Amílcar Olán Aparicio pasó de vender materiales para baños por miles de pesos a obtener contratos por más de 500 millones de pesos con gobiernos de la llamada Cuarta Transformación, de acuerdo con información publicada por El Universal.
El empresario tabasqueño es cercano a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien actualmente busca una diputación federal y a quien el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa.
En la Plataforma Nacional de Transparencia aparecen contratos millonarios de Romedic S.A. de C.V., empresa propiedad de Olán Aparicio. Entre ellos está un convenio firmado en julio de 2021 con la Secretaría de Salud por 5 millones 268 mil pesos para materiales, accesorios y suministros médicos.
También figura el contrato ISSETIDGIDA/0234/2020, mediante el cual el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco pagó más de un millón 65 mil pesos por materiales farmacéuticos, durante la administración estatal de Adán Augusto López Hernández.
Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad señaló que, entre 2020 y 2022, más de 490 millones de pesos de recursos federales del extinto Insabi terminaron en cuentas de Romedic.
Además, entre mayo de 2023 y mayo de 2026, el Consejo de la Judicatura Federal y posteriormente el Órgano de Administración Judicial pagaron a Olán Aparicio 18 millones 475 mil 894 pesos por la renta y el mantenimiento del edificio sede de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en Villahermosa.
El primer contrato federal identificado fue firmado el 25 de mayo de 2018 en Villahermosa, Tabasco, dos semanas antes de la elección presidencial en la que triunfó López Obrador. Ese convenio antecedió a otros acuerdos con la administración federal y con el gobierno de Tabasco, entonces encabezado por Adán Augusto López Hernández.
Por adjudicación directa, la entonces Corporación Mexicana de Investigación en Materiales (Comimsa), hoy Innova Bienestar y bajo responsabilidad de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, otorgó a Castel, empresa propiedad de Olán Aparicio, el contrato 42477 por 27 mil 642.86 pesos.
El acuerdo contempló la entrega de 10 piezas para sanitarios: cinco émbolos para fluxómetro de sensor electrónico, con un costo unitario de 922 pesos, y cinco sensores para fluxómetros electrónicos, con un precio unitario de 3 mil 843 pesos.
El contrato establecía que la empresa debía entregar los bienes y servicios pactados y sujetarse a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como a su reglamento y, en su caso, a la legislación de obras públicas.
En el contrato de arrendamiento del inmueble judicial, el empresario declaró ser propietario de dos inmuebles y acreditó sus facultades para rentarlos mediante testimonios notariales formalizados ante la Notaría Pública número 27, cuya titularidad corresponde a Adán Augusto López Hernández.
Los documentos contienen datos testados, entre ellos el Registro Federal de Contribuyentes, el domicilio, el teléfono y la cuenta bancaria de la empresa. Comimsa justificó la reserva al señalar que se trataba de datos personales y que no tenía certeza de que el domicilio y el número telefónico correspondieran exclusivamente al negocio.
