Para Contar
Arturo Zárate Vite
Hay juzgadores que se preguntan ¿por qué la imputación de que el poder judicial está podrido?
Seguro que quienes se hacen la pregunta se significan por su imparcialidad y honestidad, imparten justicia y no responden a consignas. Por eso en cierta medida están sorprendidos del proceso para renovar el sistema, mandatado por el voto popular.
¿Dónde está los juzgadores corruptos? es otra de sus preguntas que se hacen, porque no ven las pruebas de los que acusan.
De entrada, hay que decir que el pueblo no hubiera tomado esa decisión en las pasadas elecciones si hubiera advertido una situación diferente, una real impartición de justicia.
No es gratuito que se diga que hay inocentes encerrados y que muchos otros que debieran estar tras las rejas, están libres.
Hay desconfianza en el poder judicial.
Es lo que explica que quienes tienen recursos, políticos o empresarios, prefieran irse del país a meterse en el terreno judicial para tratar de aclarar alguna acusación. Saben que no hay garantías de un proceso imparcial y temen que sean encerrados a la mala, con pruebas o sin pruebas, para satisfacer venganzas o el cobro de cuentas pendientes.
Como dicen los abogados, suponiendo sin conceder que las acusaciones fueran ciertas, tampoco estaría garantizado un juicio justo.
Por eso Marcelo Ebrard, quien ahora despacha como secretario de Economía, cuando se enteró que en el gobierno de Enrique Peña Nieto lo querían encarcelar porque lo creían responsable de la filtración periodística sobre la “Casa Blanca” de quien entonces era la esposa del presidente, se fue con toda su familia al extranjero, a Francia. Es historia que relata el propio Marcelo en su más reciente libro “El Camino de México”.
En contraste, Rosario Robles acusada de lo que llamaron “La Estafa Maestra”, convencida de su inocencia, dio la cara, se presentó ante la autoridad judicial y fue encarcelada. La extitular de la Sedatu y Sedesol estuvo tres años presa.
Ricardo Anaya, ahora senador, ex candidato presidencial, también optó por irse de México cuando percibió que pretendían detenerlo por el caso de “Los Moches”, las comisiones indebidas que presuntamente recibieron legisladores. Regresó al país hasta que tuvo la certeza de que no peligraba su libertad y de que alcanzaría fuero como senador.
Incluso, en entrevista, cuestionado sobre su “huida” y porqué no se quedó a enfrentar la justicia, su respuesta inmediata fue: “no soy ingenuo”.
Tomás Zerón (acusado de tortura en el caso de los normalistas de Ayotzinapa) y Andrés Roemer (acusado de acoso y abuso sexual) están en Israel para evadir la extradición.
De haberse quedado en México, tampoco nadie del poder judicial podría haberles garantizado un juicio justo.
El empresario Miguel Alemán Magnani, quien tiene doble nacionalidad mexicano-francesa, reside en París desde donde trata de aclarar que no hay nada irregular en el manejo de la empresa Interjet.
Todos estos son ejemplos de la desconfianza en la impartición de justicia en México. Los que pueden, los que tienen dinero, mejor se van a otro país y desde el extranjero defenderse o esperar a que cambien las condiciones como sucedió con el caso de Ricardo Anaya.
La desgracia es para los que no tienen recursos, no les queda otra que enfrentar al poder judicial. Sufrir las consecuencias, sin pretender generalizar, por cuestionables y parciales resoluciones de malos juzgadores.
¿Y dónde están los juzgadores corruptos?
El poder judicial cuenta con el Consejo de la Judicatura para vigilar el desempeño de los juzgadores. Evidentemente no ha cumplido. A este órgano no lo distingue su acción contra quienes se apartan de la ética y la ley.
Con la reforma judicial habrá un tribunal disciplinario para llamar a cuentas y sancionar a los corruptos.
Por ahora, lo que hay es desconfianza en el poder judicial.
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