Javier Arias Casas
Desde la fundamentación de los derechos humanos en México con la reforma de 2011, el país venía avanzado en el reconocimiento y garantía de una buena parte de los mismos, fortaleciendo las instituciones encargadas de su protección y promoción.
Sin embargo, es importante puntualizar un fenómeno que, si bien no es exclusivo de algún país en concreto, si es en los países latinoamericanos donde ha tenido mayor impacto, de los cuales por supuesto México es el ejemplo más crítico.
La teoría jurídica nos indica que junto al ejercicio de cualquier derecho el mismo se acompaña de una obligación, en el caso de los derechos humanos, su concepción y fundamento trasladó en su origen estos deberes u obligaciones a los Estados, dejando a la población la parte del disfrute del ejercicio del derecho.
Bajo esta concepción ius naturalista y ius positivista, han sido grandes los avances en el reconocimiento constitucional de los diversos derechos humanos en pro de la dignidad humana, todos ellos a costa del Estado, con excepción del derecho a la no discriminación que abarca a autoridades y particulares.
No obstante, bajo una tendencia post neoliberal y en un contexto de pandemia; de manera sigilosa se desvanecen las obligaciones del Estado y se trasladan a la propia ciudadanía, a las personas. A nivel mundial el discurso y campaña del “quédate en casa”, representa un traslado de la responsabilidad de las autoridades para el combate al Covid a los individuos, más allá de un mecanismo de prevención y cooperación por parte de los gobernados en la construcción de una estrategia común de combate al SARS-Cov2.
El traslado de esta responsabilidad a la gente por parte de los Estados, les ha quitado presión social y hasta cierto punto, la obligación de la defensa, protección y garantía del derecho a la salud y la vida de su comunidad. Esta mudanza de los “deberes humanos” hacia las personas viene acompañado de una presencia exponencial del mercado de la salud, a costa de los gobernados,
Laissez faire, laissez passer (dejar hacer, dejar pasar), vuelve a tomar vigencia por parte de los gobiernos de los Estados, particularmente de México que mantiene los más altos niveles de pérdidas humanas a consecuencia de la pandemia, quien al trasladar la responsabilidad del cuidado de la salud hacia sus gobernados, omite cumplir con sus obligaciones de promover y fortalecer los servicios de salud pública, el acceso pronto a la vacuna, así como al tratamiento médico respectivo para el tratamiento del Covid-19.
Hoy ya no solo se trata de un Estado débil frente a la autorregulación de los mercados, estamos ante un Estado débil frente a la garantía y protección de los derechos humanos; frente a ello, corresponde a los propios individuos el ejercicio de los “deberes humanos” tanto para garantizar sus propios derechos como los de los demás.
El riesgo de esta dinámica es grande, hace presente y exponencial la polarización social para un enfrentamiento entre particulares sobre el ¿cómo y qué derechos humanos deben prevalecer?, un marcado individualismo y la posibilidad de un estallido social sobre el cual, no habrá recursos ni poderes suficientes para su resolución.
