José Alberto Sánchez Nava
“La estabilidad financiera no debe ser el disfraz de la discrecionalidad; la transparencia es el verdadero pilar de la democracia.”
1.- Introducción
El reciente decreto que adiciona el artículo 12 C al Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria es más que una disposición técnica: representa una medida que otorga al Gobierno federal un control ampliado y discrecional sobre el manejo de recursos públicos. Aunque presentado como un esfuerzo por fortalecer la estabilidad financiera del país, en realidad abre un camino preocupante hacia la centralización del poder presupuestal y la opacidad en el gasto público.
2.-La falta de técnica legislativa y sus implicaciones
En un sistema democrático, las leyes y reglamentos deben diseñarse para garantizar transparencia, rendición de cuentas y una distribución equilibrada del poder entre los distintos órganos del Estado. Sin embargo, el artículo 12 C parece carecer de una técnica legislativa adecuada, dejando ambigüedades significativas que permiten al Ejecutivo actuar con poca o ninguna supervisión.
Por ejemplo, la disposición otorga a la Secretaría de Hacienda la facultad de realizar aportaciones al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) utilizando recursos de diversa índole, como economías presupuestarias, ahorros en la deuda pública o incluso la emisión de títulos de crédito. Aunque se mencionan ciertos límites, como respetar el techo de endeudamiento neto y el equilibrio presupuestario, no se especifican mecanismos claros para verificar su cumplimiento ni para informar de manera transparente sobre estas operaciones.
Esta ambigüedad permite que las decisiones sobre el manejo de recursos públicos queden prácticamente en manos del Ejecutivo, sin la necesidad de consultar al Congreso o de informar detalladamente a la ciudadanía. Además, al ser clasificados como definitivos, estos movimientos financieros quedan exentos de revisiones futuras que puedan cuestionar su pertinencia o legalidad.
3.-La discrecionalidad en el manejo de recursos públicos
El contexto político amplifica las preocupaciones sobre esta nueva disposición. Bajo la actual administración, proyectos como el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles han sido catalogados como de “seguridad nacional”. Esta clasificación no solo les otorga prioridad presupuestaria, sino que también los exime de los estándares de transparencia habituales.
La adición del artículo 12 C facilita aún más esta dinámica, al permitir que el Gobierno disponga de recursos de manera ágil y sin rendir cuentas. En lugar de promover un manejo responsable y estratégico del presupuesto, se fomenta una cultura de improvisación y centralización que deja de lado los principios de planeación y supervisión que deberían guiar las finanzas públicas.
4.-Impacto en la ciudadanía y el futuro del país
El alcance de esta medida va más allá de lo técnico: afecta directamente a la ciudadanía. Los recursos públicos son limitados, y su uso debe priorizar el bienestar social, la infraestructura básica y los servicios esenciales. Sin embargo, al concentrar el control en el Ejecutivo y al eximir ciertos proyectos de supervisión, se corre el riesgo de desviar fondos hacia iniciativas de dudoso beneficio público o, en el peor de los casos, hacia gastos que favorezcan intereses particulares o políticos.
Esta falta de control también compromete la capacidad del Estado para responder a crisis futuras, como desastres naturales o emergencias económicas. Si los recursos se manejan de manera indiscriminada, se debilitan los mecanismos de estabilización que deberían proteger al país de eventos imprevistos.
5.-Un llamado a la responsabilidad legislativa
El artículo 12 C ejemplifica cómo la falta de técnica legislativa puede tener consecuencias graves en la distribución del poder y el manejo de los recursos públicos. En lugar de fortalecer la institucionalidad, refuerza la discrecionalidad y perpetúa un modelo de gobierno basado en la concentración del poder.
Para garantizar un uso eficiente y transparente del presupuesto, es esencial que tanto los legisladores como la sociedad civil exijan ajustes a este tipo de disposiciones. Solo a través de un marco normativo claro y equilibrado se podrá asegurar que los recursos públicos cumplan su verdadera función: mejorar la vida de los ciudadanos y promover un desarrollo sostenible y equitativo.
