Por Ramsés Ancira
Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que la burocracia en México y en el mundo, avanza como paquidermo reumático. Este es el caso del acuerdo para la liberación de presos víctimas de tortura; con más de dos años en prisión sin recibir sentencia; o que por su edad avanzada corren el riesgo de morir sin volver a conocer la libertad.
Los más optimistas soñábamos que el 15 de septiembre, fecha para la cual ya debían haberse conocido las reglas de operación para el acuerdo; y al que prontamente se había sumado el gobierno de la Ciudad de México que encabeza Claudia Sheinbaum, tendríamos a cientos de hombres y mujeres libres, ya sea completamente absueltos o con la posibilidad de esperar su sentencia en arraigo domiciliario o en el mejor de los casos, solo con el compromiso de no salir de la Ciudad, como es el caso de Emilio Lozoya.
A nivel nacional debió ser la Defensoría Pública Federal, que encabeza el recomendado de López Obrador, Netzaí Sandoval, quien debía elaborar la lista de personas que cumplían con cualquiera de los requisitos para obtener la libertad. No presentó ni un solo caso, a pesar de que, según ex abogados de la misma defensoría, de cada 100 mil personas que se encuentran en cárceles mexicanas, 60 mil son inocentes materiales, ya que están ahí porque confesaron bajo tortura, o no existe ninguna prueba documental contra ellos. Sólo la palabra de los fiscales que los acusan.
Ya sabemos lo poco que vale la palabra de estos fiscales en México, en su mayoría sobornados por los acusadores, y delincuentes fabricantes de pruebas y expedientes. ¿Hay excepciones? Pues seguramente serán verdaderamente excepcionales.
Vale aclarar que el único mérito de Netzaí Sandoval para ocupar este cargo por el que recibe más de 300 mil pesos cuatrimestrales, es haberle cargado el portafolio a López Obrador en sus viajes al extranjero. Su especialidad es en derecho electoral, lo cual no lo ayuda en nada a la defensa de presos.
Por otra parte, de esos mismos 100 mil, 80 mil podrían esperar la sentencia fuera de las cárceles, estudiando o trabajando. Esto no sucede porque al igual que en los gobiernos federales del PRI o del PAN, y tal como sucedió con Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México, los presos son un excelente negocio. Si cada uno de ellos le cuesta al Estado un promedio de 3 mil pesos por mantenerlos en la cárcel (no valen más los bolillos duros, las tortillas remojadas o los caldos insípidos y los atoles con agua con los que los alimentan) un preso paga en promedio, muchas veces más, entre 3 mil y 50 mil pesos mensuales por el derecho a dormir acostado en el suelo, lejos del excusado de la celda; una cobija para sentarse en el patio de la prisión cuando recibe a sus familiares, la renta de sillas y una mesa para comer con sus visitantes, si es que los tiene, una vez por semana.
El precio aumenta si está consciente, pero pide una revisión del médico de la prisión o necesita una aspirina, que le venderán al mismo precio que en los hospitales Ángeles, cuyo dueño Olegario Vázque Aldirr, por cierto, es también propietario de cárceles federal concesionadas en el gobierno de Salinas de Gortari. Ya en el tema vale mencionar que los propietarios de periódicos como El Financiero, cuyos trabajadores reclaman el cumplimiento de pagos caídos, o de Televisión Azteca, que tiene contratados por outsourcing, con domicilio fiscal en Monterrey, a varios trabajadores que realizan sus tareas en la Ciudad de México, , también son propietarios de reclusorios federales, donde por cada preso, el gobierno federal les paga más que si los hospedara en hoteles de cinco estrellas.
Si por claustrofobia o cualquier razón no puede permanecer en las celdas hacinadas, debe pagar por un sello, que en el argot carcelario se llama “bala” para poder deambular en el patio y usar los aparatos de ejercicio que donó Deportes Martí.
Como no hay espacio para la visita conyugal se hacen acuerdos, claro mediante un pago, el preso que tiene el privilegio de tener una celda para él solo o para un máximo de cuatro personas, puede salir al patio, mientras un custodio renta en mil pesos o más el rato que puede pasar un prisionero, con muy relativa intimidad, cubriendo las rejas con cobijas, en compañía de su pareja.
La cortesía carcelaria, por cierto, obliga a todos los internos a bajar la mirada si saben que una mujer va a ingresar a una celda no acondicionada, si se va a usar para visita conyugal.
En la Ciudad de México, la responsabilidad de obtener la lista de personas que deben obtener su libertad, recae en el Secretario de Gobernación local, Martí Batres, quien ocupa ese puesto pese a que nunca se aclaró la distribución de leche con huevos de parásitos, que se realizó cuando él ocupaba un puesto similar en el gabinete de López Obrador, en el entonces Distrito Federal. Los archivos periodísticos tienen esta información, ubicable con el nombre de “Leche Betty”
Pero mientras el “paquidermo reumático” no recibe ni un poco de “Bengué” para aliviar sus dolores; en el mundo si avanzan los esfuerzos de la sociedad civil para perfeccionar el Protocolo de Estambul y evadir todas las trampas que ponen los golpeadores para que no quede huell, como la aplicación de corrientes eléctricas que no dejan cicatriz, los ahogamientos en excusados o botes con agua apestosa; o con bolsas de plástico, torturas que se siguen aplicando en todo el territorio mexicano, (que no es territorio Telcel) porque al apando no entran las señales que permiten geolocalizar a una persona que está siendo víctima de tortura.
El Protocolo de Estambul tiene nuevas reglas y esto sería una herramienta fabulosa para que un gobierno como el nuestro, que anhela una Cuarta Transformación, siquiera ponga primera en el sistema de reclusorios, mismo que está incluso peor que en 1968, porque por lo menos entonces, los presos políticos de Lecumberri, podían preparar sus propios chilaquiles y estudiar con otros presos políticos como José Revueltas o Eli de Gortari.
Ahora, pobre del preso que quiera leer, pero no tenga lentes, porque le cobraran por ingresarlos hasta “la comodidad” de su jaula.
Existe espacio reservado para 15 periodistas que deseen acudir personalmente a esta conferencia de prensa organizada por el comité médico del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, en el Hotel Benidorm, ubicado en la cuchilla que forma la calle de Frontera al converger con la Avenida Cuauhtémoc, en la Colonia Roma de la Ciudad de México. Tras la conferencia será posible hacer entrevistas particulares de hasta 15 minutos con el doctor en siquiatría Fernando Valadés, sobreviviente del Halconazo del 10 de junio de 1971 y fundador del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad. Solo tienen que programarla mediante un correo electrónico a editorialparadigma@gmail.com
Desde otras entidades de la República podrán seguir la transmisión y hacer preguntas a través de la página de Facebook del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad.
