Demandan a México en la CorteIDH: El caso de Ernestina Ascencio

La familia de Ernestina Ascencio Rosario, una mujer indígena que murió en 2007 tras ser víctima de violencia sexual y tortura, ha solicitado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) una condena contra el Estado mexicano.

La audiencia, celebrada este jueves, se centra en la responsabilidad del gobierno por los hechos ocurridos en la comunidad de Tetlalzinga, Veracruz.

Durante la audiencia, la representante de la familia, Carmen Herrera, expuso que las pruebas presentadas deben llevar a la Corte a concluir que el Estado es responsable de la violencia sexual y tortura perpetradas por miembros del Ejército mexicano.

Ascencio fue encontrada en estado crítico por su hija después de haber salido a pastorear. A pesar de su grave condición, fue rechazada en cinco centros médicos antes de fallecer por falta de atención adecuada.

“Las autoridades estatales ignoraron el testimonio del ataque sexual y desestimaron evidencia clave”, afirmó Herrera, quien también destacó que la investigación fue desviada y archivada indebidamente, lo que ha dejado a la familia sin justicia durante años.

El caso ha permanecido en la impunidad, lo que ha llevado a los representantes legales a solicitar una sentencia «contundente» que incluya medidas de no repetición y reparación para la familia. Además, piden que se realice una investigación seria e imparcial que identifique a los responsables mediante perfiles genéticos.

En respuesta, el Estado mexicano reconoció parcialmente su responsabilidad. Jennifer Feller, directora general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, admitió que no se cumplieron las obligaciones estatales para garantizar los derechos a la vida y salud de Ascencio.

“Hubo falta de acceso a servicios médicos oportunos y las autoridades judiciales no realizaron una investigación adecuada”, declaró Feller.

La CorteIDH ahora tiene un mes para recibir alegatos finales por escrito antes de emitir su sentencia. Este caso no solo representa un intento por parte de la familia Ascencio de buscar justicia, sino también un paso crucial en la defensa de los derechos humanos para las mujeres indígenas en México.

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