Una reciente nota pubicada, el sábado 5 de julio, por el periódico Reforma, titulada “Tienen en el IMSS sus años contados”, señaló que a esta institución sólo le quedaban ocho años de solvencia financiera para afrontar sus gastos operativos y programados, lo que desató una controversia sobre el futuro del sistema de salud en México.
De acuerdo con el Informe sobre la Situación Financiera y los Riegos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 2024 – 2025, entregado al Congreso el pasado jueves, la institución registrará un déficit financiero a partir de 2033.
El escenario de riesgo, presentado por el diario Reforma, incluye entre sus supuestos una reducción del tiempo promedio por año en el que los trabajadores cuentan con empleo formal, derivado de un entorno económico desfavorable; un aumento en la expectativa de vida de los pensionados y un incremento del personal contratado por el Instituto para atender a la población derechohabiente.
El diagnóstico – o su interpretación periodística – provocó la inmediata respuesta del director general del IMSS, Zoé Robledo, que calificó la nota de Reforma como falsa, alarmista y descontextualizada. El funcionario aclaró que el informe técnico fue malinterpretado y que lejos de anunciar un problema de solvencia, confirma la mejora sostenida en la salud financiera del organismo desde el inicio del actual sexenio.
El IMSS, afirmó Robledo, mantiene desde 2018 una tendencia sostenida de incremento en sus reservas financieras, lo que le ha permitido garantizar su viabilidad a largo plazo y fortalecer su capacidad para ampliar y reforzar los servicios de salud. En este sentido, destacó el crecimiento de las reservas técnicas, que pasaron de 200 mil millones de pesos en 2019 a 600 mil millones de pesos en la actualidad.
Respecto al Informe sobre la Situación Financiera y Riesgos 2024 – 2025, entregado al Congreso de la Unión – y que sirvió de fuente a la nota de Reforma -, Robledo señaló que el documento señala que IMSS cuenta con suficiencia financiera programada al menos hasta el año 2037, lo que otorga certidumbre respecto al futuro del organismo.
El documento no plantea un escenario de crisis – reiteró el funcionario -, sino que describe la manera en que el IMSS se prepara para enfrentar retos como el envejecimiento poblacional, el aumento de enfermedades crónicas y los desafíos globales de los sistemas de salud.
Sin embargo, la reciente controversia periodística, revivió una vieja discusión en torno al modelo de salud pública en México, donde varios sectores empresariales y grupos neoliberales no han ocultado su interés de impulsar esquemas de privatización parcial, externalización de servicios o modelos mixto, además de mantener una fuerte crítica al planteamiento que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador de crear un sistema de salud “mejor que el de Dinamarca”, una desafortunada frase que ha sido incorporada al al anecdoctario político de la picaresca mexicana.
En este sentido, organismos como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) han exigido desde hace varios años que los trabajadores puedan usar sus aportaciones en servicios privados o contratar seguros médicos externos, alegando ineficiencia del IMSS. Otras instituciones, como el IMCO y México Evalúa, si bien no promueven abiertamente la privatización, plantean esquemas de “libertad de elección”, subrogación de servicios y “competencia regulada”.
En el pasado reciente, los gobiernos neoliberales del PRI y el PAN, en los sexenios de Salinas, Fox y Calderón se impulsaron procesos de externalización de servicios, reducción de inversión pública y promoción de esquemas de seguros privados, como el Seguro Popular.
Más cercano que Dinamarca está como referencia el sistema de salud de Colombia, uno de los más estudiados en América Latina por su modelo de aseguramiento universal a través del sector público y privado. Ha sido elogiado por sus avances en cobertura, pero también ha sido objeto de fuertes críticas por su fragmentación, burocracia y desigualdades.
Basado en la Ley 100 de 1993, impulsada por el gobierno liberal de César Gaviria Trujillo, el sistema combina aseguradoras públicas y privadas (llamadas EPS – Entidades Promotoras de Salud) que administran los recursos y contratan servicios a prestadores (IPS – Instituciones Prestadoras de Salud).
Tiene una estructura mixta que combina dos regímenes: Uno contributivo para personas con capacidad de pago (trabajadores formales e independientes) y otro subsidiado para la población vulnerable sin ingresos suficientes, financiado por el Estado.
Ambos regímenes comparten un Plan de Beneficios en Salud (PBS) unificado. Su cobertura supera el 98 % de la población, lo cual es uno de los mayores logros del modelo y tiene una administración mixta que involucra al Estado (a través del Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud), aseguradoras privadas (EPS) y prestadores de servicios (IPS públicos y privados).
En 2023-2024, el gobierno de Gustavo Petro presentó una reforma profunda al sistema de salud para reducir el papel de las EPS y fortalecer la atención primaria y el control estatal. Esta reforma ha sido altamente controversial, generando enfrentamientos entre el Ejecutivo, sectores privados, gremios médicos y el Congreso. La reforma fue rechazada en el Congreso, pero el gobierno ha promovido cambios administrativos sin legislación, lo que mantiene el debate abierto y polarizado.
El caso colombiano sirve como ejemplo para mostrar que el debate en torno a los sistemas de salud no es algo nuevo ni exclusivo de México. Se ha presentado en Estados Unidos y en varios países europeos ante un futuro previsible donde las personas tienen una mayor esperanza de vida y los gobiernos menos dinero. RDM
