Eduardo Sadot
Un nuevo descarrilamiento del Tren Interoceánico obliga a revisar, con absoluta transparencia, las condiciones de seguridad de una de las obras estratégicas del régimen. Las grandes inversiones públicas no se legitiman sólo por su utilidad o su costo, sino por la certeza de que protegen la vida de quienes las utilizan. Cuando ocurre un accidente, la sociedad tiene derecho a conocer la verdad, exigir responsabilidades y verificar que no existan privilegios ni conflictos de interés.
El nuevo incidente ocurrido en Oaxaca no puede minimizarse diciendo simplemente que los vagones “se movieron”. Después del accidente registrado en diciembre de 2025, cualquier salida de vía en el mismo tramo exige una investigación técnica independiente, transparencia absoluta y la determinación de responsabilidades. La seguridad es el principal indicador del éxito de una obra pública.
El descarrilamiento de diciembre de 2025 dejó catorce personas fallecidas y más de cien lesionadas. La Fiscalía General de la República concluyó, que la causa principal fue el exceso de velocidad, además de diversas irregularidades operativas.
Apenas siete meses después, otro descarrilamiento en el mismo tramo vuelve a plantear una pregunta inevitable: ¿qué cambió realmente después de aquella tragedia? La intervención de un hijo del presidente, según declaración del mismo “obrador” honrando el discurso de honestidad debiera – siendo honestos – obligar a absoluta transparencia, no hacerlo eleva las sospechas de corrupción y encubrimiento, que ahora por segunda vez, fortalece la sospecha de corrupción y complicidad.
Su padre – en su momento – para justificar el cuantioso sueldo de su cachorro, dijo que era por asesoría, si no mintió y sí asesoró y chocó, malo, si mintió para justificar el sueldo, dónde quedó el “no mentir, no robar, no traicionar” acaso retoman el argumento de “Ebrard” de “qué no hace un padre por su hijo” en cualquier caso ya es momento de tener los pantaloncitos bien puestos para reconocer errores, pero los muertos no reviven con declaraciones.
La historia mexicana ofrece un contraste. Margarito Ramírez, entonces director general de Ferrocarriles Nacionales de México y años más tarde gobernador de Quintana Roo, presentó su renuncia tras el choque de trenes ocurrido el 2 de enero de 1944 entre las estaciones Endó y Carrasco, donde murieron seis personas y veinte resultaron heridas. El conflicto ferroviario se agravó y el 18 de febrero dejó el cargo. Más allá de las causas técnicas del accidente, entendió que dirigir una institución también implica asumir la responsabilidad política de lo ocurrido.
Muy distinta fue la reacción tras el colapso de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, el 3 de mayo de 2021, donde murieron veintiséis personas y más de cien personas resultaron lesionadas. Días antes, al ser cuestionada por la ausencia de un subdirector de mantenimiento, la entonces directora del Metro, Florencia Serranía Soto, respondió que esa responsabilidad recaía en ella misma. Después vino la tragedia. Sin embargo, no hubo renuncia inmediata ni una responsabilidad política acorde con la magnitud de los hechos. La cercanía con el poder terminó pesando más que el deber de rendir cuentas.
La historia del Metro ya había conocido otra tragedia. El 20 de octubre de 1975, un choque de trenes en la estación Viaducto de la Línea 2 dejó treinta y una personas fallecidas y más de setenta lesionadas. A partir de ese accidente se incorporaron sistemas automáticos de protección y frenado para evitar que una tragedia semejante volviera a repetirse.
Los accidentes pueden tener causas técnicas o humanas; la impunidad, no. Un gobierno demuestra su seriedad no cuando inaugura grandes obras, sino cuando garantiza su seguridad, investiga con transparencia cada tragedia y sanciona a quienes incumplen su deber. Las víctimas merecen verdad, justicia y la certeza de que su muerte no quedará sepultada bajo el peso del poder.
Eduardo Sadot
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