Gloria Molina Gamboa, exsecretaria de Salud de Tamaulipas, afirmó que el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca le ordenó adjudicar contratos a empresas vinculadas con Sergio Carmona, conocido como el “Rey del Huachicol”.
La exfuncionaria difundió un video en el que aseguró haber recibido instrucciones directas del exmandatario, por medio de la Subsecretaría de Administración y Finanzas, para asignar contratos a Grupo Industrial Permart y Grupo Industrial Joser.
Según Molina Gamboa, las adjudicaciones respondían a “compromisos económicos y políticos”. También sostuvo que ambas compañías estaban relacionadas con Sergio Carmona, quien administraba sus negocios junto con su hermano, Julio Carmona.
Los contratos correspondían a obras de mantenimiento y equipamiento de clínicas de la Secretaría de Salud. Fueron asignados entre 2017 y 2019 por un monto aproximado de 336 millones de pesos, de acuerdo con información difundida por el portal Sin Embargo.
Denuncias presentadas ante la Fiscalía estatal por la actual Secretaría de Salud, consultadas por El País, señalan que los contratos fueron otorgados directamente y sin concurso. En algunos procedimientos, Permart y Joser presuntamente participaron como competidoras entre sí, una práctica señalada como ilegal.
La administración de Américo Villarreal, sucesor de Cabeza de Vaca en el gobierno de Tamaulipas, presentó denuncias contra el exgobernador, Molina Gamboa y otros exfuncionarios estatales por estos hechos.
Molina Gamboa afirmó que, desde el inicio de su gestión, Cabeza de Vaca le indicó que ella se encargaría de los asuntos técnicos y operativos, mientras él tendría bajo su control la proveeduría y los contratos con interés económico o político.
La exsecretaria pidió investigar toda la cadena de mando y sostuvo que la responsabilidad no debía concentrarse únicamente en funcionarios subordinados.
Cabeza de Vaca respondió que Molina Gamboa fue presionada y amenazada por funcionarios del gobierno de Villarreal para incriminarlo. El exmandatario, quien se encuentra en Estados Unidos, aseguró que sus abogados estuvieron disponibles para asesorarla y calificó el caso como una operación en su contra.
El panista reconoció que durante su administración se asignaron contratos a Carmona, pero argumentó que las obras fueron realizadas y que eso no constituía por sí mismo una irregularidad.
También acusó a gobiernos de Morena de mantener vínculos políticos con el empresario, quien fue asesinado hace cinco años en Nuevo León y estaba relacionado con el contrabando de combustible desde Estados Unidos.
