante análisis de información financiera y coordinación con otras autoridades, bajo los principios de debido proceso y presunción de inocencia.