Redacción MX Político.- “Alguien que va huyendo no lleva sueños. Se van para poder sobrevivir. Este país ya es un desierto… nos toca llorar en silencio”. Son palabras de un tendero hondureño dichas el miércoles 15 al abogado Roger Pineda, miembro de una ONG.
Desde la terminal de autobuses de la norteña ciudad de San Pedro Sula, el martes 14 comenzaron a salir hacia Guatemala nutridos grupos de migrantes en una nueva “caravana de la desesperación”, como la han catalogado varios analistas y observadores.
Y la madrugada del miércoles 15 partieron nuevos grupos. Se calcula que salieron hacia los puntos fronterizos de Corinto y Agua Caliente unas mil personas, cifra que se habría duplicado en un día de marcha.
No le faltan razones al tendero. Tras un periodo de disminución en el número de asesinatos en el último lustro, 2019 vio un crecimiento alarmante de los mismos: 70 homicidios múltiples (con tres o más muertos en un solo evento) y 13 muertes violentas diarias. Y 2020 no se presenta más halagüeño. En los primeros seis días del año hubo 60 homicidios, un par de masacres, varios feminicidios y un auge de los suicidios.
Además el fenómeno de la extorsión, el “impuesto de guerra” que le imponen las pandillas (maras) y algunas bandas del crimen organizado a los comerciantes y transportistas de pasajeros y de carga, es un mal que ya puede considerarse endémico, dio a conocer Apro desde Tegucigalpa.
Aunque el gobierno le declaró la guerra a estos grupos, su accionar no ha disminuido. Crece. Para las pasadas fiestas de fin de año muchos extorsionados denunciaron que estos delincuentes les cobraron “aguinaldo” y ahora, iniciado 2020, han aparecido con otras modalidades para obtener dinero, como las “rifas” obligatorias.
Estos grupos sólo les cobran para permitirles seguir vivos, manifiestan muchas de las víctimas. Además, a cada comerciante o transportista lo extorsionan varios grupos, no sólo uno.
La mayoría de los analistas y observadores de este problema sospechan, aunque no se atrevan a asegurarlo, que en este delito habría policías coludidos, pese a la tan publicitada depuración policial, e incluso señalan a políticos y empresarios.
Por otro lado la situación económica no ha variado sustancialmente. Persisten los altos niveles de desocupación, subempleo y empleo precario y temporal, con salarios deprimidos que, en la mayoría de los casos, no alcanzan ni siquiera el salario mínimo.
Todo ello ha generado en los últimos años un notable crecimiento en el fenómeno migratorio, que está presente en la vida hondureña desde hace décadas.
En octubre de 2018, cuando partió la primera caravana desde San Pedro Sula, segunda ciudad del país y sede de la mayor parte de la industria local, mayoritariamente bajo la modalidad de maquilas, empezó esa nueva forma de migrar. Las justificaciones eran razonables: en grupos grandes el viaje era más seguro, se estaba menos a merced de los delincuentes y se obtenía ayuda desde instancias no gubernamentales nacionales a internacionales, debido a lo llamativo del fenómeno.
Eso varió a mediados de 2019 debido a los numerosos problemas generados en los países en tránsito, principalmente Guatemala y México, y a las medidas adoptadas por sus gobiernos.
Aun así, México seguía siendo un lugar promisorio, como paso hacia el norte o como destino final, especialmente desde que Andrés Manuel López Obrador llegó a la Presidencia y prometió visas especiales, trabajo y seguridad.
El espejismo duró poco: Hubo acuerdos que Trump obligó a firmar a los gobiernos del área: México primero y los del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) casi inmediatamente. Con los llamados “acuerdos de tercer país seguro”, estos gobiernos se comprometieron a mantener en sus territorios a los migrantes de otras naciones, que pretendieran solicitar asilo en Estados Unidos.
Mucho se ha escrito sobre estos acuerdos: se considera que son una rendición incondicional de los gobiernos del área, especialmente en el Triángulo Norte, ante los deseos del inquilino de la Casa Blanca.
Si caben dudas, algunos datos dan la pauta de ello. En principio hay que mencionar que los textos de esos convenios no han sido traducidos al español ni se han dado a conocer públicamente.
Algunos de sus puntos generan controversia. En el caso de Honduras, por ejemplo, existe el “Acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos de América y el gobierno de la República de Honduras para la cooperación en el examen de las reclamaciones de protección”, en el que en 10 puntos se establecen las obligaciones de las partes, aunque más correcto sería decir que se obliga al país centroamericano a recibir migrantes que sean referidos por Washington.
Asimismo se indica que Honduras no podrá devolverlos ni removerlos hasta que sus casos de asilo sean resueltos por las autoridades federales estadunidenses.
Si esto parece abusivo, el décimo punto es lapidario: Honduras no podrá discutir ni negar ninguna de las decisiones del gobierno estadunidense.
El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, necesita del apoyo de Washington pues es impopular en su país y tiene un Partido Nacional dividido.
En la mayoría del gobierno hondureño impera el silencio. Sólo la vicecanciller Nelly Jerez se ha expresado para recordarles a los caravaneros los peligros del camino y las casi nulas posibilidades de llegar a Estados Unidos.
Además puso el énfasis en la situación de los menores de edad: “Si usted en este caso viaja con un niño que no es su hijo y no va con su respectiva documentación, definitivamente va a tener problemas legales correspondientes, según la frontera nuestra o la de los demás países”.
Por su parte, autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) revelaron que sus propios monitoreos contabilizan 547 ciudadanos hondureños que han hecho su trámite migratorio correcto en los dos puntos fronterizos con Guatemala hacia donde se han dirigido los caravaneros. Y 173 han sido retenidos por no llevar documentación.
jvg
