La deuda financiera del país es enorme. No obstante, la deuda moral es muy superior. Particularmente la deuda es política, social e histórica con el pueblo de México. Me refiero en concreto al adeudo generado en perjuicio de México, a partir del homicidio de Luis Donaldo Colosio. Y a sus dos grandes deudores: Carlos Salinas de Gortari y AMLO. Si bien, la naturaleza del adeudo es diferente para cada uno.
El homicidio de Colosio fue la piedra angular en que se fundó la llamada y fallida transición democrática mexicana. Es natural que dicho proceso fracasara. De hecho nunca tuvo posibilidades de ser algo bueno para México, toda vez que este cuarto de siglo, por todos sus beneficiarios, igualmente fundaron su crecimiento económico y político personal y gremial, en su crimen… Crimen en contra el hombre que se atrevió a retar al sistema en su conjunto. Que lo retó al señalar con todas sus letras el “México de hambre” que vio -que vimos y que era mucho más rico que el que ha crecido geométricamente, convirtiéndonos en un país mucho más injusto que el que señaló.
Hoy, 25 años después, con claridad vemos que lo que él combatió y que le costó la vida, simultáneamente, su asesinato permitió a sus asesinos y/o beneficiarios, acceder a posiciones políticas que de otra manera, con Colosio no hubieran alcanzado o mantenido (como Zedillo, que ascendió apoyado en el grupo mexiquense, por ejemplo), acaso habían perdido ya el poder en que se sostenían (y que su muerte les permitió conservar sus canonjías, incluso superarlas, como a los caciques cetemistas y a los Atlacomulco, especialmente a los Hank y a Raul, el hermano incómodo).
Pero no sólo eso: Las políticas que Colosio encabezó, como las relativas a la democracia participativa (explorando formas de democracia directa), de visión de Estado, como los desarrollos social y regional, la sustancia integradora de proyectos y facciones a su propio proyecto político, que le permitió sumar lo mismo, mayorías políticas y parlamentarias, que la mayoría social.
Ese modo “democrático” de hacer política, de dar alternativas al sistema de representación, entonces ya en crisis -que ahora reventó- y de conducirse y que pese a que cada 23 de marzo, toda la clase política reitera llevar adelante su ideario, fueron extirpadas del quehacer político nacional.
No debe entrañarnos hoy, que tenemos un gobierno emanado de una población política que se quiso enterrar con Luis Donaldo.
Los equilibrios históricos, los justos como los injustos, en el océano de la obra humana, hacen que la verdad, como el muerto, flote, y aunque no sea el vivo, el testigo inerte sugiere de los cabos sueltos (“La verdad siempre nos alcanza”).
El enorme saldo electoral del 2018, sugiere del memorioso pueblo mexicano, saldar también la cuenta perdida del 94 en favor de Luis Donaldo y del pueblo mexicano.
Con él, efectivamente, el país habría vivido un proceso de dignificación en todo sentido y habríamos anticipado el presente un cuarto de siglo: En la economía, el hombre (no el capital) sería y debe ser el centro. La política tributaria, estaría empeñada en abatir la pobreza mejorando la justicia distributiva y los servicios sociales de los que carece el 70% de los mexicanos. El Estado sería más atrevido en la promoción, incluso con la intervención para el fomento y la realización efectiva de los propósitos particulares y sociales.
Luis Donaldo, ente típico de la sociedad civil (entonces incipiente), realizó acciones políticas e iniciativas legales en favor del posicionamiento de la ciudadanía, como fue la ciudadanización de los organismos electorales, con la creación de los consejeros ciudadanos y la profesionalización del servicio electoral de carrera -herramientas democráticas pervertidas en el proceso parlamentario por los partidos hoy denostados.
Si hablamos de desarrollo regional en México, debemos referirnos a él, que ya en el 85 ensayaba, para una mejor integración del país, el mejor aprovechamiento de nuestros recursos, particularmente humanos y la mayor efectividad de la obra de gobierno en el esquema de 300 regiones (que de 30 estados).
Y la solvencia moral republicana y constitucional, que defendió por encima de cualquier otro valor, sin restar importancia a los indicadores de los estamentos financieros internacionales, pero él, con su propia postura nacional soberana.
El Presidente de la República tiene todo el respaldo popular para realizar los cambios exigidos desde hace décadas, en el pasado reciente, pero manifiestos asimismo, en la Constitución del 17, proclamas heredadas desde el siglo XIX y respaldadas popularmente en voz de Luis Donaldo, tal es el caso del fomento de la sociedad civil, en la que el Presidente, inexplicablemente desconfía (cuestión de verificar quién sí y quién no.
¿Tendrá la pericia técnica para realizarlos? El manejo político de buena parte de sus colaboradores sigue siendo cuestionada y yo mismo tendré que abordarlo en su momento. El reto principal radica en el compromiso y AM lo tiene. Otro factor es la supervivencia suya y del proyecto… El tema da para más…
MANDATO CONSTITUCIONAL E INDICADORES INTERNACIONALES. La crítica nacional e internacional acusa al Presidente López Obrador y a las medidas de su Administración de estar hundiendo al país, en virtud de los indicadores financieros (entre otras causas). Ciertamente las calificadoras abundan en sus señalamientos que disparan a la baja las expectativas de los inversionistas en el país.
No obstante, las críticas del Presidente al neoliberalismo reinante y empobrecedor de México los anteriores 35 años, que comparto, han fundado su reinado en las expectativas de los mismos indicadores financieros promovidos por las mismas calificadoras internacionales, mismas que han sostenido esos 35 años, el éxito de las políticas que han empobrecido a México. Alentando las políticas públicas neoliberales que han empobrecido al extremo a 70 millones de mexicanos y acabado con la clase media, exponiendo a la nación a una ingobernabilidad insostenible ¿Deberíamos seguir haciéndoles caso?
Y en buena medida, todo ello debido a la contradicción entre tales indicadores y el mandato constitucional que ha sido desconocido por la clase gobernante llegada por Miguel de la Madrid y sucesores.
Linaje interrumpido, deseablemente desterrado por Andrés Manuel. Y que sea en favor de la observancia de nuestro texto constitucional. Si por ello fuera, Sr. Presidente, ¡Tira “redsto”! -diría su ancestro galego.
FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS. RECORTE. El financiamiento público nació en México en 1986, con el Código Federal Electoral. Su propósito fue reducir la brecha entre partidos ricos y pobres, a fin de fortalecer la lucha ideológica y propósito a, evitar los desequilibrios generados por el financiamiento privado que es profundamente inequitativo, además de ser a menudo de origen inescrutable. En aquel México era evidente que había un Partido preferido por los grandes industriales del país.
Hoy en día, las disposiciones de aquella codificación son más que oportunas, aunque ya no vigentes, toda vez que el crecimiento geométrico de la narcoeconomía -paralelo al seudodesarrollo de la transición democrática mexicana-, hacen aun más sospechoso el origen de los recursos privados en el juego electoral, de lo que dan abundante cuenta las décadas anteriores, no se diga los cinco centenares de candidatos asesinados en el proceso de julio pasado -por más que la administración federal anterior haya sellado el proceso, de “saldo blanco”.
Es sano recordar que el 2012 se promulgó la Ley Federal de lavado de dinero y contra el financiamiento de actividades terroristas, que más allá de su inaplicabilidad, pese a ser un compromiso mexicano -en Basilea, si mal no recuerdo-, mucho menos explora el financiamiento irregular a los partidos políticos, con la anuencia de las instituciones reguladoras de operaciones bancarias y de las mismas instituciones de crédito (¡Qué nuevas!).
En aquel 1986, la panacea de la representación política era la proporcionalidad: Así, la reforma del CFE que aumentó el número de integrantes de la Cámara de Diputados de 400 a 500, tuvo una razón de fondo, que la representación en México correspondiera en =proporción= exacta el número de curules (asientos de cada diputado) de cada partido a la proporción de votos obtenidos. Así, el 88 el PRI obtuvo el 50.25 de votos en la elección para diputados y le fueron asignados 252 curules (aproximadamente). Ese criterio pareció entonces lo más justo y asi lo reflexionaron los creadores diseñadores juristas electorales en México, concentrados en la Comisión Federal Electoral (hoy INE) y la Secretaría de Gobernación, entre los que destacó mi amigo y maestro, Amador Rodriguez Lozano. Como excepción a juristas, debo mencionar al también amigo, Ing. Diódoro Guerra Guerra, quien destacó su labor relativa en materia de tiempos de radio y televisión de los partidos políticos, otra de las grandes aportaciones del CFE.
Cabe agregar que el aumento a 500, de la integración de la Cámara de Diputados, tuvo una razón aritmética, pues para poder alcanzar una representación proporcional exacta, es preciso el número de 500, por ello afirmo que es absurdo pretender sostener la representación proporcional en México y a la vez, reducir el número de integrantes de la Cámara, dicho sea de paso.
Así, tanto la integración de los organismos electorales, como los tiempos en radio y tv, así mismo del financiamiento público a los pp fue en proporción a la votación nacional obtenida en la elección anterior.
En 1991, una de las magníficas aportaciones a la democracia mexicana del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, entre las muchas reformas semánticas cuestionables, fue la integrada por Beltrones, a la sazón, subsecretario de Gobernación, que, al reformar el CFE, cambió el criterio de integración de los organismos electorales, haciéndolos paritarios. Así, el PRI, que en el proceso federal electoral 1987-88, por su votación de 1985, tuvo una muy amplia mayoría de representantes en todos los organismos electorales (comités distritales, comisiones locales y comisión federal), superior en votos a la suma de todos los votos de la oposición en su conjunto… Y que hay que señalarlo, en la comisión federal, presidida por Bartlett, todos los acuerdos fueron tomados por consenso -excepto uno-, en los Estados, los comités distritales y las comisiones locales, el mayoriteo priista estuvo a la orden del día.
Ello trajo como consecuencia, que pese a tal cantidad de distintas instancias de revisión en el proceso electoral, no se legitimara la elección, toda vez que al tener la misma representación e integración, se repetían y confirmaban las resoluciones -sin interlocución.
Por ello, la integración paritaria, un representante de cada partido, garantiza un ejercicio reflexivo que hasta ahora parece ser el método de decisión que legitima por excelencia en cualquier materia.
Sin embargo, este criterio no se modificó en la asignación del financiamiento público (!). Insisto, el financiamiento tiene como propósito fundamental (según el espíritu del legislador) hacer más justa la competencia electoral, equilibrando la disparidad entre partidos ricos y pobres.
UNA VERDADERA COMPETENCIA ELECTORAL EN MÉXICO, ESTARÍA FUNDADA EN LA NO ACEPTACIÓN DEL FINANCIAMIENTO PRIVADO Y EN EL REPARTO DEL FONDO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO POR PARTES IGUALES A LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y QUE SEAN SUS IDEAS, A PARTIR DE SUS PROPUESTAS, LAS QUE DEFINAN LAS PREFERENCIAS DEL PUEBLO POLÍTICO (como se le llama doctrinariamente, a la parte del padrón electoral que vota efectivamente.
A colación con la reciente reforma que reduce la asignación a los partidos: ¿Queremos democracia, Sr. Presidente?
