La iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica propuesta por el Gobierno de México, ha dividido opiniones, entre quienes buscan su aprobación para fortalecer y beneficiar a las empresas del Estado, y los que afirman que afectará tratados internacionales y acuerdos con empresas, sin embargo, aún existen dudas sobre el contenido y modificaciones que se plantean.
De acuerdo con la reforma enviada por el Ejecutivo el mes pasado, la nueva iniciativa propone un nuevo sistema eléctrico en el cual el Estado recupera la conducción del sector a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que promueve su monopolio, perjudicando a las empresas que producen energía en el país, aún con recursos sustentables y energías limpias.
Punto a punto
Las modificaciones a la Ley que se pretenden realizar serían a los artículos 25, 7 y 28 Constitucionales a fin de que regresar a la CFE el monopolio de la comercialización de energía eléctrica y disminuir la participación de la iniciativa privada en la generación, con lo que se vería afectado el 46 por ciento de la contribución.
Además, la energía hecha por los privados deberá ser vendida a la CFE quien será la única avalada para comercializar el fluido eléctrico.
Es decir, el cambio a la Ley de la Industria Eléctrica es: modifica el criterio de despacho de energía y cancela los permisos otorgados a privados. La separación horizontal y vertical de la CFE se vería revertida, eliminaría los certificados de Energía Limpia.
La Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos desaparecerían y en su caso entraría en funciones el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) a la estructura de la CFE. Así como dotar de exclusividad al Estado para la explotación del litio.
Las consecuencias negativas
No obstante, la crítica de los privados no es la única que pesa sobre dicha reforma, también algunos países se verían afectados con su aprobación y entrada en vigor, puesto que iría en contra de los pactos hechos en el TIPAT y el Tepec que fueron ratificados en 2018 y 2019, puesto que la firma de aquellas acuerdos se hizo con base en la reforma constitucional en materia energética de 2013.
Hay que mencionar que para que la reforma pase se necesita la aprobación de dos terceras partes del Congreso, así como la mayoría absoluta de las legislaturas, es decir, se requieren 333 votos en la Cámara de Diputados y 85 en la de Senadores, es lo que ahora está en debate.
A nivel internacional, la agencia calificadora Moody’s advirtió que esta iniciativa de reforma eléctrica, tiene implicaciones crediticias negativas para el sector energético mexicano, ya que disminuye la transparencia operativa, desalienta inversiones de privados para generación, frena las energías renovables y puede aumentar el costo de la energía.
De ser aprobada, también es probable que detone disputas legales internacionales y afecte la competitividad de las inversiones extranjeras.
¿Los más afectados? Toda la población en general, pero particularmente los más pobres. “La propuesta de reforma no solo crearía un mercado eléctrico más costoso, sino que aumentaría la necesidad de subsidios”, consideró Moody ‘s y está claro que la CFE produce energía a partir de combustibles fósiles, como el carbón y el combustóleo, que dañan el medio ambiente y son mucho más costosos, el incremento de precios lo pagará la población con menos recursos.
